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Jueves, 16 Abril 2020 11:29

La batalla por quién paga la crisis

Escrito por Ignacio González Lowy

Nadie desconoce a esta altura que el monumental esfuerzo económico que el Estado está debiendo hacer para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19, por algún lado se tiene que compensar. Los insumos sanitarios, la adecuación de la tantas veces postergada infraestructura hospitalaria nacional, los subsidios a las empresas, pymes y monotributistas, el auxilio a trabajadores informales y desocupados; no nace de un repollo ni de la maquinita de hacer billetes.

Precisemos: en Argentina hay 2,4 millones de familias que perciben la AUH o la asignación por Embarazo; 4,8 millones de trabajadores informales; 469 mil monotributistas categorías A, B y sociales, y 133 mil empleadas de casas particulares. A estos grupos que ya están entre los que reciben ayuda económica, se sumarían en breve las otras categorías del monotributo.

El impuesto sobre las grandes riquezas

Así las cosas, cuando la batalla contra el virus sea cosa del pasado, vendrá la pelea (igual de dura, dolorosa y potencialmente costosa en términos de salud pública) por desandar el inevitable daño que se está produciendo en materia económica. Las industrias, las pymes y los comercios cerrados o a media máquina; provocarían un tendal de desocupación, nueva pobreza e indigencia, y cierre de unidades productivas y de servicios, si el Estado no interviniera con sus herramientas para evitarlo.

El proyecto de ley para un impuesto extraordinario sobre las grandes riquezas y patrimonios; es la gran oportunidad de que, por fin, se cumpla aquel reiterado lema de las organizaciones sindicales en la Argentina: que a la(s) crisis no la(s) paguen los/as trabajadores. Se busca recaudar unos 60 mil millones de pesos que serán utilizados exclusivamente para políticas públicas en la Emergencia Sanitaria.

El proyecto que sería impulsado por el gobierno nacional, lo está preparando un grupo de diputados nacionales oficialistas, coordinados por Carlos Heller (presidente de la Comisión de Presupuesto) y Máximo Kirchner (presidente del Bloque del Frente de Todos), con aportes de anteproyectos de Fernanda Vallejos, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, entre otros. Este apunta a los aproximadamente 12.000 argentinos/as que poseen cuentas de más de 3 millones de dólares, o sea, más de 250 millones de pesos.

El proyecto de ley no indaga en cómo fueron conseguidas esas fortunas: cualquiera que haya estudiado historia por fuera de los manuales más conservadores sabe que muchas de ellas fueron construidas a partir de saqueos, sangre de pueblos reprimidos, apropiación ilegítima de grandes extensiones de tierra, negocios turbios con el Estado (sobre todo en épocas de dictaduras y de gobiernos neoliberales) y poniendo las riquezas naturales del país al servicio de "multinacionales" con sede en los países centrales. Pero no, el proyecto no discrimina: los y las 12.000 argentinos/as que tienen más de 3 millones de dólares tendrían que asumir sin excepción el "ahora nos toca poner a nosotros".

Esto, si el gobierno logra resistir la embestida mediática, política y legal que ya está sufriendo desde que se conoció la iniciativa. De hecho, en principio el texto del proyecto apuntaba a los y las 32.400 argentinos/as que tienen cuentas por más de 1 millón de dólares. La versión actual ya incluye una concesión para achicar el tamaño del grupo que recibirá el impacto de la medida.

La estrategia del sector apuntado por la ley, seguramente y como ya ha ocurrido otras veces, será la de incluir a una parte lo más amplia posible de la sociedad en la defensa de sus privilegios. Armas no les faltan y a lo largo de la historia bien que las han empleado. La fortuna que suman estos/as argentinos/as, alcanza y sobra para, sino comprar, al menos alquilar periodistas, jueces, fiscales, dirigentes sindicales, políticos, barrabravas, sicarios; que defenderán su causa como si fuera propia.

Sin careta

La pronta oposición de los principales referentes de Cambiemos al proyecto de ley, podría no sorprender a nadie: gobernaron pensando en ese sector social cada día de su gobierno nacional, durante 4 años. De todos modos, pocas veces fue tan explícita, abierta y sin máscaras ni dobles discursos, la posición en defensa irrestricta de los privilegios de la minoría económicamente más poderosa del país. Este grupo político es el mismo que, casualmente, hace un mes se negó a derogar las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores.

No se quedaron en las expresiones públicas de Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Alfonso Prat Gay. Ya hay legisladores de Cambiemos que adelantaron que intentarán por todos los medios, políticos y legales, trabar la sesión legislativa que se prevé realizar de forma remota para aprobar esta ley. Al respecto, la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández, ya adelantó su pedido de aval a la Corte Suprema de Justicia.
Así, por ejemplo, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo, se presentó ante la justicia con un amparo para rechazar la tasa municipal extraordinaria que el municipio de Castelli dispuso para las propiedades en el campo, con el objetivo de crear un fondo de emergencia para la comunidad en caso de que se desate la pandemia a nivel local. Le salió el tiro por la culata: el juez de Dolores Antonio Marcelino Escobar, rechazó su intervención ya que no es un particular afectado por la medida y prácticamente lo trató de ignorante.

Son estos sectores, de hecho, los que están impulsando desde las redes sociales y los servicios de mensajes una "rebelión fiscal" que consistiría en no pagar durante 90 días el Impuesto a las Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Al respecto se expresó Hugo Basilotta, dueño de la fábrica Guaymallén, que vende dos millones de alfajores por día y se opone a los recortes de personal y de salario en el marco de la pandemia. "Hay que saber perder: Cada uno maneja su empresa como quiere. Me gustaría ver los pasaportes y todas las propiedades que tienen muchos de los que se quejan. Porque en la época buena a todos nos gusta viajar, gastar y comprar autos", planteó en referencia a la escasa previsión de ciertos empresarios argentinos que cuando hacen fortunas la dilapidan en vez de guardar para tener espalda cuando las cosas van mal.

Así, entonces, sin caretas y a capa y espada, será la pelea por definir quién paga la crisis económica que inexorablemente se profundizará después de la emergencia sanitaria. Hay un indicador claro de cómo se pararán en este contexto la prensa hegemónica y los referentes políticos que la retroalimentan: la ofensa que sintieron como propia cuando el presidente de la Nación tildó de "miserables" a los multimillonarios que, como Paolo Rocca, CEO de Techint, descargan la crisis sobre sus trabajadores en el medio de la guerra contra el coronavirus.

Habrá que ver si, en la vereda de enfrente, los referentes políticos y sindicales que no son cómplices de tamaño descaro, están a la altura de las circunstancias para encauzar la batalla sobre quién paga la crisis. Batalla que, cada vez está más claro, ya ha comenzado.

Publicado por Río Bravo el 15 de abril de 2020.

Modificado por última vez en Jueves, 16 Abril 2020 20:06

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