Este martes volvió a la calle en Paraná, como en otros puntos del país, el grito por Memoria, Verdad y Justicia. Por algunos aspectos fue una marcha atípica: otro recorrido para favorecer cierta distancia entre los manifestantes, no se leyó la lista completa de los detenidos-desaparecidos entrerrianos para no dilatar tanto la desconcentración y muchos tapabocas dando lugar a una foto que en otro contexto hubiera generado curiosidad e incertidumbre o podría haberse percibido como producto de una intervención artística.
Lo cierto es que más allá de todo eso, las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales volvieron a decir "Nunca Más" y a insistir con las reivindicaciones específicas en torno a la necesaria reparación desde lo judicial, la reconstrucción de la verdad histórica y al ejercicio de la memoria colectiva sobre los años del terror, sus causas y sus consecuencias.
A continuación reproducimos íntegramente el documento consensuado por las organizaciones y leído en Plaza Alvear.
Documento de la Multisectorial de Derechos Humanos Paraná
Hoy, como todos los 24 de marzo, volvemos a ocupar la calle para recordar a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Solo el año pasado estuvimos ausentes físicamente en esta fecha tan cara a nuestros sentimientos. La situación de pandemia, las disposiciones del Estado para hacerle frente al coronavirus y la necesidad de cuidarnos y sobre todo de proteger a las personas más vulnerables al virus, hicieron que buscáramos otras maneras de manifestarnos, distintas de la ocupación del espacio público con nuestros cuerpos y nuestras voces. Un año después, la situación está lejos de haber sido superada. Más de 54.000 compatriotas murieron y más de 2 millones 250 mil personas contrajeron la enfermedad. Además, la miseria que planificó y ejecutó el macrismo dejó expuesto a nuestro pueblo a la profundización de la pobreza y la indigencia cuando tuvimos que aislarnos para salvar vidas.
Pero hoy volvimos a marchar y volvimos a reunirnos en esta plaza. Lo hacemos con responsabilidad, sin dejar de protegernos y adoptando las medidas de cuidado que fuimos sosteniendo durante este año. Lo hacemos porque la calle es un territorio de disputa, de construcción política. En el año 2020 asistimos al particular fenómeno de sectores que han salido a ocuparla, bajo gran cobertura de los medios de comunicación hegemónicos. Son aquellos sectores que pregonan el “sálvese quien pueda”; que pretenden sostener sus privilegios de clase aun a costa de miles de vidas y embanderados desvergonzadamente bajo los símbolos patrios. Durante este tiempo la derecha avanzó en el espacio público con sus discursos y prácticas de odio, con el objetivo de atacar a un gobierno nacional y popular. Y para eso movilizó sus estructuras políticas, económicas, mediáticas y judiciales.
Por eso volvemos a marchar, porque ocupar la calle, del modo responsable en que hoy lo hacemos, también es una acción política con sentido solidario. Es una necesaria manifestación de que el movimiento de derechos humanos, los movimientos sindicales, universitarios y políticos del campo popular, apoyamos las decisiones que cuidan la vida, reclamamos la profundización de un modelo económico de lucha contra la pobreza y rechazamos que la crisis la paguen los más vulnerables. No disputar la calle con nuestras consignas es seguir relegando nuestro lugar histórico de lucha al programa de la derecha, que busca más exclusión y más muerte. Por eso marchamos.
Porque a 45 años años del Golpe de Estado, Cívico, Militar, Eclesiástico y Patriarcal, levantamos nuestra voz para decir Nunca Más al Terrorismo de Estado, a las políticas neoliberales y a los golpes de Estados en los países hermanos de América Latina. Estamos en la calle para homenajear a nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, a nuestros muertos y muertas y a los compañeros y compañeras sobrevivientes de la dictadura genocida. Seguimos en las calles, de donde nunca nos fuimos, porque creemos que a través de la voz colectiva se conquistan los derechos del pueblo y se defienden esas conquistas. Levantamos bien alto la voz porque nunca dejaremos de luchar por la memoria, la verdad y la justicia.
