Referentes de organizaciones sociales de nuestra provincia se manifestaron en contra de la embestida judicial que en distintos puntos del país se está expresando en allanamientos, fragua de pruebas y causas contra militantes populares.

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En una conferencia de prensa en el Congreso nacional, dirigentes de diferentes y plurales organizaciones sociales, acompañados por referentes sindicales y de derechos humanos, repudiaron la persecución judicial que vienen sufriendo. El allanamiento a un comedor popular y viviendas de militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue el último episodio.

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Desde el propio exgobernador al Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, pasando por miembros de la oposición y la procuradora Adjunta y titular de la Oficina Anticorrupción; las reacciones fueron diversas y encendidas.

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Así como el ni una menos del 3 de junio de 2015 marcó a la Argentina para siempre; a nuestra provincia la marcó Fátima, porque es el ejemplo acabado de la desidia de un Estado que gasta energías en discursos que intentan tener perspectiva de género, pero al que en la práctica no le sale y menos aún en las políticas llevadas a cabo.

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Las organizaciones y referencias feministas son diversas y tienen también sus diferencias y matices. Sin embargo, son muchos los temas y problemáticas en donde no hay fisuras. El proyecto de ley “Alejo”, que busca prevenir la “violencia contra los varones”, parece ser uno de estos casos. Cuál es la respuesta a las críticas al proyecto por parte de Gabriela Lena, la legisladora entrerriana que, junto a Gustavo Hein, acompaña su presentación.

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La Fiscalía de Concepción del Uruguay está convocando a testigos que puedan contribuir a esclarecer los hechos, profundizar el conocimiento sobre cómo operó la dictadura en la zona, quiénes son las víctimas y los responsables. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, dio a conocer el testimonio de un jornalero que declaró cómo el y otras personas encontraron cadáveres flotando y hasta vieron caer cuerpos desde helicópteros hace 45 años.

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Si bien la condena al expolicía Carlos Carvallo generó satisfacción en su víctima, Manuel Ramat, y las organizaciones de derechos humanos, existe un fuerte malestar por la falta de labor investigativa de parte de la Justicia Federal y, en particular, del juez Leandro Ríos, ya que advierten que otros testigos y víctimas ubicaron a Carvallo en el mismo momento y lugar y, que de haber ampliado la investigación, no sólo podría haber sido condenado por otros delitos sino que podría haberse avanzado en el procesamiento de otros represores. Cuestionan que el trabajo fragmentado en la instrucción de las causas de lesa humanidad.

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El Juzgado Civil y Comercial Nº 4, a cargo de la Jueza Helena Albornoz, dispuso la suspensión de los aportes personales dispuestos en la mencionada Ley en salarios nominales hasta 100.000 pesos. "Ratifica la legitimidad de nuestros justos reclamos y va en dirección de lo que venimos denunciando desde el momento en que se  conoció el proyecto de Ley del Ejecutivo y enviado a la Legislatura", celebraron desde AGMER.

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Este miércoles 19 de agosto se conoció el fallo de la jueza María Evangelina Bruzzo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde se rechaza por improcedente la acción de amparo que había sido presentada por la abogada Nadia Vanina Telis en contra de la desconexión virtual. El paro virtual que está desarrollando el sindicato docente concluye este viernes y es el último tramo de un plan de acción resuelto por el Plenario de Secretarias/os Generales de AGMER. En los fundamentos se señala que la medida llevada a cabo por el colectivo docente en toda la provincia, no constituye una accionar ilegítimo o arbitrario.

En consonancia con lo que fuera expuesto por el sindicato docente en diferentes oportunidades, el fallo ratifica que no es AGMER quien debe garantizar el derecho a la educación, dado que se trata de una responsabilidad que constitucionalmente recae sobre el Estado. Al mismo tiempo, se indica que la acción de amparo “radica esencialmente en la suspensión del ejercicio de un derecho constitucional de naturaleza social como el de huelga”, sosteniendo que “la contraposición o choque de derechos” de igual jerarquía –en alusión al aparente conflicto entre esta medida y el derecho de aprender– obliga a buscar una solución armónica que no sacrifique uno de ellos, lo cual estaría ocurriendo si se diera curso al pedido de Telis.

