Desde la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas tomaron fuertemente la denuncia realizada por la docente Sol Miner, quien no puede ver a su hijo menor de edad desde abril pasado, pese a contar con una resolución judicial que fija su domicilio y su persona como los acreditados para la tenencia y cuidado del menor. Hace 250 días el padre, quien reviste en la policía de la provincia, retiró al niño de práctica de fútbol y nunca más su madre pudo tener contacto con él. Desde entonces, las resoluciones judiciales incumplidas y las no renovadas (como las que deberían cuidar a la propia madre de la figura del padre, quien fue denunciado por violencia de género y es portador de arma por ser parte de las fuerzas de seguridad), han provocado un cuadro de crisis psicológica en Sol quien está con atención y cuidado especial para lograr su recuperación.

“Denunciamos el peregrinar que ha tenido que realizar esta mujer entre juzgado, fiscalía, minoridad, Copnaf, buscando respuestas para encontrarse con su hijo. Exigimos que se renueven las medidas de protección para Sol, lo cual es fundamental ya que el denunciado es policía y porta armas. Es imprescindible que la justicia actúe para revincular al menor con su madre”; señala el comunicado de la MME. Y señala, sin dobleces ni indirectas, el riesgo latente: “Ante cualquier situación que suceda, ya sea con Sol o su hijo menor de edad, hacemos responsable a cada estamento del Estado y la Justicia de la provincia de Entre Ríos por su inacción.”

Un niño y su madre en riesgo y vulnerados

En la denuncia de la docente, señala que al niño le han cambiado su psicóloga, que desde hace 6 años lo atiende, revictimizándolo de ese modo.

En septiembre pasado, la docente escribió un texto dirigido a la jueza que es contundente respecto de lo que está ocurriendo, del cual extraemos algunos párrafos tan solo a modo de ejemplo de la situación de riesgo y vulnerabilidad a la que se expone esta docente y su hijo:

“Paraná, 26 de septiembre de 2025

Señora Jueza, hoy hace 161 días que no veo a mi hijo de 11 años ni se nada de él. Rodrigo se encuentra aislado e incomunicado de mí y de toda su familia materna, la cual conforma su centro de vida desde su nacimiento.

Hace casi 6 meses me encuentro privada de su contacto sin ninguna razón legal o real, y de toda información sobre su bienestar, salud física, emocional, sus intereses y actividades extracurriculares, vínculos con sus amigos y familia, deportes y su trayectoria escolar, ámbitos de su vida en los que siempre procuré por él. Incluso he procurado la comunicación con su padre en tiempo de aislamiento social y más recientemente cuando su padre no lo buscaba de la escuela y pasaba días sin verlo, facilitándole un celular y la privacidad de su habitación para comunicarse.

Soy plenamente consciente de la gravedad y urgencia de la situación que se ha extendido en el tiempo en detrimento de mi hijo y de nuestro vinculo.

A pesar de encontrarse vigente una orden judicial del este Juzgado que fija su hogar, comunicación con su padre y retiro de la escuela a la que asiste, Rodrigo ha sido y continúa siendo abusado en todos sus derechos de niño por su padre y el entorno del mismo, y yo en mis derechos naturales de madre.

He denunciado tres delitos penales: por incumplimiento de la orden judicial, por impedimento de contacto y por violencia de género sin desconocer la violencia institucional a la que ha sido sometido mi hijo, por parte de, al menos tres organismos públicos e instituciones como son minoridad, copnaf y su escuela. Una psicóloga decide que ya no soy su madre, otra lo atiende sin mi consentimiento, la escuela desconoce la orden judicial y lo pone en riesgo y minoridad presenta un informe falso al juzgado.

Es alarmante que continúe aislado, incomunicado y violentado sin nadie que procure por él.

Nuevamente me encuentro violentada por el padre de Rodrigo, quien al parecer continúa intentando, después de casi 10 años, que desaparezca de la vida de mi hijo, lo que ha logrado en estos 6 meses con la colaboración de organismos públicos que debieran proteger a mi hijo.

Por este motivo me encuentro nuevamente en terapia psicológica ya que en este contexto soy la única persona que, con apoyo de mi familia, mi psicóloga y mi abogada está trabajando permanentemente para garantizar y recomponer los derechos y el bienestar de mi hijo.

A Rodrigo le han generado un nuevo DNI con nueva dirección, siendo que yo tengo su documento en perfecto estado y se le han colocado vacunas con un nuevo certificado de vacunación, sin mi consentimiento, lo cual he denunciado y he pedido la anulación de ese ejemplar que no considero válido.

No he dado mi consentimiento para que reciba tratamiento psicológico con un profesional que me desconoce como madre, su psicóloga Irina Gómez Pellegrini lo espera para retomar una terapia seria y respetuosa sin vulnerar sus derechos.

(...) Su padre trabaja en dos turnos, por eso había dejado de cumplir con el régimen de comunicación ¿con quién está mi hijo y a quien se lo entrega la escuela?

(...) Vengo a solicitar la urgente restitución de mi hijo a su hogar, como lo solicito desde el 11 de abril de 2025, donde es respetado, cuidado, acompañado y amado. Donde se le enseña a colaborar. Rodrigo sabe hervir fideos o arroz sin manipular fuego o agua caliente. Sabe colaborar como parte de una familia amorosa, donde cocinamos o pedimos rotisería si tuvimos un día largo. Rodrigo sabe que lo amo, conoce sus derechos, los mandamientos de Dios, el valor de la verdad y el respeto por las normas sociales. Está sometido, manipulado y sufriendo sin su mamá, su vida anterior, sus vínculos y sus cosas.”

Publicado por Río Bravo el 19 de diciembre de 2025.