Los datos son unánimes, no importa quién los mida. Obviamente existen consultoras más afines al gobierno que eligen presentar en primer plano aquellos números que menos lo perjudican, al menos desde su lógica y autopercepción; pero aún en esos casos, hurgando en la letra chica, la situación es indisimulable. En solo 100 días de gobierno, Milei y su equipo lograron números en la pérdida de salario real y en la contracción de la economía también real y el parate en la actividad, que nos retrotraen a los meses de comienzos de 2003, posteriores al estallido (de la convertibilidad, del gobierno y del país) de diciembre de 2001 y la disparada del dólar de comienzos de 2002.

La industria, en enero, se contrajo 12,4%; la construcción se derrumbó 21,7% (la peor caída desde la pandemia, cuando por motivos de salud pública nos vimos obligados, entre otras cosas, a dejar de construir); y los salarios, en enero también, tuvieron la mayor caída en 21 años. Los salarios, de acuerdo con el índice RIPTE, perdieron 22,2% interanual (enero a enero), pero de ese 22 y pico, 17,9% de la caída del poder adquisitivo del salario promedio de los trabajadores corresponde a los dos meses de gobierno de Milei.

Desde ya que la caída del salario real en el sector formal tiene su principal razón en la estampida inflacionaria que siguió a la megadevaluación oficial de diciembre (ya anticipada con las corridas forzadas del “blue” tras el triunfo del libertario en medio del período de transición). En términos concretos, esto quiere decir que en los primeros dos meses de la gestión libertaria, los salarios perdieron casi la quinta parte de su capacidad de compra. Un deterioro de una brutalidad que no se veía desde hace más de 20 años, tras la “crisis de 2001”, más precisamente a marzo de 2003, cuando todavía se sentía con fuerza el impacto del salto cambiario del desarme del uno a uno y la crisis de 2001-2022.

La Secretaría de Trabajo publicó en las últimas horas el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), un indicador salarial que se utiliza como base de cálculo para la fórmula de movilidad jubilatoria y para las indemnizaciones por accidentes laborales. A los motivos para esta caída abrupta ya planteados se suma la decisión del gobierno nacional de tirar para abajo las negociaciones en paritarias, incluso amenazando no homologar las más altas (que apenas logran recuperar lo perdido en la capacidad de compra del salario en los últimos meses). La idea del gobierno de que los aumentos salariales empujan la inflación (que paradójicamente fue la mayor en décadas justo cuando los salarios estuvieron planchados), lo lleva a intervenir en la discusión del “libre mercado” jugando alevosamente a favor de las patronales.

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, dice aquí que el índice de precios al consumidor (IPC) muestra a las claras que hasta los mayores aumentos conseguidos por los sindicatos más fuertes “siguen corriendo de atrás a la inflación”, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo.

Así, el salto cambiario, sumado a la liberalización total de la política de precios, provocaron que la capacidad de compra de los asalariados formales se hunda un 17,9% en apenas dos meses, un retroceso que se acerca al 20,9% que cayó el salario real durante los cuatro años completos de Mauricio Macri.

Según cálculos de Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, que publica en la nota citada Ámbito Financiero, la agudización del deterioro de los ingresos llevó a que el RIPTE de enero, medido en moneda constante, volviera al nivel de mayo de 2005, es decir, 19 años atrás. Según el índice RIPTE, el salario bruto promedio fue de $555.269 en enero, que en términos netos equivale a alrededor de $460.000. Así, un salario formal promedio quedó 23% abajo del costo de la canasta básica total para un hogar tipo de cuatro integrantes (que en enero fue de $596.823), es decir, de la posibilidad de evitar que su familia no se ubique en situación de pobreza.

La pregunta es cuál es el desenlace de esta rápida historia vivida en estos cien días. De la caída de los salarios reales en la crisis de 2001-2002 se salió con una fuerte recuperación, con apuesta al mercado interno, durante los gobiernos kirchneristas de 2003 a 2013 (recuperación que se interrumpió en los últimos dos años del último gobierno de CFK). La pendiente en baja más pronunciada, de todos modos, arrancó en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, con el regreso del FMI al monitoreo de nuestras cuentas y políticas internas. Este descenso se desaceleró en el gobierno de Alberto Fernández (pandemia y crisis internacional mediante) pero no se detuvo, y ahora pegó un envión inaudito en los dos primeros meses del gobierno de Milei.

¿Cuánto más aguantarán perder los trabajadores (formales, informales, autónomos, desocupados, jubilados; trabajadores al fin)? ¿Cuánto más soportarán no vender los comerciantes y las pymes en general? ¿Cuánto más tolerarán no cubrir de sus necesidades más básicas las familias y los barrios más postergados del conurbano bonaerense y los cordones de las grandes ciudades del interior del país? ¿Cuánto más la verán pasar por al lado los chacareros y pequeños y medianos productores agropecuarios? ¿Cuánto más resistirán las industrias y empresas que ya no tienen ni obra pública ni mercado interno pujante a quien vender? ¿Cuánto más sobrevivirán los restaurantes, cines, teatros, boliches, librerías, y rubros no indispensables en general, que son los primeros “recortados” cuando el bolsillo adelgaza y la heladera no se llena?

En enero se vendieron 7% menos medicamentos recetados y 6% menos de combustible. También cayó la venta en términos reales de alimentos, incluyendo lácteos. Y en breve se vienen los tarifazos en servicios que buscarán en tres meses hacer lo que Macri quiso y no pudo hacer en años. Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el primer bimestre del año el recorte real del gasto primario fue del 33,6% interanual. Del ajuste total, las jubilaciones y pensiones aportaron el 43% y los salarios de los estatales, el 5%. El impacto de la licuadora sobre los haberes es tal que “un jubilado con la mínima va a terminar marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto al mismo periodo del año 2023”, advirtió el IARAF. Obviamente esta caída en los consumos también se hace sentir del otro lado del mostrador, sobre todo para quienes tienen menos espalda: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), relevó una caída de las ventas minoristas en pymes del 25,5% interanual en febrero. Además, el INDEC informó este miércoles un desplome del 12,4% interanual en la actividad industrial durante enero y del 21,7% en la construcción, afectada por el parate de la obra pública. Y los indicadores adelantados de febrero muestran una continuidad de las caídas: el patentamiento de motos (13,7% interanual) y el de autos (18,7%), la fabricación de vehículos (19%), la venta de insumos para la construcción según el Índice Construya (29%) y la recaudación de IVA DGI (12,6%).

Con perspectivas para que lo que resta de este año que, por ejemplo, en el caso de la Fundación Capital, la consultora fundada por Martín Redrado, incluyen una pérdida del poder adquisitivo de los asalariados formales del ámbito privado de otro 10,5% interanual (sumado a lo ya perdido); ¿cuál es el desenlace de esta historia?

Publicado por Río Bravo el 9 de marzo de 2024.