Han pasado 45 años desde el nefasto Golpe de Estado del 24 de Marzo 1976 que instauró en nuestro país el más terrible plan sistemático de exterminio que haya sufrido el pueblo argentino. El secuestro, la tortura y la desaparición forzada fue el modus operandi que implementaron los genocidas para eliminar a una generación de militantes que luchaban por una sociedad más justa e igualitaria: nuestros asesinados y desaparecidos.
Pero aquella terrible Dictadura no fue ejecutada solamente por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También fueron parte necesaria del genocidio, la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y los grandes medios de comunicación, que en conjunto respondían a un programa de dominación neocolonial en el Cono Sur, el Plan Cóndor; diseñado por el imperialismo norteamericano.
Y hoy como ayer nuestro continente, el más desigual del planeta, es un territorio en disputa. Sigue vigente el plan neocolonial de dominación imperial y de extracción de nuestros bienes naturales, pero también persiste la férrea voluntad de los pueblos latinoamericanos de construir una Patria Grande, con soberanía política, territorial y económica. En varios países atravesamos un proceso de reconstrucción que inevitablemente debe tender a reforzar la unidad latinoamericana, replanteando el espacio político-cultural y una integración regional que nos permita rediseñar nuestra política internacional, para lograr la anhelada y definitiva independencia.
Reafirmamos, por ello, en vísperas de cumplirse el 39° aniversario de la Guerra de Malvinas, nuestro reclamo histórico por la soberanía sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, ocupadas por el imperialismo inglés. No permitiremos el olvido de nuestros soldados caídos, ni de los crímenes de lesa humanidad cometidos por un sector de la oficialidad contra los soldados durante el conflicto. Ha sido un avance la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Islas Malvinas, Georgias del sur y Sandwich del sur y espacios marítimos correspondientes, como así también la intención de avanzar con la demarcación del límite exterior de la plataforma continental Argentina.
Repudiamos enérgicamente el documento publicado por el Primer Ministro inglés, Boris Johnson, en el que ratifica la vocación colonialista del Reino Unido, estableciendo una “presencia militar permanente” en las islas como supuesta estrategia defensiva, aunque ello no sea más que una excusa para sostener la ocupación ilegal de nuestras islas, desoyendo la vocación de diálogo que reclaman las Naciones Unidas.
Exigimos que se garantice, mediante acciones públicas concretas, el ejercicio efectivo de la soberanía sobre los espacios marítimos de jurisdicción nacional, los bienes naturales con los que cuenta y la biodiversidad que hoy está siendo saqueada por un sinnúmero de buques pesqueros extranjeros, muchos de los cuales cuentan con permisos otorgados por el ilegítimo gobierno inglés en las islas.
Sostenemos la urgente necesidad de establecer los mecanismos que concreten la operación y control pleno de la hidrovía Paraná-Paraguay y sus puertos por parte del Estado nacional y los estados ribereños, hidrovía por la cual circula el 70% de las exportaciones nacionales y que en la actualidad es administrado por un puñado de empresas transnacionales. Resulta imperioso que el Estado argentino recupere la administración del comercio exterior y una flota mercante de bandera que nos permita lograr mayor soberanía económica y política .
Asimismo, también debemos advertir sobre una de las nuevas estrategias de dominación del poder imperial en la región: el Lawfare. Un método llevado a cabo mediante la articulación de los medios de comunicación hegemónicos, sectores del poder judicial y servicios de inteligencia para atacar y destruir a opositores políticos, que ha deteriorado gravemente el estado de derecho en toda américa latina.
Por eso apoyamos los proyectos de Reforma del Poder Judicial, porque los consideramos no solo necesarios sino urgentes para nuestro sistema democrático. El contexto institucional entre el lawfare y los femicidios, con participación o desidia policial y judicial, hace que esta reforma sea parte de los reclamos y reivindicaciones más fuertes que hacemos en este 24 de marzo. Y lo decimos claramente: el Poder Judicial es aristocrático, clasista y patriarcal. Sus estructuras mafiosas se descomponen dia a dia ante la mayoría de la sociedad que descree, como nunca antes en la historia, del servicio de justicia en la Argentina.
