El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos informó que tres efectivos fueron separados de sus funciones tras ser captados en un video agrediendo a un joven. De todos modos, esta agresión se dio en un contexto de recrudecimiento del abuso policial que preocupa más allá del caso puntual.

Desde que el femicida Julián Christie fue excarcelado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, las organizaciones feministas reclaman el cumplimiento en prisión de su condena. María Gabriela González, de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, nos cuenta de esta nueva convocatoria.

Horas después de que se conociera la resolución del Superior Tribunal de Justicia de dar marcha atrás en el juicio que condenó a Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera, Paraná volvió a marchar contra la violencia machista. Fue por octavo año consecutivo y con la consigna “Ni Una Menos. Unidas contra la derecha”.

Con un documento titulado “Con esta Corte no hay Derechos ni Democracia”, diversas organizaciones nacionales, casi todas con presencia territorial en nuestra provincia, se unieron en el pedido a las y los legisladores nacionales para que avance el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado por el Presidente de la Nación.

Desde las miradas sobre la justicia con perspectiva de género se cuestionó el acuerdo por el cual Román Aguilar recibiría una condena de prisión condicional luego de haber quemado con aceite caliente a su ex pareja en el rostro. Ponen foco en el mensaje que dejaría este desenlace, más allá del caso puntual.

El 25 de noviembre, en toda la provincia, las mujeres y sus organizaciones volvieron a marchar para exigir una Ley de Emergencia en Violencia de Género y la "implementación efectiva" de las normas nacionales y provinciales que rigen la problemática. La estadística difundida por la propia justicia da sustento a los reclamos, aunque el propio poder del Estado es objeto de las críticas. En los primeros 10 meses del año hubo más de 15.000 denuncias, pero no hay estadísticas oficiales sobre femicidios.

Referentes de organizaciones sociales de nuestra provincia se manifestaron en contra de la embestida judicial que en distintos puntos del país se está expresando en allanamientos, fragua de pruebas y causas contra militantes populares.

En una conferencia de prensa en el Congreso nacional, dirigentes de diferentes y plurales organizaciones sociales, acompañados por referentes sindicales y de derechos humanos, repudiaron la persecución judicial que vienen sufriendo. El allanamiento a un comedor popular y viviendas de militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue el último episodio.

Desde el propio exgobernador al Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, pasando por miembros de la oposición y la procuradora Adjunta y titular de la Oficina Anticorrupción; las reacciones fueron diversas y encendidas.

Así como el ni una menos del 3 de junio de 2015 marcó a la Argentina para siempre; a nuestra provincia la marcó Fátima, porque es el ejemplo acabado de la desidia de un Estado que gasta energías en discursos que intentan tener perspectiva de género, pero al que en la práctica no le sale y menos aún en las políticas llevadas a cabo.