El proyecto de ley del Gobierno nacional para modificar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez volvió a generar preocupación entre organizaciones vinculadas a la discapacidad. Luisina Franco Mangioni, integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario del Órgano de Revisión de Salud Mental, cuestionó posibles retrocesos en derechos adquiridos y reclamó que las auditorías se realicen bajo criterios que contemplen las vulnerabilidades del colectivo.

En declaraciones al programa Amanece... que no es poco (Radio Plaza), Franco Mangioni explicó que la iniciativa oficial busca modificar la normativa vigente y establecer nuevamente auditorías médicas obligatorias, cruces de datos y un reempadronamiento de los beneficiarios para detectar posibles irregularidades.

La trabajadora social afirmó que las personas con discapacidad “viene siendo altamente atacado desde el Gobierno Nacional y hoy por hoy lo que se encuentra nuevamente en vilo es este proyecto de ley que se ha presentado, que se denomina Ley contra el Fraude de pensiones por invalidez”.

Según explicó, “es una iniciativa del Poder Ejecutivo Argentino enviado al Senado y que lo que busca es modificar la normativa de las pensiones no contributivas. Vuelve a establecer el mecanismo de auditorías médicas obligatorias, el cruce de datos y el reempadronamiento de los beneficiarios con este nuevo objetivo de detectar irregularidades”.

Cuestionamientos a los cambios

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Franco Mangioni se relaciona con la posibilidad de que algunas modificaciones afecten derechos vinculados con el acceso y la permanencia en las pensiones.

“En este proyecto lo que nuevamente se intenta es avanzar sobre algunos derechos adquiridos, por ejemplo que las pensiones vuelvan a ser incompatibles con alguna actividad laboral que puedan desarrollar las personas y vuelve ahí a darle espacio a auditorías y suspensiones”, señaló.

La integrante del Órgano de Revisión de Salud Mental aclaró, sin embargo, que las organizaciones no rechazan la realización de controles estatales. “Me parece que es interesante decirles que nosotros como colectivo de organizaciones no estamos en contra de las auditorías y las revisiones”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Pensamos que de hecho es una función del Estado auditar los gastos que realiza, pero que siempre hay que ver cómo es la modalidad, poder entender que el colectivo con discapacidad tiene ciertas vulnerabilidades y ciertos ajustes para poder realizar que no se han tenido en cuenta”.

Reclamo por auditorías justas

Franco Mangioni planteó que el debate debe concentrarse en las condiciones bajo las cuales se realizan las revisiones y no en cuestionar la existencia de controles.

“Me parece que es interesante poder pensar que en ningún momento nosotros estamos diciendo que las revisiones y auditorías no se deberían llevar adelante, sino que se debería tener en cuenta cuáles son las condiciones para poder hacer que eso sea un proceso justo”, concluyó.

La exposición se produjo en el marco de la presentación del informe La situación de la salud mental en Entre Ríos: aportes del Órgano de Revisión de Salud Mental. Informe de Gestión 2025, realizada en la Casa de la Cultura de Paraná y encabezada por el defensor general, Maximiliano Benítez.