El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) dialogó con Río Bravo sobre las preocupaciones del sector por los lineamientos económicos de La Libertad Avanza. “Todo entraba barato pero nos hacía pedazos y quitaba trabajo a los argentinos”, recordó sobre la apertura indiscriminada de importaciones del menemismo.

Las pequeñas y medianas empresas de producción, servicios y comercio, dan vida a la economía de ciudades y pueblos a lo largo y a lo ancho de todo el país, ocupando (según cifras de APyME) el 80% de la mano de obra, en algunos casos con gran desarrollo tecnológico y en otros con gran generación de empleo.

El mercado interno como condición para el desarrollo

“Su contribución a la estabilidad económica y al crecimiento es clave y lógicamente hay una mutua relación entre la existencia de la pyme y el marco en el cual tiene que crecer”, dijo Alfredo Caíno, titular de la entidad que aglutina a miles de firmas.

Ese marco, machacan siempre desde APyME, es la existencia y el fortalecimiento de “un mercado interno dinámico apto” en el que “haya capacidad de quienes requieren la prestación de los servicios y los productos que las pymes ofertan”.

Es decir, consumidores con ingresos que le permitan una capacidad de compra para adquirir los productos y servicios que las pymes generan; mayoritariamente los trabajadores asalariados.

Desde la entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas entienden que esta dinámica es posible con el Estado como “artífice de la estrategia para el crecimiento integral y con una orientación que haga que las mayorías del país sean las beneficiarias de todo el esfuerzo que realizamos los argentinos”, sostuvo Caíno en diálogo con Río Bravo.

Dejar pasar, dejar hacer (¿a quiénes?)

Sin embargo, estos criterios, con el Estado con un rol central en la planificación económica son la antítesis de las propuestas con las que Javier Milei resultó electo presidente y que ya empezó a esbozar en estos días de transición de cara a su asunción, el 10 de diciembre: “Hay quienes dicen ‘el Estado no tiene que participar’ y sostienen y cada uno queda librado a las fuerzas del mercado, un mercado que no lo constituimos la mayoría”, dijo con preocupación Caíno, propietario de una pequeña imprenta que durante décadas llevó adelante sus actividades en la esquina de calles Paraguay e Italia, de la capital provincial.

En ese marco, el empresario pyme recurrió a un ejemplo concreto del impacto que podría tener la apertura indiscriminada de importaciones sobre la economía nacional: “Si yo tengo una fábrica de broches de ropa y a mi me abren las importaciones y entran broches a la mitad del valor al que lo podemos generar en la Argentina, por un montón de circunstancias que no son producto de la aptitud de otras latitudes para la producción sino de otro tipo de ventajas, a nosotros, esa importación indiscriminada que plantea por ejemplo la actual propuesta de Milei, indefectiblemente nos lleva al quebranto en corto plazo porque es insostenible”.

Frente a ese panorama, la respuesta de los referentes económicos de La Libertad Avanza -tal como expresó Darío Epstein en la jornada por el Día de la Industria que se realizó en septiembre en Paraná- es buscar otros nortes, reconvertirse o cambiar de actividad.

Sin embargo, las consecuencias no se limitan a la propia empresa: “Junto con la empresa que decae y se va hay gente que se queda sin laburo, el mercado interno sufre la debacle producto de que hay gente que se queda sin capacidad adquisitiva porque no van a ser consumidores. Esto provoca un crecimiento de una bola de nieve que va generando más quebrantos”, alertó Caíno.

Por eso, el titular de APyME Entre Ríos expresó que cuando se plantea el desentendimiento del Estado como herramienta articuladora y orientadora, “cuando se habla de que la política impositiva no va a existir y por ende no va a haber recursos para que el Estado financie desarrollos productivos o tecnológicos a través de créditos subsidiados, cuando se plantea que en política laboral se va a liberar el mercado o se va a quitar derechos a los trabajadores, sabemos donde termina porque todos los países limítrofes que viven en situaciones de estas características, tienen una clase trabajadora lamentablemente diezmada, liquidada, sin capacidad de reacción y las pymes son tan víctima como todos estos sectores”.

Déjà vu

Caíno avizora un panorama sombrío para las pymes si son “dejadas al libre juego de los vientos del mercado, donde lógicamente no les interesa que Argentina crezca industrialmente, porque a la vez estamos insertos en un mundo que no sabe qué hacer con su producción; hoy las multinacionales están levantando en muchos lugares sus producciones para concentrarla en los lugares que les resultan más convenientes desde el punto de vista de menores costos fiscales, laborales, fiscales, de logística, ya que no pueden tener una fábrica en Argentina y otra en Brasil porque saturan el mercado, por el hecho de que la incorporación de tecnología, la robótica y la cibernética han hecho que la capacidad de producción se multiplique”.

