Durante el fin de semana del 6 y 7 de abril se realiza el festival Elijo Crecer, primer festival federal en defensa de la ciencia y la tecnología que se hace en Argentina con más de 60 nodos en todo el país, incluyendo uno en la capital entrerriana.

El gobierno nacional sigue golpeando a la educación pública, en el inicio de otro mes agitado con masivo despido de estatales, inflación violenta, más hambre y represión. Ante la medida nacional, AGMER adhiere al paro y marchará a la Casa Gris a partir de las 10.

La segunda ciudad más importante de la provincia, por población y por su influencia en mercados como el citrícola, el de arándanos y el maderero; es a la vez la segunda ciudad con más pobreza y desocupación del país. En ese marco, el gobierno municipal del PRO aplica una política agresiva de ajuste y hasta se enorgullece del cierre de comedores populares, denuncian las organizaciones sociales.

En medio de frases provocativas, el vocero Manuel Adorni anunció el cierre, por parte del Gobierno nacional, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, con descalificaciones a los trabajadores y al rol del organismo. 40 técnicos quedarán sin trabajo y miles de productores sin asistencia.

Las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei entraron con motosierra en todos los ámbitos públicos y la universidad no es la excepción. Con muletillas como "no hay plata", ocultan una brutal transferencia de ingresos de trabajadores formales, informales, cuentapropistas y pymes a los sectores más concentrados de la economía para lograr el mentado "déficit cero" y tratar de achicar la inflación.

Ni la pandemia, ni el ajuste de Macri, ni los años más flojos de los gobiernos kirchneristas tuvieron el efecto en los bolsillos de los trabajadores que tuvo, en dos meses, el gobierno de Milei. Los datos son alarmantes y auguran, si no hay un cambio de rumbo, tiempos que pueden transformar la desesperación y la incertidumbre en violencia social.

Cada día, llegaba a nuestras casas el boletín informativo de la red de radios nacionales que cerraba anunciando que había sido producido con noticias "de nuestros cronistas y de la agencia noticiosa Telam". Desde hace casi 80 años, Telam (Telenoticiosa Americana) es una de las principales fuentes de las que se nutren periódicos, radios y portales de noticias públicos y privados de todo el país. Es la única agencia nacional de noticias de propiedad estatal.

El Ministerio de Seguridad tiene 72 horas para presentar un informe ante la Justicia. El juez Sebastián Casanello le solicitó a la ministra de Seguridad un informe pormenorizado que explique con qué fundamentos jurídicos se elaboró el protocolo antipiquetes. Mientras, Bullrich lanzó una nueva ofensiva para que las organizaciones políticas y sociales paguen los operativos

La comunidad educativa se hace oír frente a los planteo de privatización y ajuste que proponen algunos sectores. La Multisectorial en Defensa de la Educación Pública y Gratuita, conformada hace dos semanas, sale a la calle para abrir la discusión a la población sobre la importancia de este derecho.

La sanción de la Ley de Emergencia Social, proyecto del gobierno de Bordet convertido en ley el jueves último en el Senado, generó una fuerte oposición en el colectivo docente de la provincia (y más allá también). La contradicción es particularmente con los artículos 4, 5 y 6 de la ley, ya que los mismos afectan el salario de miles de docentes que, de bolsillo, cobran más de 59 mil pesos (aunque el texto normativo hable de 75 mil, en alusión al monto nominal que figura en los recibos de haberes). Además, generó particular rechazo la creación de un aporte extraordinario de las y los jubilados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en abierta contradicción con lo que marca la Ley Previsional N°8732 al respecto.

La oposición a la norma se planteó fuertemente desde AGMER en general, con una decisión unánime de los secretarios generales de seccionales, definiendo un paro virtual de tres días y la amenaza de no volver a las escuelas cuando se defina la presencialidad, si no se revisa la norma. Por su parte, AGMER Paraná y otras seccionales se movilizaron, respetando las medidas de cuidado de la salud pública, los dos días en los que el proyecto se trató, en diputados y senadores, y realizaron sendos actos frente a Casa de Gobierno.

