La Multisectorial de Derechos Humanos y la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER) elevaron un pedido urgente de audiencia al gobernador Rogelio Frigerio. Advierten que el organismo, clave para la memoria y la justicia en la provincia, se encuentra en una situación de "precariedad extrema". El vaciamiento, que incluye despidos y falta de presupuesto, se da en el marco de las políticas de ajuste del gobernador.

Desmantelamiento institucional

A través de notas formales presentadas tanto al Ejecutivo provincial como a la Comisión Bicameral de Derechos Humanos —encabezada por el diputado Fabián Rogel y el senador Martín Oliva—, los organismos denunciaron que el RUV atraviesa un vaciamiento que pone en jaque 20 años de construcción colectiva.

Los puntos que definen esta crisis, según el comunicado, son alarmantes:

• Despidos masivos: El equipo técnico fue reducido a su mínima expresión; hoy solo quedan tres trabajadores para sostener toda la estructura.
• Acefalía: No existe una dirección que coordine las políticas públicas del área.
• Emergencia edilicia: El organismo carece de un edificio propio y adecuado para sus funciones.
• Peligro de archivos: Se encuentra bajo riesgo la custodia del acervo documental más importante sobre la represión dictatorial en la región.

"No podemos permitir que este patrimonio documental y social se pierda por falta de voluntad política", señalaron referentes de la Multisectorial.

Más que un archivo

El RUV, creado por la Ley Nº 9577, no es solo una oficina administrativa. Es el puente fundamental en Entre Ríos para el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI. Su rol es vital para: La búsqueda de personas desaparecidas, la restitución de identidades sustraídas, la identificación de Sitios de Memoria y la pedagogía de los Derechos Humanos en la sociedad.

Ante lo que consideran una "situación límite", los organismos esperan que el Gobierno Provincial y los legisladores de la Bicameral abran el canal de diálogo solicitado. El objetivo es garantizar la operatividad de un ente que consideran patrimonio de toda la sociedad entrerriana y evitar que la desidia estatal borre décadas de trabajo por la Verdad y la Justicia.