El detonante: El Decreto Nº 3817

El conflicto reciente estalló con la firma del Decreto Nº 3817 (del 20 de diciembre de 2025), firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y que se dio a conocer por los medios de comunicación locales.

El contenido del decreto se refiere a la renovación de las vinculaciones temporarias para el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026. Al publicarse los anexos con los nombres de los renovados, se confirmó la no renovación de más de 100 contratos (pero fuentes gremiales hablan de un número mayor en proceso de revisión).

Este conflicto se da en un marco de ocho meses de congelamiento salarial, lo que agrava la situación de los que sí quedaron pero perdieron poder adquisitivo.

Las versiones: Optimización vs. Ajuste

Desde la perspectiva del Gobierno Provincial, se afirma que se renovó el 94% de la planta temporaria, subrayando el guarismo por sobre las familias detrás de los número. Por ello, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que “no es un contrato que cae, es un proyecto de vida que se corta".

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales justifican las bajas por desempeño, ausentismo o funciones que fueron digitalizadas y/o absorbidas. En respuesta, la ATE señala que “hay trabajadores con años de antigüedad y legajos impecables entre los despedidos”.

También, se argumenta desde el ejecutivo, que es necesario para una "modernización del Estado" y optimización de recursos. Pero, desde el sector gremial se denuncia un "ajuste silencioso" y una "perversidad" al notificar despidos en vísperas de las fiestas.

Las áreas afectadas

La no renovación de contratos refleja una decisión política de recortar en sectores que el gobierno de Frigerio considera "sobredimensionados" o cuyas funciones pueden ser reemplazadas por procesos digitales. Sin embargo, estas bajas tocan fibras muy sensibles de la asistencia social y los derechos humanos.

Si bien todavía reina la incertidumbre, el temor y el desconcierto, hasta el momento se han confirmado bajas en:

• Secretaría de Justicia: Registro Único de la Verdad
• Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER)
• Área Administrativa Central (Centro Cívico): Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Humano.
• Consejo General de Educación (CGE)

Es de destacar que muchos de los trabajadores y trabajadoras cuyos contratos no se renovaron tenían entre 5 y más de 10 años de antigüedad, bajo la figura de "contrato de servicio", lo que desmiente el argumento de que se trata de "herencia de último momento" de la gestión anterior.

Respuesta Gremial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Oscar Muntes, inició una "Jornada de Lucha" por tiempo indeterminado desde el 26 de diciembre. Las medidas incluyen: Asambleas permanentes en las reparticiones públicas, retención de servicios (paros parciales) y movilizaciones a Casa de Gobierno, entre otras acciones a las que se suman por el reclamo salarial.

El gremio exige:

• Continuidad laboral: renovación inmediata de todos los contratados vigentes.
• Reapertura de paritarias: discusión salarial urgente frente a la inflación.
• Regularización: pasar de las formas de contratación precarias a vínculos estables.

Esta semana, el sindicato de las y los estatales, el único quien salió a responder y afrontar el ataque patronal, afirmó en un comunicado: "Las y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste ni cargar con la responsabilidad de formas de contratación precarias que el propio Estado sostiene desde hace años".

Lo que se viene en el 2026

Desde este jueves el futuro no será nada alentador, porque la provincia ha ido cediendo autonomía federal en el alineamiento del gobernador Rogelio Frigerio hacia el presidente Javier Milei, y ambos parecen compartir “el mismo norte”.

Se observa que, mientras se ajusta a los trabajadores, se han implementado una serie de beneficios fiscales y normativos dirigidos a los sectores más concentrados de la economía (agroexportadores, grandes inversores y terratenientes). Por ejemplo, Entre Ríos fue una de las primeras provincias en adherir al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) de Milei, pero además Frigerio creó su propia versión local: el RINI (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones). Estas iniciativas favorecen a grandes corporaciones con capacidad de inversión millonaria, mientras que los pequeños comerciantes y el consumo interno no reciben alivios de esa magnitud.

Otro caso, es la rebaja en los Ingresos Brutos a las "Integradoras de Pollos". En una provincia en el que el sector avícola está altamente concentrado, se redujo la alícuota del impuesto para estas empresas. Así, mientras se desfinancia la provincia bajando impuestos a sectores que ya son rentables, se argumenta falta de fondos para renovar contratos de trabajadores que ganan salarios de subsistencia.

También, está el impulso del gobernador al dragado del Paraná para exportadoras. El alineamiento con Nación incluye la entrega del control de los ríos Paraná y Uruguay a la lógica de la exportación. Los beneficiarios son los monopolios cerealeros de la zona de Rosario y las grandes terminales portuarias. El dragado a grandes profundidades favorece que barcos de gran calado completen carga en Uruguay, salteando controles nacionales, mientras el Estado provincial asume los riesgos ambientales y el impacto en las comunidades costeras.

Como se ve, bajo la consigna de “crear condiciones para la inversión”, el gobierno de Entre Ríos ha diseñado un esquema de premios y castigos: premios impositivos y estabilidad jurídica grandes capitales y terratenientes, y castigos en forma de despidos y salarios congelados para el sector público. Para el gobierno provincial el trabajador del Estado es un gasto innecesario que debe ser eliminado para garantizar la rentabilidad de aquellos.