Desde el 1° de abril, rige la obligación para todos aquellos comercios, prestadores de servicios y profesionales que operan con consumidores finales, de aceptar pagos con tarjeta de débito. La medida rige para todas las compras que excedan los 10 pesos con el objetivo, según la Afip, de favorecer a los consumidores y combatir la evasión fiscal.

Durante este mes, inspectores del organismo fiscal visitarán los locales y si, luego de un primer aviso, no se adaptan a la nueva normativa, aplicarán sanciones de dos a seis días de clausura.

Más allá de las razones explicitadas por el Gobierno, existe preocupación en diversos sectores sobre cómo la implementación de esta medida puede afectar el desarrollo de sus actividades.

Desde APYME afirmaron que la medida en sí, “de implementarse adecuadamente, puede resultar una herramienta válida para impulsar las ventas, beneficiar al consumidor y facilitar la formalización de la actividad”.

La entidad que representa a pequeños y medianos empresarios consideró que no tendrán mayores problemas para adecuarse a su aplicación negocios establecidos, con antigüedad y ubicados en zonas comerciales. Sin embargo, alertaron sobre “el vasto universo de negocios pequeños, micro, barriales, emprendimientos, jóvenes profesionales y todos aquellos segmentos de baja facturación comprendidos en la norma y a los que no se contempla como exceptuados, hecho que debería considerarse en las condiciones que establece la disposición de AFIP”.

En este marco, señalaron que para quienes trabajan “en la línea de la subsistencia”, resulta “desproporcionado” afrontar un costo mensual por el lector de tarjetas, además de que su utilización requiere teléfonos, en su mayor parte celulares, lo que implica un costo adicional  para el comerciante o prestador de servicios que se desempeña en condiciones precarias.

A eso se suma la tasa de interés que deberán afrontar, del 1,1% para operaciones al contado, el mismo porcentaje que se aplica a las grandes cadenas de supermercado, por ejemplo. “Esta tasa no tiene justificación salvo por la conveniencia de los bancos, que acreditan las operaciones  a las 72 horas con el antedicho descuento en lugar de hacerlo dentro de las 24 horas”, cuestionó APYME.

Por eso, la entidad sostuvo que esta medida “no puede aplicarse a todos por igual sino equitativamente” y planteó la necesidad de establecer “un claro criterio de segmentación para que un potencial beneficio para todosno perjudique precisamente a los negocios chicos, barriales, cuentapropistas y profesionales, indispensables para sostener la actividad económica local”.

“La norma actual desconoce tal realidad, lo cual agravará aun más la situación fiscal de las pymes, que ya vienen padeciendo incremento de tarifas, ahogo financiero y fuerte caída de la demanda, reclamos no escuchados por las autoridades”, advirtieron finalmente.