El presidente Milei llegó una semana después y observó la zona desde arriba, en un viaje en helicóptero con el gobernador Martín Llaryora. Más de 800 bomberos y brigadistas combaten la crisis con recursos escasos y presupuesto recortado. “Hasta ahora no pasó algo tan terrible como la muerte de personas, pero en cualquier momento puede pasar”, advierte Juan Pablo Argañaraz, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. La mala noticia: todavía resta para que termine la temporada alta de incendios en la región.

Aunque los recursos ambientales son de las provincias, el gobierno nacional dispone de un presupuesto anual para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que apunta a la prevención y el combate de este tipo de problemas. Sobre esto dijo en sus redes sociales la expresidenta Cristina Fernández: “Desde el 10 de diciembre del 2023, el Gobierno Nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”. Fue recién en el período abril-agosto que se ejecutó el 40 por ciento de la partida disponible (12 mil millones de pesos). El dinero, por lo tanto, está: el asunto es ejecutarlo en tiempo y forma, porque cuando de ambiente se trata, la relevancia recae en la prevención.

Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, opina: “Creo que lo de Milei es todo malo, es un espanto. Como perdimos el concepto de nación, se ponen de relevancia las decisiones políticas de cada provincia. Hay que pensar que el presidente parte de una lógica de negacionismo climático, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el ambiente es un desperdicio de recursos”. Y continúa: “Según la última presentación de presupuesto para 2025, hay un 2,5 por ciento que debería asignarse a políticas ambientales de acuerdo a las leyes. Sin embargo, se propone menos presupuesto, y ya no habrá una partida destinada a que cada ciudadano realice un manejo adecuado de su bosque”.

Calor, sequía y viento: el combustible perfecto

Riveros fue intendente de Villa Ciudad Parque (2019-2023) y se destaca por su actividad en las luchas ambientales contra Monsanto y las fumigaciones con agrotóxicos. Cuando asumió Llaryola, lo convocó para el cargo que hoy ocupa. Así analiza la situación actual: “El principal objetivo que nos trazamos es apagar el fuego. El clima es fundamental: uno puede tener 25 aviones hidrantes, pero si hay viento no puede volar ninguno; podés tener mil bomberos, pero si tenés una ráfaga no la parás con nada. El ministerio de Seguridad de la provincia maneja el Plan del Fuego y la colaboración comienza a llegar desde Nación y de otras provincias como Buenos Aires”.

El cambio climático como problema estructural también tiene su parte: con La Niña ya desarrollándose, las sequías se profundizan en esta parte del globo. En Córdoba, las altas temperaturas de la última semana y el viento fueron los otros componentes que aceleraron la propagación y dificultaron su combate.

Melisa Giorgis, investigadora en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del Conicet, apunta: “Probablemente, los próximos cinco días haya algún otro fuego. Se vienen jornadas con mucho calor y con mucho viento norte. Cuando tenés un año en que se queman más de 50 mil hectáreas, es un año con impactos muy fuertes en el ecosistema en general y cuestiones económicas en particular. El primer fuego en Calamuchita y el segundo en Capilla del Monte fueron los que provocaron el incendio de más de 20 viviendas. Es gente que ha perdido todo, a causa de este megaincendio. Puede haber reinicios de fuego, por lo tanto no sabemos lo que pueda pasar en los próximos días”. La investigadora utiliza el concepto de “megaincendios” porque así se denomina a los fuegos que se propagan más allá de las 10 mil hectáreas.

Según los expertos consultados, se requiere de una mayor cantidad de brigadistas para atacar los focos rápidamente, antes de que los problemas se conviertan en conflictos inabordables con los recursos escasos con los que se disponen. Para ello, contar con sistemas de alerta temprana es fundamental. La ciudadanía, a su vez, ha conformado sus propias brigadas y colabora en la logística, en la protección de casas y en otras fases para ayudar a mitigar el problema.
Argañaraz comenta: “Hay que estar muy atentos al incremento de las temperaturas porque el pronóstico para los próximos días indica eso. El Servicio había anunciado que estaríamos en presencia de una primavera más seca y cálida, con lo cual no es alentador lo que se viene. Es posible que esto empeore”. Y sigue con una distinción del incendio de este año con respecto a lo sucedido temporadas atrás. “A diferencia de otros en los que también se quema muchísima superficie, en este caso puntual se dañaron casas. Las imágenes son desoladoras, nos conmueven a todos. El impacto social es más grande”. En Córdoba se registra, cuenta Argañaraz, un avance de la urbanización sobre la sierra y zonas con vegetación. Si hay más población, hay más viviendas expuestas al riesgo de incendios.

Culpas y leyes

Más allá de que se estima que el 95 por ciento de los incendios es provocado por la acción humana (ya sea negligencia o accidentes), detrás del problema hay dos factores que se vinculan al modelo productivo y que serán difíciles de erradicar: productores agropecuarios por un lado y especuladores inmobiliarios por otro, que buscan sacar provecho de la tierra arrasada.

Bajo esta premisa, Riveros, plantea: “Es importante analizar qué pasará con el uso del suelo de la tierra arrasada. Hay dos leyes: una es la 9814 de la provincia, que legisla sobre el ordenamiento territorial de bosque nativo que, básicamente, no permite el cambio de uso del suelo. La otra es la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020 a nivel nacional. Ambas se complementan”, dice Riveros, también presidente del Movimiento Verde Cordobés, un espacio político provincial. Según las normas, se denomina “cambio de uso del suelo” a “cualquier proceso que implique una alteración severa total o parcial del bosque para su reemplazo por otro tipo de ambiente rural y su adecuación a una actividad productiva de tipo agrícola extensiva, urbanística o minera”. De manera complementaria, sigue vigente la Ley de protección ambiental de bosques nativos (26.331) sancionada en 2007, que establece planes de manejo y conservación sostenible.

