El viernes pasado se realizó en Aldea Brasilera una audiencia pública convocada por la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, en cumplimiento de lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La instancia judicial había ordenado garantizar un espacio real de participación ciudadana antes de evaluar el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para la empresa minera Cristamine, señalada por operar de manera irregular en la zona.

La cita tuvo lugar en el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad y reunió a representantes del organismo provincial, autoridades municipales de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, integrantes de la empresa minera, vecinos de ambas localidades y de Paraná, organizaciones ambientalistas y trabajadores de la compañía. El eje de la discusión fue la explotación de arena en la parcela 24.856, donde la Fundación CAUCE (Cultura Ambiental Causa Ecologista) denunció la existencia de graves irregularidades.

El planteo de CAUCE

La exposición de la abogada Valeria Enderle, en representación de la Fundación CAUCE, marcó los puntos más críticos del debate. La organización insistió en que la parcela 24.856 está categorizada como zona amarilla dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), lo que limita sus usos a actividades sostenibles, turísticas o de investigación científica. “Esto significa que la minería no está permitida”, señaló Enderle.

La empresa Cristamine negó esta clasificación, mientras que desde la Secretaría de Ambiente se comprometieron a revisar la situación.

Otro de los puntos destacados fue la ausencia de un estudio de impacto ambiental específico sobre la parcela en cuestión. Según CAUCE, pese a informes previos desfavorables, la explotación se habilitó desde el área técnica sin fundamentos claros. “No existe un estudio de impacto ambiental particular, lo que vulnera la normativa vigente y los estándares establecidos por la Ley General del Ambiente”, cuestionó Enderle.

El tercer aspecto crítico abordado fue el riesgo sobre el arroyo El Salto. De acuerdo a lo expuesto, la cava generada por la empresa durante la explotación ilegal podría ocasionar una filtración que desvíe el curso del arroyo hacia el área minera. “Ese escenario podría provocar la pérdida de caudal y un daño irreversible al ecosistema”, advirtió la representante de CAUCE. Aunque la empresa negó esa posibilidad, la propia Secretaría de Ambiente ya había señalado el riesgo en una instancia anterior.

Otras preocupaciones

Además de las observaciones técnicas y legales, en la audiencia se discutieron aspectos vinculados a la logística, la salud y las condiciones de trabajo.

Vecinos de la zona expresaron inquietudes por el traslado del material hacia la planta de lavado, que implica el uso de caminos vecinales y el cruce del arroyo a través de Puente de Piedra, lo que aumenta la presión sobre la infraestructura local.

También se planteó la necesidad de monitorear la calidad del aire ante la exposición al polvo de sílice, asociado a riesgos para la salud. Desde sectores comunitarios se propuso implementar sistemas de control participativo para dar transparencia a los resultados.

Por otra parte, trabajadores de la empresa y habitantes de la región manifestaron preocupación por el impacto económico y social que genera la paralización de la cantera. Los testimonios reflejaron la tensión entre las necesidades laborales y las exigencias de cuidado ambiental.

El camino judicial y lo que viene

La audiencia se desarrolló en el marco del amparo presentado por CAUCE, que cuestionó la extracción ilegal en la parcela 24.856 y la obstrucción de la libre circulación del arroyo El Salto. El STJ dispuso que, antes de otorgar el CAA, la SAER debía garantizar un espacio de discusión pública que incluyera a todos los actores involucrados.

El registro audiovisual de la jornada será publicado en la página oficial de la Secretaría de Ambiente, como parte del proceso de transparencia exigido por el tribunal.

Desde la Fundación CAUCE adelantaron que continuarán monitoreando el cumplimiento de la sentencia y denunciaron la necesidad de que la provincia asegure el respeto a las normativas ambientales. “Nuestro compromiso es con la protección del arroyo El Salto y con la vigencia plena del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, indicaron.

Una tensión persistente

La audiencia en Aldea Brasilera volvió a poner en primer plano la tensión entre las actividades extractivas y la defensa del ambiente en Entre Ríos. Mientras organizaciones ambientalistas insisten en que la explotación minera no puede avanzar sobre áreas protegidas ni comprometer ecosistemas sensibles, sectores productivos y laborales remarcan la necesidad de preservar las fuentes de empleo.

El debate ahora queda en manos de la Secretaría de Ambiente, que deberá evaluar la información aportada y tomar una decisión en sintonía con lo establecido por el Superior Tribunal de Justicia.

El caso del arroyo El Salto se convirtió en un símbolo de esta discusión: por un lado, un ecosistema que vecinos y organizaciones consideran vital preservar; por otro, el interés económico de una empresa que busca ampliar la extracción de arena. En el medio, la comunidad local reclama certezas sobre los impactos sociales y ambientales de una actividad que, hasta ahora, dejó más dudas que respuestas.