Esta lucha, desde ya, no es exclusiva de los docentes (aunque el rechazo en este sector generó un particular consenso). El sindicato de las y los trabajadores de la educación ha golpeado así en unidad con otros sectores de trabajadores y de la sociedad, especialmente en el marco de la Multisectorial de la provincia.

CTERA se suma al repudio

Esta vez el descontento generado no quedó exclusivamente en las medidas sindicales locales, ya que la propia CTERA, a nivel nacional, adhirió al repudio y se expresó respecto de la situación que preocupa y moviliza a las y los docentes en nuestra provincia. “CTERA rechaza el ajuste previsional que pretende aplicar el Gobernador de Entre Ríos y acompaña la lucha de los compañeros y compañeras de AGMER”, dice el texto y no deja margen de dudas al respecto.

El comunicado de la confederación nacional de las y los trabajadores de la educación se concentra en criticar los artículos 4, 5 y 6 de la ley, ya que su aplicación significaría “un saqueo al bolsillo de trabajadores y jubilados”. Así, en consonancia con el reclamo de los sindicatos entrerrianos y de la Multisectorial, exige al gobierno provincial que la crisis no la paguen las y los trabajadores: “Rechazamos de plano que la crisis se descargue sobre lxs trabajadorxs, por el contrario los sectores más ricos de la provincia son los que deberían hacer un mayor aporte para afrontar los efectos de la pandemia y generar el inicio de un sistema más justo de distribución de la riqueza.”

Supervisores de Concordia

Por su parte, en el Departamento Concordia se expresó un colectivo que raramente se manifiesta por cuestiones políticas y, mucho menos, en contra de la voluntad del poder ejecutivo provincial. Así, el equipo de supervisores de primaria (que en jerarquía están por encima de los directores de escuela) elevó una carta a Bordet en la que le piden que revea la medida convertida en ley, con la que “literalmente han destruido cualquier intento de esfuerzo por dar lo mejor de sí de los actores institucionales, haciéndonos sentir castigados por dar lo mejor en pos de la sociedad y principalmente por los primogénitos de los derechos que son los niños”.

El texto de los supervisores plantea un reconocimiento del trabajo docente en el contexto de pandemia, en contraposición al “castigo” que representa la ley sancionada: “Desde el primer día de este aislamiento, todos hemos duplicado las horas de trabajo y gastos de nuestro propio bolsillo para mantener con esfuerzo y compromiso la escuela presente en cada hogar, hasta el punto de poner en peligro la salud en pos de conseguir atraer a los alumnos sin conectividad y para garantizar los vínculos con las familias, adaptando la educación en la no presencialidad en los diversos y diferentes contextos institucionales, con ausencia de conectividad gratis. Cada docente, directivo, supervisor tuvo que sostener y financiar, junto a las familias, la actividad virtual que conlleva gastos extra de servicios de internet, dispositivos electrónicos y tecnológicos, mantenimiento de estos, sumado a gastos de traslado para poder hacer llegar las actividades y propuestas pedagógicas a los niños y familias carentes de recursos, en zonas rurales, suburbanas y periféricas, además de asegurar el derecho a la alimentación, con la atención de comedores escolares (que no es inherente a la función y que aún así los equivos directivos continúan trabajando para sostener estos derechos para los niños y familias más vulnerables). Así, podemos seguir detallando muchas situaciones”. Y cierran pidiendo: “Solicitamos tener la empatía y obligación de asumir por parte del Gobierno estos gastos y hacerse cargo de ellos sin trasladarlos a los trabajadores en descuentos y que se valore la labor sostenida que con tanto empeño se está realizando por los docentes”

Publicado por Río Bravo, el 5 de julio de 2020.