A nivel provincial, en Entre Ríos, esta fecha no es solo un aniversario de movilización; obliga a revisar las deudas pendientes en materia de prevención, justicia y asistencia efectiva.

La violencia machista, que hasta entonces solía quedar relegada a las páginas de policiales como "crímenes pasionales", fue nombrada por su nombre: femicidio. Once años después, el colectivo Ni Una Menos mantiene su vigencia como un faro de resistencia, pero también como un recordatorio constante de que las estructuras que sostienen la violencia siguen cobrándose vidas.

En la provincia de Entre Ríos, la fecha se vive con una mezcla de memoria, dolor y reclamo activo. La geografía provincial ha sido escenario de casos que conmovieron al país entero —como el de Micaela García en Gualeguay en 2017, cuyo legado dio nombre a la ley de capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado—. Sin embargo, las dinámicas locales de los femicidios exigen una mirada que vaya más allá de las leyes escritas.

La realidad entrerriana

Si algo ha caracterizado a la lucha entrerriana es la capacidad de tejer redes comunitarias. Organizaciones sociales, colectivos feministas y asambleas vecinales han sido, muchas veces, la primera línea de contención allí donde los recursos institucionales no llegan a tiempo.

Uno de los desafíos más complejos en la provincia radica en la dispersión territorial. Las respuestas habitacionales, el acceso a botones antipánico o patrocinios jurídicos gratuitos suelen centralizarse en los principales núcleos urbanos, dejando a las mujeres y diversidades de las zonas rurales o de comunas más pequeñas en una situación de mayor vulnerabilidad y aislamiento.

La persistencia de los índices de violencia demuestra que las herramientas formales —como las restricciones de acercamiento— resultan insuficientes si no se acompañan de un control real y de un cambio cultural de fondo. La prevención no puede limitarse a la respuesta judicial posterior a la denuncia; debe ser integral, temprana y con recursos económicos reales que sostengan los programas de asistencia.

El valor de la memoria colectiva

Cada 3 de junio, las calles entrerrianas vuelven a poblarse. Se leen nombres, se recuerdan historias y se exige presupuesto para políticas públicas de género. La fecha funciona como un termómetro social: demuestra que, a pesar de los contextos políticos y económicos complejos, la sensibilidad y el compromiso de la comunidad frente a las violencias se mantienen intactos.

A 11 años del primer grito, el balance deja en claro que se han conquistado derechos y visibilidad, pero la meta principal sigue distante. Mientras siga faltando una, el reclamo de Ni Una Menos seguirá resonando en cada rincón de la provincia como un mandato ético urgente: vivas, libres y sin miedo nos queremos.

Al grito de ¡Ni una Menos!

En la tarde de este miércoles, las calles de Paraná se llenaron de cánticos y carteles. La marcha comenzó en la plaza 1 de mayo y terminó en Casa de Gobierno, donde se dio lectura de un documento enfatizando en el hartazgo por las violencias machista que atraviesan a las mujeres, disidencias y niñeces.

Gisella Torres, secretaria de Género y Diversidad de la ATE Entre Ríos, conversó con Río Bravo y comentó sobre la fecha: “Este 3J no es una conmemoración más, sino que nos encuentra en un contexto de emergencia extrema. La violencia patriarcal no. Hay una realidad dolorosa con los brutales femicidios de las adolescentes Agostina, Dulce y Noelia (1). Sus asesinatos muestran de manera obscena las fallas y demoras de los mecanismos de alerta judicial y policial. La impunidad de los violentos se sostiene gracias a un sistema sin perspectiva de género, que ignora denuncias  y deja en libertad a agresores con antecedentes”.

Torres se refirió al gobierno de La Libertad Avanza: “Asistimos a una institucionalizada agenda de odio y negacionismo. La destrucción de los organismos destinados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista, han sido una declaración política de desprecio hacia la vida de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Cuando el jefe de Estado y sus funcionarios sostienen que estas políticas constituyen un "privilegio" o incentivan la persecución en medios y redes sociales, desprotegen activamente a las víctimas”.

La referente, también se refirió a la situación de las trabajadoras estatales: “Denunciamos que la desidia es una política de Estado. El ajuste feroz digitado por el FMI, los despidos masivos en el sector público y el brutal recorte presupuestario precarizan nuestras vidas y destruyen la autonomía económica, dejando a miles de compañeras confinadas con sus agresores”, indicó.

Respecto a la situación de la provincia, Torres señaló que el gobierno de Rogelio Frigerio “se alinea de manera sumisa al modelo de motosierra nacional, replicando el abandono en el territorio entrerriano. La falta de presupuesto real para atender la declaración de la Emergencia en Violencia de Género coloca a la provincia en una situación alarmante: las redes de contención territorial están desfinanciadas y los refugios carecen de los recursos indispensables para garantizar un resguardo seguro. Por eso exigimos el cumplimiento efectivo y la profundización de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado provincial”.

