Esta medida ha dejado sin apoyo a miles de personas, especialmente jóvenes, con consumos problemáticos, en un momento en que el consumo de drogas y el narcotráfico están en aumento en los barrios.

Las CAAC son espacios clave para la contención social y terapéutica en contextos vulnerables, y su cierre elimina una red de atención fundamental para muchas comunidades, siendo en muchos casos la única disponible.

Un primer indicio de la desarticulación de estos espacios se observó en 2024, cuando las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) fueron removidas de los portales oficiales de la red de atención de SEDRONAR, lo que refleja su progresiva invisibilización dentro de las políticas públicas.

Justificación oficial contra las denuncias de las organizaciones

Desde la SEDRONAR, que depende del Ministerio de Salud, se ha justificado la medida con un informe de auditoría que señala "irregularidades", falta de equipos profesionales completos y baja frecuencia de atención.

Pero la intención del gobierno estuvo desde que asumió en 2024. Ya por entonces Roberto Esteban Moro, secretario de la Sedronar, había planteado que durante el período de Alberto Fernández se habían abierto muchas CAACs. Y a principios de este año, el ministro de salud, Mario Lugones, y el ministro de economía, Luís Caputo, pedían una revisión rigurosa de los gastos ineficientes en el sector y han defendido una política de reducción del gasto público y privatización de servicios sanitarios.

Sin embargo, las trabajadoras, trabajadores, profesionales y las organizaciones sociales denuncian que las evaluaciones fueron arbitrarias y en algunos casos no se realizó de manera presencial.

Consecuencias del desfinanciamiento

La interrupción del apoyo financiero pone en riesgo la continuidad de los servicios que brindan las CAAC, como talleres, acompañamiento psicológico y espacios de escucha.

Las organizaciones sociales advierten que, al cortar la contención que ofrecen estos centros, se condena a miles de jóvenes a vivir sin apoyo, lo que puede llevar a una mayor precarización y vulnerabilidad.

Se ha señalado que el recorte no detiene los consumos, sino que elimina la posibilidad de abordarlos de manera integral, dando lugar a que las redes de narcotráfico ganen terreno.

En este sentido, las organizaciones aseveran que “en vez de recortar hay que asignar más recursos al abordaje de la problemática de la salud mental, que ha crecido y ha llegado a su punto más álgido con el aumento de la tasa de suicidio. Particularmente en Entre Ríos, que tiene la tasa de suicidio más alta del país, pasando a ser principal causa de muerte superando los accidentes de tránsito”.

Preocupación en los barrios

Desde hace un tiempo, las organizaciones sociales han alertado sobre la precarización y el congelamiento del presupuesto destinado a estos programas, lo que demuestra, según ellos, una falta de prioridad del Estado hacia la salud comunitaria.

En respuesta a esta situación, se han realizado movilizaciones y se han elevado reclamos, con organizaciones sociales y sindicatos exigiendo la continuidad de los dispositivos comunitarios y el fortalecimiento de las políticas públicas en salud mental y adicciones.

Diversos sectores, incluyendo la Iglesia a través de los Hogares de Cristo, han expresado su preocupación, advirtiendo que la retirada del Estado en esta materia "condena indirectamente a la muerte".

Para el Movimiento ni un pibe y piba menos por la droga, “el ajuste de Milei es el avance de la droga: cuando se cierran estos lugares se deja a pibes y pibas sin acompañamiento, sin contención y sin oportunidades, entregándolos al narcotráfico y la violencia”.

Referentes del Movimiento de la CAAC José Daniel Rodríguez, que se encuentra en el volcadero de Paraná y atiende a unas 400 personas, advierten que “si sobre el recorte está además el aumento del consumo de sustancias, la salud mental y el suicidio, es ilógica esta medida”.

Repercusión en Entre Ríos

Aunque la información sobre el impacto específico en cada una de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en Entre Ríos es limitada, el efecto del recorte presupuestario nacional es significativo y se manifiesta en varias áreas.

Entre Ríos se encuentra entre las provincias más perjudicadas por el recorte de transferencias discrecionales y la caída en la coparticipación nacional. El recorte de fondos nacionales ha impactado en áreas clave como educación, salud y seguridad social, lo que ha puesto en una situación de extrema debilidad a la provincia.

El recorte de presupuesto en el ámbito de salud mental y adicciones significa que menos personas pueden acceder a tratamientos y contención, lo que aumenta la vulnerabilidad social.

En la provincia, si bien la problemática de salud mental forma parte de la agenda pública, el sistema de salud carece de los recursos necesarios para ampliar y mejorar la oferta de servicios territoriales. Simultáneamente, los altos costos de la atención privada imposibilitan el acceso y la continuidad de los tratamientos psicológicos para un sector significativo de la población.

Dentro de la red de efectores públicos de salud, resulta extremadamente difícil obtener turnos con profesionales de salud mental. Si bien existe el servicio del Ministerio de Salud de teleasistencia en salud mental (Telefono 135), disponible para todo el territorio provincial, muchas localidades carecen de equipos interdisciplinarios que brinden asistencia y tratamiento continuo. En algunas zonas de la provincia los tiempos de espera superan los seis meses e incluso pueden extenderse más de un año.

El último umbral

El cierre de las CAAC favorece al narcotráfico al generar pérdidas de espacios comunitarios y de contención en los barrios más vulnerables. Las CAAC no solo brindan asistencia a personas con consumos problemáticos, sino que también ofrecen talleres, actividades culturales y deportivas, y ayuda para cuestiones básicas como trámites o alimentación.

Cuando estos espacios cierran, las organizaciones sociales que actuaban como barrera de contención contra el avance de las redes de narcotráfico se debilitan. Esto deja un vacío que es ocupado por los narcos, quienes ya están comenzando a ocupar estos roles de "asistencia" en los barrios, como por ejemplo, a través de la entrega de comida en merenderos. En consecuencia, el retiro del Estado de estos territorios vulnerables deja a la población más expuesta a la influencia y el reclutamiento por parte de las estructuras criminales.

En contextos complejos como el actual, organismos especializados como la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan fortalecer estrategias basadas en la atención primaria y el abordaje comunitario, articulando redes que incluyan organizaciones sociales, religiosas, clubes, escuelas, vecinales y centros de salud. En este entramado, las CAAC cumplen un rol fundamental como nodos específicos que articulan lo comunitario con el sistema formal de salud.

Frente al empeoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, las dificultades de acceso al trabajo y la educación, y el aumento de la oferta de sustancias legales e ilegales, resulta imperioso fortalecer y financiar adecuadamente a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, reconociéndolas como espacios colectivos clave en el abordaje de la salud mental.

El desfinanciamiento de las CAAC en el territorio empeora las perspectivas de atención y cuidado de jóvenes en situación de vulnerabilidad, y seguramente contribuirá al deterioro de los indicadores de salud mental de la población entrerriana.