Riveros explica la aplicación de estas normas mediante un ejemplo. “Hoy por hoy si te agarran prendiendo fuego un bosque es considerado un delito penal. De hecho, se está pensando en endurecer las penas. No se permite el cambio de uso de suelo: si tenés un bosque categorizado en zona roja, es decir, de alta conservación, y lo dejás pelado luego de incendiarlo, no podés usarlo para otro fin”. El interrogante que se abre, entonces, es el siguiente: si existen leyes que regulan el cambio de uso de suelo y se cumplen, ¿en dónde radica la presión agropecuaria e inmobiliaria al quemar zonas para su posterior lucro? Según Riveros, se sustenta en que las leyes no son respetadas y, al mismo tiempo, hay una embestida por parte de estos actores porque intentan modificar el mapa de categorización del bosque.

Con los productores agropecuarios, de hecho, el conflicto tiene varios capítulos. Riveros menciona el último. “El 15 de septiembre, es decir 6 días antes del inicio del fuego, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, vinculó los incendios históricos que suceden en la provincia al ordenamiento territorial y al bosque nativo como combustible de fuego. Un delirio total, según ese relato deberíamos erradicar cualquier tipo de bosque”, comenta. Después sigue: “El negocio inmobiliario dice que hay zonas categorizadas como rojas y que en realidad corresponden a loteos ya preexistentes”. Córdoba cuenta con 427 municipios y comunas, por lo cual, en muchos casos se reportan subdivisiones informales o urbanizaciones espontáneas que escapan a cualquier tipo de regulación.

La necesidad de un Estado fiscalizador

Giorgis agrega su punto de vista al asunto y matiza la versión de Riveros. “Al menos en Córdoba, los productores agropecuarios ya no tienen más lugar para avanzar, ya está todo cultivado”. Luego, con respecto al mercado inmobiliario, expolica: “La Ley de bosques no permite el cambio de uso porque esté quemado. Tienen muchísimos otros escenarios en los que avanza el mercado inmobiliario sin necesidad de quemar nada”. Con otros escenarios, se podría pensar en que la expansión es tanto más provechosa en el Gran Córdoba que en las sierras.

De esta manera, también hay que tener en cuenta que los incendios pueden provocarse, sencillamente, porque alguien hace un asado o una fogata en una zona indebida. Las sierras cordobesas son “interfase”, esto es, las comunidades se mezclan con la vegetación. A más personas en la naturaleza, más riesgos de que alguna crisis se desate. Para Giorgis, el gobierno provincial debería tomar cartas en el asunto. “Pienso que Córdoba debería tener una base de datos para conocer dónde se inician los fuegos y por qué razones. Hay una multiplicidad de factores: gente a la que le gusta prender fuego y han ido a la cárcel por ello; están los que queman ramitas, los que hacen asados. La discusión, sin embargo, es que las autoridades no están teniendo ninguna estrategia preventiva ni integral de manejo del fuego. Si no tenés en claro el diagnóstico, no podés atacar el problema”, sostiene.

“Lo que falta por parte del Estado es fiscalización. Si bien la intencionalidad no se puede ver mediante imágenes satelitales, a veces se ha observado cómo un pedacito de un campo no fue quemado y luego, al otro día, esa quema se completa. Ello indica que claramente, hubo una intención por parte de su propietario”, explica Argañaraz. Asimismo, completa: “Necesitamos que las campañas de prevención sean más educativas. Por ejemplo, las recomendaciones para que la gente sepa a qué distancia debería instalar sus casas de la vegetación existen, pero no son claras y no llegan a las personas. Muchos viven en zonas riesgosas y no lo saben”.

El agua, un problema hecho cenizas

Un tema subyacente y muchas veces no abordado es lo que sucede, ante cada incendio, con las cuencas hídricas. Así lo explicita Riveros: “El problema del bosque no es solo el bosque nativo, sino el agua. La cobertura vegetal es la fuente hídrica, la esponja, de la provincia de Córdoba”.

Giorgis comparte su explicación científica: “Cuando cae la lluvia del verano sobre esos suelos quemados, los sedimentos se arrastran y ello termina en los diques desde donde los habitantes de toda la provincia toman agua. Las cenizas tienen un PH más ácido, entonces, complican la potabilización del agua inmediata, y toda esa materia orgánica que queda sin quemar, llena de fósforo y nitrógeno nuestros lagos. A largo plazo, el efecto es el afloramiento de algas”.

Desde aquí, Giorgis se refiere a una experiencia en primera persona. En 2011, el dique La Quebrada de Río Ceballos, localidad en que la investigadora vive, se colmó de cenizas. Una lluvia arrastró los sedimentos que se habían generado luego de un incendio que afectó al 70 por ciento de la cuenca de la región. “Se debió cerrar la planta potabilizadora porque había toneladas de cenizas que cubrían el lago”, recuerda.

Argañaraz habita en Alta Gracia, jurisdicción cuyo intendente anunció la declaración de la emergencia hídrica, porque el nivel del río estaba bastante por debajo del caudal esperado para esta época del año. “Imaginate si a la poca agua que tenemos, además se suma el arrastre de cenizas por el incendio, la cosa estaría mucho peor”, destaca.

Así es cómo en la naturaleza está todo encadenado. Son los seres humanos los que siempre buscan ver separado lo que va junto. Pero lo cierto es que los problemas que afectan a los ecosistemas complican la vida en el planeta de manera integral.

Autor: Pablo Esteban / Fuente: Página 12 / Publicado en Río Bravo el 1 de octubre de 2024