Finalmente, la sindicalista denunció que “la desprotección institucional nos mata de manera indirecta cuando el sistema laboral nos expulsa, cuando las disidencias sexuales somos invisibilizadas en los registros estadísticos públicos y cuando la justicia provincial no llega a tiempo”. En este sentido, dijo que “las cúpulas políticas y de seguridad deberían avanzar firmemente en capacitaciones obligatorias en género, derechos humanos y salud mental”.

Radiografía de la Violencia de Género en Argentina: Análisis de los Datos del Registro Nacional de Femicidios 2025 y el Panorama en Entre Ríos

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN) presentó la edición 2025 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). El informe revela una tendencia general a la baja en la tasa de la violencia letal por motivos de género en el territorio nacional, reflejando tanto las realidades de las jurisdicciones con mayor concentración demográfica como el comportamiento particular de provincias como Entre Ríos.

A nivel país, durante el año 2025 se identificaron y analizaron un total de 204 causas judiciales vinculadas a la violencia de género letal, que involucraron a 219 víctimas totales (200 directas y 19 de femicidios vinculados). La tasa nacional se ubicó en 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres, lo que se traduce en un promedio de una muerte violenta cada 44 horas en el territorio argentino. Si bien la provincia de Buenos Aires continuó concentrando el mayor volumen absoluto de casos con 78 víctimas (39% del total), y jurisdicciones como Chaco, Misiones y Neuquén lideraron las tasas proporcionales por habitante, el informe destaca disminuciones significativas en diversos puntos del mapa.

Dentro de este esquema de reducción de la violencia letal, la provincia de Entre Ríos se posicionó como una de las jurisdicciones con mejor evolución estadística respecto al periodo anterior. Durante el 2025, la provincia registró 2 víctimas directas de femicidio, logrando un descenso de 5 casos menos en comparación con las 7 víctimas reportadas en 2024. Este comportamiento ubicó a Entre Ríos con una de las tasas más bajas del país: 0,27 femicidios directos cada 100.000 mujeres, lo que representa estadísticamente una víctima cada 370.086 mujeres de la población local.

A pesar de las cifras cuantitativamente menores en el plano local, el análisis pormenorizado del registro expone dinámicas complejas en la provincia que concuerdan con los indicadores de vulnerabilidad y las alertas institucionales nacionales. Por un lado, del total de 31 mujeres que estuvieron inicialmente desaparecidas en el país antes de la intervención o el hallazgo judicial, 1 caso se localizó en territorio entrerriano.

Por el otro, Entre Ríos formó parte de una de las estadísticas más alarmantes del informe nacional de este año: el incremento de femicidios cometidos por integrantes o exintegrantes de corporaciones de seguridad. A nivel país se reportaron al menos 20 sujetos activos con esta filiación laboral, y uno de ellos perpetró el hecho en Entre Ríos. Concretamente, el agresor pertenecía a una fuerza federal (Prefectura Naval Argentina) y se encontraba en situación de retirado al momento de cometer el crimen.

Finalmente, el registro incluyó un estudio longitudinal (periodo 2016-2025) enfocado en travesticidios y transfemicidios para visibilizar la especificidad de los crímenes contra las identidades trans. Aunque en el año 2025 los 4 casos registrados a nivel nacional se concentraron exclusivamente en Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén, el acumulado histórico de la última década asigna a la provincia de Entre Ríos un total de 2 víctimas directas y 2 sujetos activos investigados bajo estos parámetros conceptuales de odio y violencia de género.

Los datos provistos por el sistema de justicia argentino demuestran que, si bien el descenso de casos en Entre Ríos marca un indicador favorable dentro de la curva estadística, las características de los hechos —como la participación de agentes de seguridad y los contextos de desaparición previa— reafirman la necesidad de sostener y profundizar las políticas públicas de prevención, control y protección judicial en toda la región.

(1) Noelia Carolina Rivero, de 30 años, fue asesinada el 30 de mayo. El femicidio ocurrió en su domicilio ubicado en la calle Lavalle al 1700, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires). Dulce María Beatriz Candia fue asesinada entre el 23 y el 24 de mayo de 2026. De 17 años, se encontraba desaparecida desde el 17 de mayo en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones. Su cuerpo fue hallado el 28 de mayo en una construcción abandonada del barrio El Tucán. Agostina Vega, la adolescente de 14 años, fue asesinada el 23 de mayo, entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada. El femicidio ocurrió en una vivienda de la ciudad de Córdoba.