La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, dejó expuesta en plena sesión del Consejo Federal de la Hidrovía, la postura discordante de quienes advierten que en la administración, control y mantenimiento de la red troncal de navegación está en juego una cuestión de soberanía.

En la reunión realizada en Rosario, Kiciloff pateó el tablero y manifestó su oposición a una nueva concesión justo en el acto en que se ponía en funcionamiento el Ente Nacional de Control y Gestión de la hidrovía cuya tarea, según el decreto presidencial que lo creó, es –precisamente- licitar una nueva concesión privada.

En aquél encuentro, la posición del Ejecutivo entrerriano, expresada por la vicegobernadora Laura Stratta, se limitó al reclamo de "dragado a profundidades homogéneas", que consideró "central" para sacar la producción de la Provincia, como también "el dragado de acceso a los puertos públicos".

No es para menos el debate que busca instalar  un sector del oficialismo –y al que la Provincia parece mirar de reojo: de las instalaciones portuarias sobre los márgenes del Paraná salen entre el 75 y el 80 por ciento de las exportaciones de la Argentina. Las empresas concesionarias del servicio no sólo cobran un canon por el mantenimiento y señalización del canal de navegación sino que recaudan el peaje que pagan las firmas que transportan mercadería por esa vía.

Desde 1995, año en que la hidrovía fue privatizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem, el servicio quedó en manos de la belga Jan de Nul, actualmente asociada al grupo de empresas argentinas Emepa SA. La concesión se prorrogó sucesivamente hasta que en septiembre de 2021 entró en un paréntesis: desde entonces el Estado se hizo cargo transitoriamente del cobro de los peajes hasta el llamado a una nueva licitación. Con ese fin se conformó el Consejo Federal de la Hidrovía, aunque las diferencias de perspectivas se hicieron evidentes con la irrupción de Kiciloff.

Empresa estatal

En este marco, el diputado nacional Juan Carlos Alderete impulsa la creación de una empresa estatal con nombre Vías navegables argentinas sociedad del Estado, con la que apunta a contribuir a "la reorganización, el mejoramiento y ampliación de la infraestructura del Estado Nacional para la explotación de servicios de dragado, balizamiento, mantenimiento y toda actividad conexa o complementaria sobre las aguas territoriales de la República Argentina con el fin de mejorar su navegabilidad y garantizar los intereses estratégicos de la Nación".

La empresa cuya creación establece el proyecto tendría, entre sus principales funciones, la administración de la infraestructura existente para el dragado y balizamiento de vías navegables, la confección de proyectos para garantizar estas tareas y su realización y la percepción de peajes por la utilización de vías navegables.

En la parte argentina de la hidrovía –1635 de sus 3400 kilómetros– se recaudan 190 millones de dólares por año en concepto de peaje, aunque hay estimaciones según las cuales se fugan 20.000 millones de dólares entre el contrabando minero y el agrícola, debido a la falta de controles y a que el Estado argentino toma como válidas las declaraciones juradas que hacen las propias empresas en los puertos. Esto sin contar el uso del transporte fluvial para actividades ilegales, tal como quedó en evidencia con el misterioso hallazgo en Australia de un buzo muerto y 50 kilos de cocaína en un barco que había salido del puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Una discusión que intentan impulsar en la provincia

Este jueves, Alderete llegó a la capital entrerriana con el fin de difundir su iniciativa y buscar apoyos en una provincia donde, a diferencia de lo que parece ocurrir en territorio bonaerense, la reivindicación soberana y el reclamo de protagonismo estatal no cuenta con la venia o al menos no hay pronunciamientos al respecto de las autoridades políticas provinciales.

Sin embargo, la idea de un rol activo del Estado en torno a nuestras vías navegables cuenta con afinidades y apoyos dentro de la política vernácula: la diputada nacional Blanca Osuna acompaña con su firma el proyecto del dirigente de la CCC y, aunque sin haber hecho una manifestación específica al respecto, el exvicegobernador Hernán Orduna, vicepresidente 1º del consejo directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (conocido como Hidrovía) muestra posiciones afines.

De hecho, en un conversatorio realizado el año pasado en el ciclo La raíz del grito, que se emite los lunes en Radio UNER, Orduna manifestó en su intervención –citada parcialmente por Página Política– una posición contundente en torno al tema, incluyendo una reivindicación de soberanía: “En las barrancas del Paraná se ven pasar los trenes de barcaza con soja paraguaya y brasilera que no pagan peaje, mientras que la soja de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe sí lo hacen. Con lo cual, la falta de control está subsidiando la competencia de la producción argentina. Ya no es un problema de soberanía política, sino económica. Es muy grave”, dijo el funcionario en aquella ocasión, con expresiones también favorables a la construcción del Canal de Magdalena.

En búsqueda de interesar a sectores involucrados en la temática, construir una red de apoyo y ampliar el respaldo a su iniciativa, Alderete la escuela técnica N°100 de Puerto Nuevo, donde fue recibido por autoridades y estudiantes del establecimiento; lo hizo acompañado por el dirigente del PTP de Entre Ríos, Carlos Retamoza y el trabajador del Astillero Río Santiago y dirigente de ATE Ensenada, Ezequiel Antognini. También mantuvo un encuentro con autoridades del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento para finalmente cerrar con una charla en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto con el secretario general Oscar Muntes y con la dirigente de la CCC y el PTP de Entre Ríos, Silvia García.

Entre los asistentes al encuentro, con nutrida concurrencia de militantes y dirigentes de la CCC y el PTP, pudo observarse a referentes del peronismo local, como la propia Osuna (acompañada por su esposo, el ex titular de la UEFER, Carlos Molina). También estuvieron presentes la exdiputada Mayda Cresto y el ex secretario de la Juventud y actual representante del Enohsa en Entre Ríos, Nicolás Mathieu.

Alderete: "Hablamos de una cuestión estratégica"

Durante su visita por Paraná, Alderete mantuvo contacto con Río Bravo y, al ser consultado sobre la frecuente reducción del tema de la hidrovía, el dragado, el balizamiento y los peajes, a sus aspectos técnicos, señaló que "cuando se habla del Paraná lo tratan como si fuese un canalcito y realmente está a la altura del Mississippi, tiene una importancia enorme, tal que está considerado entre los más importantes del mundo. Estamos hablando de una cuestión estratégica, también para las divisas que necesita nuestro país, y por eso hablamos de una empresa del Estado".

El legislador sostuvo que "de allí se derivaría trabajo a los astilleros nuestros y es por eso que estuve también en la escuela que forma técnicos para la industria naval. Es la segunda escuela del país, que va a tener inclusive una pileta de preparación para medir las olas y que por allí se puedan fabricar también las barcazas", resaltó Alderete.

Más allá de la formalidad de su firma estampada en el texto –y la adhesión de otros legisladores– aseguró hay amplitud en su elaboración, con ideas y propuestas "de los trabajadores y de los gremios de la industria naval, tanto privada como estatal", y, tras destacar que fue "muy bien recibido" en por los distintos sectores con que mantuvo reuniones en Paraná, expresó que "queda abierto para hacer todas las modificaciones que sean necesarias, para que sean protagonistas todos, porque es de interés general".

Publicado en Río Bravo el 26 de mayo de 2022