El pacto mafioso que implicó durante décadas la utilización de los servicios de inteligencia para la “gestión” de lo judicial es el que debe terminar. Ese mismo pacto que sostiene a funcionarios y magistrados vinculados con el espionaje ilegal a políticos, dirigentes y periodistas. Por ello la decisión de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia y la prohibición de que sus agentes participaran en temas judiciales fue un primer paso, pero debe producirse una reforma integral del sistema de administración de justicia para que nuestra democracia no sea una mera formalidad.
Reforma judicial es acceso a derechos, es la lucha por la ampliación de derechos, el control y la transparencia del poder, la investigación del financiamiento ilegal de la política, el acceso a la información. Hoy la administración de justicia no nos permite pelear por esos derechos porque los ahoga en sus laberintos, en sus papeles, en su lenguaje superficial y antiguo, porque otorga y promete impunidad a los poderosos. Necesitamos construir definitivamente un Nunca Más a los sótanos de la democracia y que el Poder Judicial de una vez por todas sea un verdadero sinónimo de Justicia.
En este 2021 nos encontramos reconstruyendo un país devastado. En primer lugar, por el programa de miseria planificada ejecutado durante 4 años por la Alianza Cambiemos, que contó con el apoyo de las grandes corporaciones económicas, mediáticas y judiciales, conducidas por el imperialismo norteamericano. Este es el mismo proyecto de país que se implementó en el ‘55 y en el ‘76 y que ha sumido en la pobreza, la desocupación y la miseria a millones de argentinas y argentinos. Este programa de las corporaciones y la oligarquía terrateniente fue derrotado por el pueblo argentino en 2019 pero dejó consecuencias profundas en la sociedad y en la economía.
Desde el año pasado nos toca enfrentar una pandemia mundial con un sistema nacional de salud desmantelado por 4 años de políticas de vaciamiento y desatención. Esos mismos sectores son los que hoy promocionan la venta de vacunas en farmacias, su comercialización privada para quienes puedan comprarla e inclusive el acceso al mercado internacional por instancias ajenas al Estado Nacional.
Luchamos por un sistema de salud integrado con acceso popular y democrático. Por la profundización del plan de vacunación, con distribución equitativa de las vacunas. Hoy estamos acá movilizados también por nuestros viejos y viejas, por los que no pueden marchar junto a nosotros y nosotras, y que están esperando su turno para vacunarse. Sabemos que el acceso a este derecho se da en un contexto de disputa geopolítica por la producción, comercialización y almacenamiento de las vacunas contra el COVID-19.
Se evidencian de este modo las profundas desigualdades que sufrimos las naciones de la llamada periferia del capitalismo. Las corporaciones farmacéuticas mundiales pretenden sostener un modelo mercantilista de la salud, que aliadas a las potencias más poderosas del planeta, buscan maximizar sus ganancias y concentrar la tenencia de vacunas, en contra de los postulados de la Organización Mundial de la Salud. Apoyamos el reclamo del Estado Nacional, quien junto a otros países como India y Sudáfrica, vienen planteando la necesidad de liberar, hasta que se inmunice a un buen porcentaje de la población mundial, la propiedad de las patentes por parte de los laboratorios y que se pueda alcanzar un nivel de producción de vacunas que permita poner el derecho a la vida por encima de la rentabilidad de unos pocos.
Con el Covid, la escuela pública una vez más fue caja de resonancia de la crisis. En 2020 fueron miles de personas que se vieron obligadas a abandonar la escuela y la universidad por falta de dispositivos para conectarse, de acceso a internet, o por necesidades de trabajo. Docentes con sueldos de pobreza sostuvieron y sostienen a una escuela pública en condiciones de profundas deficiencias estructurales, con el riesgo de estar expuestos en la primera línea de contagio, al igual que los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud.
