En los departamentos de La Paz, Feliciano, Federal y parte de Federación late el corazón de la agricultura familiar de Entre Ríos. Allí se concentra la gran mayoría de los 8.500 pequeños productores provinciales —parcelas de entre 5 y 200 hectáreas—, de los cuales más de 3.000 están formalmente inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf).

Sin embargo, este mapa rural hoy atraviesa una transformación silenciosa pero devastadora. La combinación explosiva del avance de la agricultura extensiva, el achicamiento de la presencia estatal y la asfixia económica colocan a estas familias en una encrucijada crítica.

Para Pablo Benetti, ingeniero agrónomo con más de 20 años de labor territorial y referente de la Federación Nacional Campesina (FNC) en la provincia, la situación actual no admite grises. En diálogo con UNO Entre Ríos, advierte: "La situación es de total desamparo. Desde la Federación venimos denunciando la destrucción sistemática, eliminación o recorte de todos los programas, proyectos y lineamientos nacionales y provinciales hacia el sector".

Del desmantelamiento técnico a quedar "a la buena de Dios"

La retirada de las herramientas del Estado nacional se refleja en datos alarmantes. En Entre Ríos se pasó de contar con 60 técnicos dedicados exclusivamente a la agricultura familiar a no tener ninguno activo en el territorio. A esto se le suma el vaciamiento del INTA tras sucesivos retiros voluntarios. Las agencias de extensión en el norte provincial quedaron reducidas al mínimo: en La Paz sobrevive un solo técnico, en Feliciano una inminente jubilación dejará a un único agente, y en Federal el equipo se achicó de cuatro a dos profesionales.

Para un pequeño productor, costear asesoramiento privado es imposible. "La asistencia técnica es clave. Poder pagar un ingeniero agrónomo que vaya a visitarlos o a acompañarlos es impensable. Si no está el Estado garantizando ese acompañamiento, quedan a la buena de Dios", sintetiza Benetti. A esto se sumó la eliminación de herramientas históricas como el programa Cambio Rural y los aportes de incentivo productivo.

Producción ahogada: precios por el suelo y faena en el monte

En sus tierras, las familias campesinas producen hortalizas, ganadería menor (ovinos, porcinos, caprinos), avicultura y apicultura. No obstante, la rentabilidad se evaporó por el aumento de insumos y el derrumbe del poder adquisitivo.

El sector ovino refleja este cuello de botella: un kilo de cordero ronda los $9.000 y $10.000, llevando una pieza entera a los $150.000. "Una familia no lo está pudiendo comprar por la crisis", señala el referente agrario.

Ante la falta de infraestructura de faena legal en los pueblos del interior, la precariedad manda: "Hoy se faena colgado del árbol" por ausencia de políticas públicas sanitarias para la carne ovina y porcina. En paralelo, la subsistencia alimentaria y económica de muchas familias en el monte ha encontrado una alternativa de supervivencia imprevista: la caza del ciervo axis, que actúa tanto como fuente de proteína animal como de venta irregular para subsistir.

Cierres, caminos rotos y la brecha de género rural

La comercialización directa también sufre embates. En La Paz, la histórica Feria Zonal organizada por Agricultura Familiar, el INTA y el municipio —que funcionaba todos los sábados— fue cerrada por decisión política hace tres años y jamás reabrió. Los problemas se multiplican con la infraestructura vial: de cuatro huertas comunitarias gestionadas por la FNC en Colonia Oficial, solo dos resisten, conectadas por caminos rurales intransitables que obligan a recorrer 40 kilómetros para vender en la ciudad.

Este escenario golpea con dureza diferencial a las mujeres rurales. Sin acceso formal a la tierra ni a empleo registrado, muchas se ven forzadas a migrar de forma precaria hacia tareas de cuidado o limpieza en pueblos cercanos, mientras otras sostienen proyectos colectivos hortícolas y avícolas en predios prestados.

Concentración y extranjerización del suelo

El desplazamiento campesino no es coyuntural, sino un proceso estructural profundizado por la falta de una política nacional de colonización desde 1976. Sin créditos blandos ni subsidios para adquirir parcelas, el avance de los pools de siembra y la especulación no se detiene.

Según datos del Observatorio de Tierras (CONICET/UBA), el departamento de La Paz registra más de 53.000 hectáreas extranjerizadas (el 9,8% de su superficie), a lo que se suma la compra de campos por parte de empresarios urbanos y funcionarios.

"El ánimo es bajo, hay mucha bronca. Tienen que dejar de producir para alquilar su fuerza de trabajo a otros agricultores o venirse a la ciudad para poder seguir viviendo", grafica Benetti sobre el éxodo rural forzado.

Organización y resistencia

Frente al vacío institucional, la salida colectiva y la movilización se posicionan como el único dique de contención. Las cooperativas tamberas y citrícolas han amortiguado el golpe distribuyendo equitativamente los excedentes entre sus socios.

Para el sector, la salida requiere urgente una mirada política integral: una Ley de Arrendamiento, facilidades de acceso a la tierra, créditos a tasa subsidiada, ferias populares activas y la restitución del rol técnico del Estado. De lo contrario, advierten, el monte entrerriano corre el riesgo irreversible de vaciarse de las familias que históricamente lo habitaron y lo hicieron productivo.

Nota basada en el artículo original publicado en UNO Entre Ríos.