En ese contexto, advirtió que si Argentina abre sus puertas a la libre importación “no tenemos posibilidad ni con dos, cinco ni diez años, pero no por incapacidad de los argentinos sino porque en otros lados hay proteccionismo y hay formas para apoyar con créditos, financiación y apoyo de todo tipo para que sus empresas invadan y puedan ocupar lugares como el nuestro, donde tienen este tipo de gobiernos, lacayos de estos intereses para que lógicamente puedan expandirse y crecer en nuestro territorio con mercadería que viene de afuera”.

“Esto va a ser desastroso, lo vivimos en la época de Menem”, pronosticó el dirigente de APyME, al recordar aquellos tiempos donde “todo entraba barato pero nos hacía pedazos y quitaba trabajo a los argentinos; entonces no es nuevo, no es la primera vez que se plantea. Si uno lee el programa de Martínez de Hoz en la dictadura del ’76, es un calco de lo que dice Milei”.

La entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas de todo el país alertó sobre el escenario de presión sobre el mercado de cambios existente al que, denunció, se sumó “la manifiesta intención de generar una corrida bancaria contra el peso a pocos días de las elecciones nacionales”.

“La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) repudia enérgicamente las malintencionadas declaraciones de un candidato presidencial que junto con el accionar de grupos financieros ocasionaron la disparada del dólar ilegal”, declaró oficialmente la entidad.

APYME consideró que estos hechos “revisten mayor gravedad si se considera que al escenario de presión sobre el mercado de cambios se sumó la manifiesta intención de generar una “corrida” bancaria contra el peso a pocos días de las elecciones nacionales, abonando así el terreno para una pretendida dolarización”.

Asimismo consideraron “lamentable” que sectores de la oposición utilicen la oportunidad “para denostar, también con fines electorales, las políticas vigentes” y señaló que son “los mismos que en el periodo anterior ejecutaron maniobras similares a la que hoy se denuncia para luego instrumentar un modelo de liberalización que destruyó la industria, las Pymes y el empleo, al tiempo que volvía a endeudar al país con el FMI, esta vez en niveles récord”.

“Acciones como la ocurrida evidencian el desinterés por construir un escenario estable y equilibrado, necesario para la producción y el empleo, generando un nivel de incertidumbre que paraliza la actividad en la economía real”, denunció APYME, que sostuvo la necesidad de investigar si con dichas acciones “se incurrió en delitos contra el orden financiero, las instituciones democráticas y el conjunto de la población”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio de proximidad no están siendo alcanzadas por los beneficios del acuerdo de precios sobre productos de primera necesidad aplicado en el marco del programa Precios Justos.

El tipo de cambio especial que fijó el BCRA para quienes liquiden la soja hasta el 31 de agosto, buscando dinamizar el flujo de la divisa norteamericana, generó resistencia de los más diversos sectores, de los más afines hasta los más refractarios del oficialismo, aunque en algunos casos con argumentos coincidentes: tanto la Federación Agraria como APYME señalan que se termina premiando a los grupos concentrados y se perjudica a pequeños y medianos productores.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) señaló, tras una reunión con el ministro de Producción, Matías Kulfas, que las pymes pueden ser "socios del Gobierno en esta cruzada para contener los aumentos de precios en el mercado interno”. En este marco la entidad planteó la necesidad de poner topes a los insumos difundidos, productos clave en la mayor parte de la industria y determinantes en la formación de precios.

A casi 50 días del cambio de gobierno y en medio de un panorama delicado para las empresas de menor escala, el presidente de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresas (APYME), delegación Entre Ríos, Rafael Vicentín, hizo un análisis de las políticas de la gestión Cambiemos hacia el sector y calificó de “pymecidio” el cierre de 24.500 empresas confirmado por el INDEC. Por otro lado, sostuvo que ven en el nuevo gobierno “señales respecto de la recomposición del mercado interno” y resaltó la necesidad de poner límites a los formadores de precios y de segmentar las políticas para estimular las pequeñas y medianas empresas.

Más allá de cualquier tipo de valoración política o ideológica, resulta innegable y hasta las propias autoridades de la gestión macrista tuvieron que admitirlo, las políticas económicas de los últimos años llevaron a una reducción del poder adquisitivo de la población y, casi como efecto dominó, tuvo severas consecuencias sobre el mercado interno, dando lugar a cierres de numerosas empresas y una fuerte destrucción del empleo.