En estas condiciones, y a 45 años de los secuestros de compañeres estudiantes y docentes, nos seguimos organizando para pelear por una educación pública de calidad, popular, científica y democrática. Y también por una formación de profesionales al servicio del pueblo. Los y las estudiantes, junto a la comunidad educativa, buscamos protagonizar la lucha por la declaración de la emergencia educativa, para poder estudiar de forma segura, exigiendo las medidas necesarias para la vacunación a los y las docentes, salarios dignos y condiciones sanitarias de cada escuela.
En el contexto de pandemia que nos tocó atravesar también se reavivó el debate sobre el rol de las fuerzas armadas y de seguridad, con usos excesivos de la fuerza en la restricciones a la circulación, en el desalojo de tierras, en la represión a la protesta, en los casos de gatillo fácil y femicidios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por ello insistimos en su necesaria reestructuración política e ideológica, con una formación en derechos humanos, con control ciudadano promoviendo su democratización, para que finalmente puedan actuar como órganos del estado destinados a garantizar la defensa de los intereses nacionales y acompañando los procesos populares.
Las fuerzas armadas y de seguridad deben ser medularmente cambiadas, la currícula de formación debe ser abordada con urgencia para impedir que los futuros integrantes se eduquen bajo los paradigmas de fuerzas de ocupación, que se ve principalmente en el accionar en los barrios pobres. También advertimos que debe erradicarse con profunda voluntad política, la lógica corporativa de parte de sus miembros, que en ocasiones pretenden ser un organismo ajeno a la administración estatal, como se pudo ver en el cercado que se le hizo a la residencia presidencial en septiembre del año pasado.
Traemos con memoria los nombres de Totín Pérez, Héctor Gómez, Martín Basualdo y Elías Gorosito asesinados y desaparecidos en manos de la Policía de Entre Ríos en democracia. También los de las y los asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001: Eloísa Paniagua, Romina Iturain, el compañero militante de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodriguez y nuestro coprovinciano asesinado en Rosario, Claudio “Pocho” Lepratti.
En los últimos años fueron víctima del gatillo fácil Sebastián Briozzi, Gabriel Gusmán, Miguel Varela e Iván Pérez. De esto hablamos cuando decimos justicia clasista, estos hechos deben investigarse y tal como se realizó en Gualeguaychú en el caso de Pérez, que en los próximos días se iniciará el juicio oral y por jurados y que esperamos se obtenga una condena justa. En la otra costa de la provincia, la familia de Gabriel Gusmán sólo obtuvo por parte de los encargados de investigar su muerte el archivo de la causa con argumentos defensistas de los policías involucrados.
El Estado Entrerriano, en sus tres poderes, debe comprometerse con los principios democráticos de seguridad, debe sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de nuestras fuerzas de seguridad. No existe en el Ejecutivo Provincial ninguna política pública que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional y en la prevención de estos delitos. En este sentido, lo ocurrido días atrás en Avenida Racedo demuestran que la represión no puede ser el modo de intervenir en los conflictos sociales. Por eso le exigimos a la Municipalidad de Paraná y al Poder Judicial que privilegien el diálogo para la resolución del conflicto y garanticen el derecho a la legítima protesta de la ciudadanía, respetando la integridad de quienes reclaman.
Le reclamamos a la legislatura de la provincia que integre la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para conformar el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos inhumanos, crueles o degradantes. La necesidad de su aplicación lo demuestran las condiciones inhumanas que deben padecer quienes son alojados en distintas unidades del sistema carcelario provincial, como así también en la Alcaidía contravencional de esta ciudad. En este aspecto también, la pandemia de coronavirus dejó expuesta la situación de violaciones a los Derechos Humanos que sufren las personas privadas de la libertad. Es urgente e imperioso que se sancione una Ley de Contravenciones que respete y garantice los derechos humanos.
A 45 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 celebramos volver a tener políticas públicas en Derechos Humanos a nivel nacional, como ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Queremos un país con los genocidas condenados y en cárcel común, donde no haya impunidad, por eso, entendemos que los juicios por delitos de lesa humanidad deben avanzar con mayor celeridad, y que exista mayor apoyo a la búsqueda, identificación y restitución de los cuerpos de las y los 30.000, así como también a la restitución de la identidad de nuestros hermanas y hermanos apropiados.