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER se celebró el fallo, “no sólo porque rechaza una presentación cargada de injurias y argumentos infundados, sino también porque reconoce abiertamente la compleja situación que viene atravesando la docencia entrerriana durante los últimos meses, lo cual constituye una razón más que suficiente para sostener el plan de lucha resuelto en el marco del conflicto con el gobierno provincial.

El trabajo docente en el contexto de pandemia

Por otro lado, la jueza manifiesta en el mismo fallo su rechazo a los argumentos planteados por la abogada con relación a una presunta “falta de concreción de clases virtuales y limitadas devoluciones a los pocos contenidos teóricos impartidos”. Respecto de esto, se citan los resultados de la encuesta nacional realizada por CTERA entre los meses de mayo y junio, donde se observa claramente que el sostenimiento de la enseñanza en el contexto de la virtualidad ha implicado para el colectivo docente la utilización de nuevas tecnologías muchas veces no disponibles o de difícil acceso, un considerable incremento en las horas de trabajo y el hecho de tener que desarrollar la actividad laboral en el mismo espacio doméstico que se comparte con el resto del grupo familiar, con todas las dificultades que esto conlleva. En otras palabras, una acusación que carece de pruebas es desmentida por medio de datos concretos que surgen de un relevamiento estadístico serio.

Finalmente, el fallo descarta que la desconexión virtual pueda considerarse ilegítima o arbitraria, además, debido a que la misma se da en circunstancias excepcionales que se inscriben en un contexto de emergencia económica y sanitaria, el cual incluye la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial –lo que se traduce en más de un semestre de inflación acumulada sin recomposición salarial– y la sanción de la Ley de Emergencia Pública N° 10.806, cuestionada por AGMER junto con las demás organizaciones de trabajadores estatales por su carácter regresivo y confiscatorio.

Fuente: https://agmer.org.ar/. Publicado en Río Bravo el 20 de agosto de 2020.

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La coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos - Basta es Basta” repudió, a través de un comunicado, la resolución de los jueces Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que rechazan “el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos".

Los ambientalistas consideraron la medida como “un escándalo jurídico” y señalaron que la Justicia actuó “otra vez contra la gurisada, contra la Constitución y contra las leyes”.

“El Superior Tribunal de Justicia en otro fallo escandaloso volvió a asumir una clara posición contra la protección de la salud de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas rurales dentro de todo el territorio provincial”, alertaron desde la coordinadora, que recibió este sábado una notificación de parte del STJ informando sobre la medida adoptada.

Además, señalaron, esta decisión “contradice la Ley de Amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo). Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos”. Sin embargo, redoblaron la apuesta: “No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda”.

Cabe recordar que, tras el Decreto 4.407/18 del gobernador Gustavo Bordet que establecía distancias mínimas respecto de las escuelas de 500 metros para las fumigaciones aéreas y 100 metros para las terrestres, las organizaciones ambientalistas ambientalistas impulsaron un primer amparo que dio lugar a una medida cautelar de la Justicia y se fijaron distancias de 3000 y 1000 metros para fumigaciones aéreas y terrestres, respectivamente, hasta tanto se estableciera una nueva regulación, que –según cuestionaron en su momento desde Basta es Basta, sin modificaciones sustanciales– vino de la mano del Decreto 2239/19 del Ejecutivo, tras lo cual, el STJ rechazó un nuevo amparo.

Ahora, el STJ rechazó el recurso para llevar la controversia ante la Corte Suprema. Frente a eso, los ambientalistas se preguntaron: “¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? ¿Al mal denonimado agronegocio? Ya ni siquiera es buen negocio esa práctica de la agricultura industrial” y acompañaron el texto con una fotografía de una reunión que mantuvieron miembros del STJ y la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, al tiempo que resaltaron que “jamás escucharon a las y los afectados”.

Finalmente, se preguntaron “qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo”, normativa que, según el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, “garantiza la seguridad ambiental y la salud” y señalaron: “Le cabe al fiscal y al Gobierno de Entre Ríos responder varias preguntas:

- ¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Rios (art 7°)? (…) ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican.

- ¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Art 15°)?

A modo de conclusión consideraron “inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar” e impida que se avance en “un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet”.

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