Un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia promueve la forestación de banquinas en rutas provinciales para "mitigar los efectos del cambio climático". Sin embargo, generó rechazo de organizaciones ambientalistas y objeciones en la comisión de Salud del Senado que el mismo texto -que no obtuvo dictamen- prevé "permisos precarios" para la explotación productiva de las banquinas. La coordinadora "Basta es basta" calificó la iniciativa como "un nuevo intento por ampliar la legalidad de los envenenamientos masivos".

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(*) Documento de la coordinadora Basta es basta. En un nuevo intento por ampliar la legalidad de los envenenamientos masivos, nuestra legislatura intentará este martes 14 de diciembre aprobar un proyecto de ley que habilita la fumigación con agrotóxicos en las banquinas de nuestras rutas y caminos ( Proyecto 24501).

En dicho proyecto, escondido entre frases que aluden a sembrar árboles nativos para combatir el cambio climático aparece en el artículo 11  la autorización a las prácticas agroindustriales en las banquinas.

Las banquinas son los miles de metros cuadrados públicos donde la biodiversidad resiste el embate de las fumigaciones con agrotóxicos. Pretender ocuparlas también con monocultivos contaminantes significa condenar a muerte nuestros suelos, nuestras aguas y lo que nos queda de biodiversidad junto con nosotrxs. Significaría además viajar rodeados de venenos, envenenar incluso los árboles nativos que justificaría la ley, contribuir finalmente a empeorar el cambio climático que se pretendería disminuir y un nuevo acto de privatización de lo público en pocas manos.

Hagamos un poco de historia y veamos que esta ley retrocede en términos de justicia social y ambiental. La  provincia habilitó la fumigación en banquinas en el año 2004 mediante Ley 9583. Nunca fue reglamentada y su ejecución se ha llevado en forma desordenada y caótica. En buen tino, el Senado en 2014 con un dictamen donde se alega “la posible afección a la salud humana provocada por las fumigaciones que necesariamente ocurrirían …“ , intentó poner freno a estas prácticas nocivas (proyecto de los legisladores Natalio Gerdau (PJ-Gualeguaychú) y de César Garcilazo (PJ-Victoria). Dato importantísimo es que esta práctica ha sido prohibida a nivel Nacional; para caminos y rutas Nacionales; como asimismo muchas provincias, en forma paulatina la han profundizado; prohibiendo este tipo de práctica a los fines de garantizar la seguridad vial y fundamentalmente conservar los pocos corredores biológicos que cumplen la esencial función de ser fitodepuradores con los que contamos; sin dejar de mencionar la importancia fundamental como fuente de alimento para los polinizadores. Asimismo debemos resaltar que las banquinas son tierras de dominio público provincial y por tal carácter cualquier fin que se les designe, debe ser en pos de beneficios colectivos y no un acto más de privatización de lo común.

Otro tema que nos preocupa y ocupa es la necesidad de que nuestra provincia adhiera en forma efectiva a  Ley Nacional Nº 27.592, denominada “LEY YOLANDA. La provincia intenta aprobar su propia ley sobre Capacitación ambiental ( Expediente:  Nª 24309); pero ADHERIR a la nacional es medular atento a la importante plataforma y contenido que se está trabajando desde Nación; contenidos consensuados por organizaciones de todo el país, en foros democráticos de debate, que enaltecen a la institucionalidad democrática. Sería de gran valor para la provincia contar con ese respaldo como asimismo poder ser incluidos en los programas a desarrollarse; más aún siendo Entre Ríos una provincia tan fumigada, la educación que propicia la ley yolanda es fundamental para cambiar el modelo que nos enferma. 

Por lo expuesto proponemos: Celebrar la iniciativa de forestar las banquinas con vegetación nativa acorde al lugar;  prohibir la actividad productiva en estas zonas;  y adherir en forma expresa a la Ley Yolanda. 

Lo expresado representa la opinión y el reclamo  de más de 25 asambleas provinciales que trabajamos en forma conjunta, por un Entre Ríos  más justa a nivel ambiental y social.

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Organizaciones nucleadas en la Coordinadora provincial por una vida sin agrotóxicos, realizan este martes la ronda número 200 frente a la explanada de Casa Gris, a casi cinco años de la primera movilización. "¿Qué pedíamos? Lo mismo que seguimos reclamando, volver al cuidado de la vida humana y no humana, por nuestra salud y la de la tierra y por la de cada habitante y cada parcela de nuestra provincia", expresaron en un documento en el que insisten con la necesidad de la declaración de la Emergencia Ambiental en Entre Ríos.

El documento

Los 16 puntos escritos en 2017 conservan plena vigencia. ¿Qué pedíamos? Lo mismo que seguimos reclamando, volver al cuidado de la vida humana y no humana, por nuestra salud y la de la tierra y por la de cada habitante y cada parcela de nuestra provincia.

Esto es: declarar la emergencia ambiental en Entre Ríos, que se realicen  programas y monitoreos de salud pública, en especial sobre trabajadores rurales y población vecina de los campos fumigados, que se registren tumores y nacimientos con malformaciones y su ubicación geográfica, que se promuevan leyes efectivas para fomentar y proteger la agroecología, que se prohíban las pulverizaciones con insumos químicos sobre la población que contaminan los 41500 km de ríos y arroyos que surcan nuestra provincia y destruyen nuestro sistema inmune y nuestro suelo fértil.

Todos esos puntos fueron desoídos de manera sistemática por nuestro gobernador Gustavo Bordet quien recibió a la Mesa de Enlace pero nunca a quienes somos afectados por el modelo de negocios que lleva adelante ese sector. Tampoco lo hizo la Legislatura que deformó la Suprema Corte de ¿Justicia? de Entre Ríos para lograr vencer cinco sentencias favorables a la protección de niños y  niñas ante las fumigaciones, una causa sobre la que debe opinar la Corte Suprema de la Nación, impulsada por el Foro Ecologista de Paraná, el gremio docente y toda la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos.

Además de la causa en defensa de la gurisada y  los 16 puntos para transformar nuestro sistema productivo, sumamos la Iniciativa Popular para declarar la emergencia ambiental en Entre Ríos y que la agricultura a base de químicos sea declarada una actividad peligrosa para la salud y el ambiente (hoy todavía el Estado la considera una actividad no peligrosa). Para dejar atrás esta realidad, invitamos a firmar la iniciativa popular y hoy abrazamos la agroecología.

Publicado en Río Bravo el 9 de noviembre de 2021

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En sintonía con la "Acción mundial por el clima", que se desarrolla este viernes en numerosas ciudades de todo el mundo, organizaciones socio-ambientales y conservacionistas de los departamentos Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, realizarán un encuentro el próximo domingo, abierto a la participación de vecinos, para "visibilizar la situación de los humedales sobre el río Uruguay". Apuntan contra el avance de negocios inmobiliarios que provocan la destrucción de los ecosistemas y su biodiversidad.

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Vecinos y organizaciones de de Paraná, entre las que se encuentra la Asamblea Ciudadana Vecinalista participaron de una reunión con autoridades municipales para expresar su rechazo al proyecto de ensanche de boulevard Racedo, que implicaría una importante tala de árboles en la arteria mencionada. Aunque el plan de trabajo no se suspendió, las funcionarias presentes aceptaron la validez del planteo y se comprometieron a transmitir las inquietudes para que se considere la posible modificación del proyecto.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó en el Senado un proyecto de modificación del Código Penal en el que se destaca, entre otras medidas, la derogación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Con la norma impulsada se elimina el principio precautorio y tiene que haberse producido el daño para configurar delito.

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