Asimismo, exigimos al gobierno provincial que ponga en el centro de sus políticas a los derechos humanos, que garantice el funcionamiento de las áreas destinadas a la investigación en las causas por delitos de lesa humanidad, en el acompañamiento a las víctimas y testigos que le ponen el cuerpo cada vez que se sientan en los estrados judiciales.
A 45 años del golpe de estado aún nos siguen faltando compañeras y compañeros, nos sigue faltando la verdad sobre a dónde están sus cuerpos, nos siguen faltando hermanas y hermanos, y esa ausencia que se perpetúa es mantenida por los genocidas, partícipes y cómplices que mantienen el pacto de silencio. Porque corremos contra la impunidad biológica, la muerte de los perpetradores de esos crímenes que hundidos en ese silencio niegan el derecho a la despedida de una familia y niegan conocer su verdadera identidad a muchos hombres y mujeres.
Hace unos días nos enteramos del fallecimiento del médico David Vainstub, condenado por el Tribunal Oral de Paraná por el robo y ocultamiento de los Mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, Sabrina y el Melli. Vainstub se murió apegado al pacto de silencio que junto con los médicos Schoeder, Torrealday y Rossi sellaron con quienes se llevaron al Melli. Y frente a esto, vimos cómo desde el Hospital San Roque lamentaron su muerte omitiendo que su accionar, por el que fue condenado, impide al día de hoy que el Melli se encuentre con sus hermanos y hermana y que se reencuentre con su propia vida.
La reconstrucción de la memoria no cesa, hoy podemos afirmar que nuestra provincia también fue escenario para el destino final de cientos de personas. Los relatos de los pobladores de nuestro Delta se van sumando dia a dia para robustecer la causa judicial que investiga y pretende hallar los cuerpos de esos desaparecidos y desaparecidas que fueron arrojados a las aguas de nuestros ríos. Escuchamos cómo el pueblo trae memoria, nos señala, nos identifica nos cuenta sobre las distintas facetas que tuvo el terrorismo de Estado.
Confirmamos nuestro compromiso de lucha por el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes. Celebramos la sentencia en la Causa El Brete, en donde se condenó a Carlos Carvallo, quien se mantuvo prófugo de la justicia por más de 5 años. También, después de 43 años logramos una sentencia justa contra los responsables de la desaparición forzada de Jorge Emilio Papetti y de distintos crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 20 víctimas.
En tiempos de pandemia, de distanciamientos y cuando el Poder Judicial pretendió nuevamente cerrar las puertas a un acto de reparación como son estas sentencias, fueron los organismos de derechos humanos quienes empujaron a través de la creatividad y la perseverancia para que sean públicas, se transmitan, se difundan y puedan llegar a las víctimas, a sus familiares y a toda la comunidad. Porque estas sentencias constituyen no solo verdad jurídica y reparatoria, sino una conquista de la lucha colectiva.
Y por ello les exigimos a los operadores judiciales que comprendan los procesos históricos culturales y políticos que contienen estas luchas, que empaticen con los sujetos a ese poder judicial, que puedan encontrarse en las diversas realidades sobre las que deben entender,que no se trata de un mero expediente judicial, que deben abordarse reconociendo su dimensión.
Por eso mismo, decimos que la reforma judicial feminista es un grito colectivo. El abordaje de las violencias de género no puede estar sesgado, porque en ese mundo vivimos ahora, el de la impunidad selectiva, en el que toda violencia de género es excluida de su tratamiento judicial hasta que tiene consecuencias irreparables. Porque no contamos con políticas integrales y efectivas que contengan a las víctimas de violencia, que les permitan seguir con sus proyectos de vida.
