El Ministerio de Seguridad y Justicia, y la Jefatura de Policía de Entre Ríos informan que los tres policías involucrados en violento accionar contra hombre de Paraná fueron pasados a disponibilidad. El hecho quedó registrado en un video que se volvió viral. Para las autoridades, “representa una grave falta a la disciplina y los principios que rigen la actuación policial”.

Los tres funcionarios policiales involucrados han sido inmediatamente separados de sus funciones operativas y puestos en situación de disponibilidad. Esta medida preventiva se adopta con el objetivo de garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier interferencia, indicaron en un comunicado. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos inició la investigación para determinar la responsabilidad administrativa, independientemente de la intervención de la Justicia.

Un contexto preocupante

Los efectivos de la PER apartados son quienes agredieron a un joven obrero paranaense que estaba sacando ramas al frente de su casa, cuando un móvil policial pasó por la calle Luis Palma y, ante el grito de “qué pasa” (que el joven asegura fue para su hermana, que le había preguntado algo) se detuvo para que se consumara la agresión. “¿Qué bardeás, cagón de mierda?”, gritó un policía mientras otro cargaba su arma larga. Lo insultaron, lo empujaron y, finalmente, uno de ellos lo tomó de cuello y tiró al piso, rompiéndole la pierna por la violencia del arrebato.

La pregunta es: ¿qué habría pasado si el ataque injustificado de los policías no habría quedado registrado en la cámara de seguridad del vecino? ¿Qué habría pasado si el incomprensible ataque no se habría hecho viral en las redes sociales y medios de la región? ¿Existe un contexto que permite a los policías suponer que no les pasará nada (si no son filmados) si atacan a un joven hasta lesionarlo gravemente solo porque imaginan que les preguntó “qué pasa”? Los comentarios en las noticias de algunos portales de la ciudad permiten imaginar que incluso existe parte de la sociedad que avalaría estas conductas por parte de las “autoridades”.

Lo cierto es que este ataque se da un par de semanas después de que la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná denunciara públicamente el hostigamiento, la persecución y los ataques por parte de la policía de Entre Ríos a las y los recicladores urbanos (comúnmente conocidos como “cartoneros”). En dicha denuncia la Multisectorial hizo especial hincapié en el ensañamiento con los más pobres de entre los pobres (quienes viven de la recolección callejera para intentar llegar a fin de mes) y el clima de impunidad con el que se están moviendo quienes llevan a cabo esta persecución. Las denuncias coincidieron, al respecto, en no hablar de casualidades ni de hechos aislados sino de una práctica que parece convertirse en sistemática.

Según se informó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), la Unidad de Violencia Institucional abrió 17 legajos desde enero hasta el momento. Las dependencias policiales donde cumplen función los acusados en estas causas son variadas. Se refieren a hechos sucedidos tanto en procedimientos callejeros como en el marco de allanamientos u otras medidas judiciales. Así mismo, a la misma fuente señalaron que: “Hemos visto incrementado enormemente la cantidad de trabajo por parte de esta defensa pública. Si bien no tengo estadísticas en este momento, en una comparativa que hicimos respecto de la cantidad de detenidos entre un mes del de este año y el mismo mes del año pasado, advertimos un 38% de incremento en la cantidad de detenidos.”

En este contexto, la preocupación respecto de cuántos de los casos de detenciones que diariamente se registran podrían tener características similares a la que desató este escándalo, pero no terminaron en escándalo simplemente porque no fueron filmadas o porque el video no circuló, es cuanto menos legítima. Mucho más, en la provincia en la que hace poco más de un año falleció Ariel Goyeneche quien, en el marco de una crisis, fue violentado por efectivos policiales que no supieron contenerlo y, por el contrario, con un tratamiento torturante y desmedido terminaron desencadenando su muerte.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos tienen una tarea más general e imperiosa, más allá del caso puntual del obrero de calle Luis Palma: cortar con la sensación de impunidad que parece reinar entre los efectivos policiales y “bajar línea” clara respecto de cuáles son los límites que, en democracia, ninguna autoridad debería cruzar.

Publicado por Río Bravo el 19 de abril de 2025.