De la redacción de Río Bravo
Con la llegada de las facturas que reflejan el bimestre de mayor consumo de energía eléctrica del año, la ola de calor apuntalada por la escasez de lluvias y la nueva segmentación tarifaria dispuesta por la secretaría de Energía de la Nación, que implicó que muchos usuarios dejaran de percibir los subsidios, comenzó a brotar el malestar por las abultadas cifras con que comenzaron a llegar las facturas.
El gobierno provincial, a través del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), dispuso la suspensión hasta el 30 de abril la suspensión "transitoria y excepcional" del aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) que entraría en vigencia a partir del 1° de febrero: "La reducción de los subsidios en los precios mayoristas de la administradora CAMMESA y la aplicación del programa de segmentación energética nacional, ha impactado fuertemente en más del 55% de los usuarios residenciales de nuestra provincia", argumentó el EPRE en la resolución 11/2023, dictada el 31 de enero.
Sin embargo, al día siguiente, la secretaría de Energía de la Nación emitió una Resolución por la cual incrementó los precios del Mercado Eléctrico Mayorista. En consecuencia, pese a la suspensión del incremento que estableció la provincia, el incremento de costos para las distribuidoras (Enersa y cooperativas eléctricas), habrá incrementos tarifarios.
Audiencia entre la Defensoría del Pueblo y Enersa
Ante la numerosa recepción de consultas y dudas planteadas por vecinos de Paraná debido a los incrementos con que llegaron las facturas y ya conocido el anuncio de Bordet respecto de la suspensión antes mencionada, la Defensoría del Pueblo pidió una audiencia con autoridades de Enersa, que se concretó esta semana: "Lo que ellos nos dicen que la decisión del gobernador de suspender el aumento es para el que estaba previsto a partir del 1° de febrero, no para las facturas que ya habían venido". dijo a Río Bravo la defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López.
En ese sentido, desde la empresa distribuidora de energía explicaron que la factura tiene tres componentes: "un 28% aproximadamente que es lo que cobra Enersa por el Valor Agregado de Distribución (VAD), que no sufrirá una suba en la próxima factura aunque sí en el otro porcentaje que es un 32 por ciento de lo que cobra CAMMESA, a quien Enersa le compra la Energía", indicó López, que aclaró que esos aumentos ya están dispuestos para las próximas facturas.
Esto traerá aparejado también una suba del componente impositivo de las tarifas que oscila entre el 40 y el 50 por ciento del total.
Por otro lado, López manifestó que sigue latente en las conversaciones con funcionarios, legisladores y usuarios la demanda de que la Nación incluya a Entre Ríos como zona cálida, "para que tengamos mayor capacidad de consumos de kilowatts subsidiados y no sólo 400 mensuales".
Kueider impulsa la reducción de costos y exige "tarifas justas"
Con el debate público como trasfondo, negociaciones en curso y normativas de un lado y del otro, el senador nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Edgardo Kueider, presentó un proyecto para reducir el costo de la tarifa eléctrica: "Lo considero justo, necesario y urgente, pero principalmente tiene que unirnos a los entrerrianos en una lucha en común", comunicó a través de sus redes sociales.
Cabe mencionar que fue el propio legislador el que, en junio de 2021 promovió una iniciativa para implementar beneficios tarifarios en el consumo de energía eléctrica para las Zonas cálidas del país, que incluye usuarios de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Salta y Tucumán.
Esta semana, el senador entrerriano presentó una nueva iniciativa que propone: reducir el IVA del 21% actual al 5% para familias y del 27% al 10,5% a usuarios no residenciales, la prohibición del cobro de cargos extra como la tasa de alumbrado público por parte de las distribuidoras; el incremento del 12% al 20% en las regalías que perciben las provincias productoras de energía eléctrica, que deberán ser utilizadas para la reducción de la tarifa; aumento del precio que cobra Salto Grande por la energía producida y el uso de la mitad de ese incremento para reducir la tarifa.
Asimismo el texto invita a provincias y municipios a adoptar medidas para contribuir a disminuir la incidencia del costo impositivo sobre el precio de la energía eléctrica.