Estamos hartas de contar feminicidios y travesticidios: en los tres meses que van del año ya suman más de 60 asesinatos de odio patriarcal que hubieran podido evitarse. Estamos hartas de la complicidad de un sistema judicial que no sólo no pone a disposición las estrategias necesarias para ejercer protección y Justicia, si no que criminaliza a las mujeres y disidencias que se defienden y se encuentran en situación de violencia de género.
Nos urge la sanción de la Ley de Emergencia en violencia de género en la Nación y Provincia; políticas y presupuesto efectivo para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y disidencias. Exigimos cuidar de verdad a niñas, niños y adolescentes, combatiendo y denunciando a los abusadores sexuales, dejando de naturalizar los embarazos forzados, y de idealizar a las niñas madres.
Esta pandemia agudizó las desigualdades e injusticias de género. La feminización de la pobreza y, en especial de las mujeres jóvenes, es una de las consecuencias de la crisis que nos atraviesa. La falta de reconocimiento del valor de las tareas de cuidado no remuneradas y el bajísimo valor que tienen esas tareas cuando son remuneradas, condena a las mujeres a la pobreza.
Celebramos la sanción de la ley de inclusión laboral trava-trans en la Provincia y el decreto nacional que rige en la administración nacional, pero necesitamos que sea efectiva, que el piso del 1% sea realidad y se supere rápidamente. Es urgente. Exigimos el cumplimiento de la ordenanza de cupo laboral trava-trans en el municipio, como también la reincorporación de les compañeres despedides durante el 2019. La exclusión y la marginalidad sigue llevando a las personas trava-trans a tener una expectativa de vida inferior a los 40 años.
Seguimos gritando “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, por eso reclamamos que la se garantice la ESI para les gurises en todos los niveles, presupuesto real y acompañamiento a les docentes en la tarea. La ESI es el camino para erradicar las violencias machistas. En el 2020 construimos una victoria popular, la sanción de la ley de la INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Debemos defender la conquista, reclamar al Estado que garantice la práctica y que acompañe a las mujeres y cuerpos gestantes en sus decisiones.
Hoy, a 45 años de la Dictadura genocida, sostenemos nuestra lucha por un desarrollo equitativo de la sociedad y la economía, con una justa redistribución de la riqueza, con acceso a educación, vivienda, trabajo, salud y cultura para todos y todas.
Somos conscientes de las dificultades y enemigos que enfrenta el pueblo argentino, después de haber padecido el más grande ciclo de endeudamiento y fuga de capitales del que se tenga memoria, perpetrado durante los 4 años del macrismo en el gobierno. El saldo de ese saqueo significó el negocio multimillonario de unos pocos y la miseria planificada de varias generaciones. Por eso estamos ante una disputa central contra el sistema financiero internacional, representado por el Fondo Monetario. No puede quedar ausente de la negociación de la deuda el rol político que jugó el FMI para la reelección de Macri en el poder, violando artículos históricos de su estatuto. El FMI tiene que pagar el costo político de haber rifado 45 mil millones de dólares en su aventura electoral. ¡Lo decimos claramente! Tampoco estamos dispuestos a aceptar un programa de ajuste y privatizaciones como condición de un acuerdo. ¡Basta de pagar la deuda con el sudor del pueblo argentino!
No vamos a aceptar que se siga empobreciendo la calidad de vida de nuestro pueblo, y para ello es necesario terminar con los privilegios de un puñado de grupos económicos locales y transnacionales que controlan áreas estratégicas de la vida nacional, como el acceso a los servicios públicos, la propiedad de la tierra, y la producción y comercialización de los alimentos. Nos unimos al reclamo de pequeños y medianos productores y economías regionales en contra de los intereses de la oligarquía terrateniente.
Esta nefasta oligarquía instauró un país liberal-conservador sobre la sangre de los pueblos originarios que aún siguen reclamando por sus tierras ancestrales. La oligarquía fue partícipe de las dictaduras militares que azotaron todo el siglo XX y su programa histórico sigue intacto, representado en nuestra provincia por los Etchevehere y otros, presionando fuertemente por devaluar nuestra moneda nacional, reprimarizar nuestra producción para exportarla en dólares, despreciando al mercado interno, principal fuente de trabajo y alimentación de nuestro pueblo. Para el modelo de país de la oligarquía sobramos 30 millones de argentinos y argentinas.