Balance, señales y expectativas
Consultado sobre el tema, el presidente de la delegación Entre Ríos de APYME, Rafael Vicentín, sintetizó con el término “pymecidio” (sic) los efectos de las políticas económicas.

“Realmente la cantidad de empresas caídas durante el período 2015-2019 es tremendo. Se dieron de baja 24.500 empresas según el Indec y eso representó por otro lado la desaparición de alrededor de 200.000 puestos formales de trabajo así que no pudo ser peor. El conjunto de políticas que ese gobierno llevó adelante no podía tener como resultado otra cosa”, dijo a Río Bravo y agregó: “Nosotros advertimos desde el primer día que la combinación de tarifazos en los servicios, apertura indiscriminada de las importaciones, caída del poder adquisitivo de los salarios, imposibilidad de acceso al crédito, realmente ha sido una gestión pésima para el sector y para la mayoría de la población”.

Entrando en un análisis de la nueva gestión, a casi 50 días de la asunción de Alberto Fernández, Vicentín consideró que el gobierno nacional dio “algunas señales” que desde APYME valoran en relación con la posibilidad de recomponer el mercado interno “porque al decidirse una serie de puntos que incrementan los ingresos de la población, eso pone en marcha una rueda, un círculo virtuoso de la economía que en un plazo no muy largo se va a empezar a ver en las empresas”.

De todas maneras, aclaró que, considerando el plazo del que se habla, la situación del sector “sigue siendo de emergencia, porque las políticas aplicadas en el período anterior han dejado a muchas empresas al borde de la desaparición, con endeudamientos insoportables, deudas impositivas, con una serie de problemas que se arrastran”.

En ese contexto, destacó la moratoria lanzada por el Gobierno y que “la AFIP deje de ejecutar empresas que están en situación límite, que es uno de los puntos que se incluyó en la Ley de Solidaridad y Promoción de la producción”, lo que analizó como otra señal “que apunta a cambiar el rumbo”, aunque -insistió- “todavía no se visualiza un cambio drástico en la situación de las empresas como tampoco de la población”.

Demandas: políticas segmentadas y control a los formadores de precios
La semana pasada, el INDEC informó que los precios mayoristas tuvieron un incremento del 58,5% durante 2019. El dirigente pyme explicó al respecto que ese incremento “fundamentalmente tenía origen en la posición dominante de los formadores de precios” y sostuvo que las pequeñas empresas “en la mayoría de los casos no pueden trasladar de modo lineal los aumentos, o sí pero al costo de perder ventas, así que esperamos que los precios mayoristas tengan mayor control y no estén completamente liberalizados como en la etapa anterior porque no es posible revertir la situación si no hay algún tipo de control sobre los esquemas de precios”.

Otro de los temas a los que aludió fue el de las políticas tributarias para el sector, puntualmente el monotributo, que tuvo un incremento del 51% establecido por la Amninistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al cierre de la gestió macrista y confirmado por las nuevas autoridades del organismo. En consecuencia, con la nueva suba del 51%, quienes estén encuadrados en la categoría mínima (A), que contempla una facturación de hasta 208.739,25 pesos anuales -17.394 por mes-, pagarán mensualmente 1965,58 pesos.

“Es un punto bastante complejo porque el monotributo abarca desde un conjunto de pequeñas empresas que han tenido que recurrir a él como salvavidas hasta empleo encubierto”, dijo el titular de APYME Entre Ríos que resaltó que el monotributo engloba un montón de situaciones y puso el énfasis en la necesidad de “políticas públicas segmentadas” y explicó: No se le puede exigir lo mismo a una pequeñísima empresa de una zona del interior que una pyme industrial del Gran Buenos Aires que en muchas casos tienen un volumen de facturación y de empleo que no tienen nada que ver con los pequeños emprendimientos del interior. Esperaríamos que este gobierno tome encuenta esto, así como lo está tomando en cuenta respecto de la aplicación de las retenciones según las distintas escalas de los productores”, concluyó.

Publicado en Río Bravo el 28 de enero de 2020.

Por disposición de la AFIP, comerciantes, prestadores de servicios y profesionales que operan con consumidores finales están obligados a aceptar pagos a través de tarjetas de débito desde el 1° de abril. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) señalaron que si bien no tendrán mayores problemas para adecuarse a su aplicación negocios establecidos, con antigüedad y ubicados en zonas comerciales, “no puede aplicarse a todos por igual” y afirmaron que debería contemplarse la particularidad de los los segmentos de baja facturación.