Por eso necesitamos de un Estado fuerte, sin ambigüedades y con la decisión política de afectar privilegios del poder económico con medidas sostenidas en el tiempo, apoyadas sobre la base de la organización popular y el pueblo movilizado. No hay posibilidad de construir un proceso de desarrollo nacional con soberanía económica si no discutimos la propiedad social de la tierra y no afectamos los intereses de la oligarquía antinacional.
Además, el modelo de agronegocios que se aplica en nuestras tierras, patrocinado por corporaciones nacionales y extranjeras, viene provocando daños severos a nuestro ambiente, contaminando nuestro suelo, afectando la salud de la población y constituyendo un verdadero ecocidio de proporciones catastróficas. Por eso levantamos la bandera de otro modelo alimentario. Luchamos por la transición urgente y necesaria hacia un modelo de producción agroecológico basado en la obtención de alimentos sanos y culturalmente apropiados, y en el cuidado de la biodiversidad de nuestra tierra. Exigimos que el cuidado y preservación de los bienes comunes sea orientadora para el diseño de las políticas públicas.
Hoy se cumplen 45 años de aquel nefasto Golpe de Estado que instauraba en la sociedad un plan basado en el terror, la desaparición, el silencio, la muerte y el miedo. Han pasado más de cuatro décadas y hemos logrado consolidar el sistema democrático en nuestro país, reafirmando los valores de la participación, el compromiso social y la solidaridad. Pero aún nos falta mucho por hacer.
La responsabilidad empresarial durante la dictadura, los instigadores del genocidio, sus beneficiarios económicos, aún permanecen impunes. Y son los mismos que nos impiden, bajo otras formas, construir un país con justicia y equidad. Porque las clases dominantes no varían en sus intereses sino en sus instrumentos de ejecución. Para ello, como dijo Rodolfo Walsh, procuran que el pueblo no tenga historia, y que cada lucha colectiva siempre tenga que empezar de nuevo. Ellos siempre querrán forzarnos al olvido y por eso nosotros reforzaremos la memoria.
Hoy volvemos a la calle porque venimos a reforzar la memoria, con un mensaje de unidad del campo popular, porque entendemos que con organización y movilización, con la participación activa del pueblo como sujeto histórico, podremos construir un proyecto de país con soberanía y justicia social, como lo soñaron y buscaron nuestros 30 mil desaparecidos y desaparecidas. Rememoramos sus nombres, sus rostros, sus historias personales, pero fundamentalmente necesitamos reivindicar, en nuestras acciones cotidianas, sus ideas políticas y el proyecto de sociedad que buscaron construir, con más aciertos que errores, enarbolando un profundo compromiso colectivo. Y lo decimos claro, no se puede entender el grado de ferocidad en los crímenes del Terrorismo de Estado sino se advierte el temor que las clases dominantes sintieron, como pocas veces, ante la posibilidad efectiva de perder sus históricos y viejos privilegios.
Hoy, a 45 años del Golpe de Estado, el sistema democrático está siendo atacado por sectores reaccionarios que tiran bolsas negras en la Plaza de Mayo, emulando los cadáveres que arrojaron hace cuatro décadas, como una clara amenaza de muerte. Por eso hoy estamos aquí compañeros y compañeras, poniendo nuestros cuerpos en esta Plaza, para no dejar pasar la historia por nuestro costado, porque solo con nuestra activa participación podremos darle un sentido popular a esta democracia. Porque tenemos la memoria de los 30 mil con nosotros y nosotras, la fuerza de los y las sobrevivientes, tenemos el pañuelo de las Abuelas y las Madres como bandera. La historia sigue y la lucha continúa, porque, compañeros y compañeras, ¡no nos han vencido!
30.000 compañeros desaparecidos PRESENTE! AHORA Y SIEMPRE!
Publicado en Río Bravo el 25 de marzo de 2021
