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Martes, 07 Junio 2022 19:18

Trabajo en negro: un flagelo que sigue reinando en la citricultura

Escrito por Santiago Mac Yntyre

Pese al Decreto 514/21 del presidente Alberto Fernández, que estableció –hace casi un año– la compatibilidad entre planes sociales y trabajos temporarios registrados, la realidad de la citricultura entrerriana en el plano laboral sigue inalterable: los trabajadores en blanco son una ínfima minoría. De entre 20.000 y 25.000 trabajadores que llega a tener la actividad, la cantidad de registrados no llega al 10%, aseguran desde el Sindicato de la Fruta. Se creó una mesa de trabajo para intentar revertir la situación.

Más allá de las buenas o malas cosechas o de las trabas burocráticas que pueden aparecer, y aunque parezca implacable con quienes aparecen en la cima de las responsabilidades (empleadores y Estado), decir que la citricultura es el reino del trabajo en negro no dista mucho de ser una afirmación meramente descriptiva.

Son frecuentes las noticias que dan cuenta de trabajadores en estado de precariedad laboral, que en situaciones extremas aunque no poco habituales llegan a condiciones de semiesclavitud y hacinamiento; durmiendo y viviendo hasta que termine la cosecha en carpas de lona plástica o galpones.

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Sin subestimar las dificultades de la coyuntura, como la guerra entre Ucrania y Rusia (comprador del 60% de las exportaciones citrícolas entrerrianas) que obligó a la búsqueda de nuevos mercados o el impacto de las sequías de verano (frutas de menor tamaño y venta a precios inferiores de parte de la producción), lo cierto es que ni en las mejores temporadas hubo niveles de registro laboral superiores al 50%.

Los citricultores y sus representantes argumentaban que, como gran parte de los puestos de trabajo que genera la actividad son temporarios, son los propios trabajadores los que se resisten a ser formalizados debido a que automáticamente perderían los programas sociales que reciben durante todo el año. Sin embargo, esa condición cambió –o debería haber cambiado– a partir del Decreto 514, anunciado por el presidente el 12 de agosto del año pasado en su visita a la ciudad de Concordia.

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"Estamos encontrando una respuesta a un dilema de 250 mil argentinos”, dijo el mandatario aquél día. Según las distintas fuentes a las que accedió Río Bravo en ese momento, esto implicaba la posibilidad de mejorar las condiciones laborales a entre 20.000 y 30.000 trabajadores rurales temporarios, ya que –se calcula– entre la citricultura, la cosecha de nuez pecán, el arándano y la explotación forestal, hay entre 30.000 y 40.000 trabajadores de los cuales sólo 10.000 se contabilizan en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Emleadores.

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De la expectativa a la realidad

"Fue una gran noticia porque lo habíamos pedido mucho en algunos sectores", recordó Beltrán Benedit, delegado provincial del Renatre y representante de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el ente encargado, según prevé la Ley Nacional 25.191, de llevar el registro de la totalidad de "todo aquel trabajador que desempeñe tareas agrarias relacionadas principal o accesoriamente con la actividad rural en cualquiera de sus especializaciones".

No obstante, el dirigente reconoció que en los registros del Renatre "no hubo un aumento significativo en la registración desde que entró en vigencia el Decreto con respecto a años anteriores" –unos 10.000 trabajadores temporarios y permanentes discontinuos– y lo explicó de este modo: "Es tan numerosa la cantidad de planes y la complejidad con que se asignan que la instrumentación no fue fácil".

Para Benedit, otro panorama sería posible "en la medida en que mejoren las economías regionales, la renta y eso se traslade a mejores salarios".

Esta visión afín a la teoría del derrame no es compartida por la dirigencia del Sindicato  de Obreros de la Fruta (SOF) de Concordia –el de mayor representatividad de los trabajadores de la actividad citrícola en la provincia– donde ven más bien excusas que una voluntad real de mejorar las condiciones de los trabajadores.

"Hay cada vez menos trabajadores registrados", aseguró a Río Bravo el titular del gremio, Alcides Camejo, y sostuvo aseguró que en los últimos seis años "se perdieron" 12.000 trabajadores "que estaban blanqueados y hoy no están más".

Según los registros del SOF, en abril de 2021 había 900 trabajadores registrados y en mayo 1380; mientras que en abril de este año hubo 763 y en mayo entre 1200 y 1300; es decir, una disminución aún a pesar del Decreto que alienta el blanqueo. "El furor fue el año pasado en julio, que fue cuando más trabajadores registrados tuvimos, fue un poco más de 1900, no llegamos a 2.000", indicaron desde la entidad gremial. Son números exiguos si se los compara con los 25.000 trabajadores que según reconocen los propios citricultores llegan a tener las quintas en los meses de mayor actividad: sólo el 8% en blanco.

Clara muestra de la situación dejó un control realizado en plena pandemia por el sindicato en la salida de la Capital del Citrus: "Salían 100 colectivos con 30 personas cada uno, en promedio, y de los 100, 97 iban con la totalidad de trabajadores en negro".

Camejo habla sin pelos en la lengua y no oculta su malestar cuando se refiere al Renatre y a los propietarios de las explotaciones citrícolas: "El Renatre es un ente regulador para trabajadores agrarios pero que no sirve para nada, solamente se dedican a recaudar plata y no se la dan a los trabajadores. Están complotados con los empresarios a favor del trabajo en negro", disparó el dirigente, que consideró que hay una intención deliberada tras esta situación: "Se está alentando el trabajo en negro porque si yo soy trabajador y me despiden, tengo cinco o seis meses para cobrar (el subsidio por desempleo), yo siempre voy a preferir trabajar y cobrar el salario en negro y a la vez recibir ese subsidio que me tendría que pagar el Renatre".

Buscan consensos y acciones para revertir la situación

Más allá de sus críticas sobre la falta de voluntad de los empleadores para tener a los trabajadores en regla, desde el sindicato admiten falencias de tipo burocrático que dificultan la aplicación del Decreto y que no brindan seguridad a quienes toman trabajo por algunos meses y dudan ante el peligro de perder un ingreso que –aunque es menor– se sostiene durante todo el año. Según explican, cuando reciben el alta como trabajadores formales, les cambia un código y tardan un mes y medio en volver a cobrar el programa social.  

Vale decir que no son las mismas las condiciones y capacidad para contratar personal de un pequeño citricultor con 30 o 40 hectáreas que aquellos que cuentan con una escala de producción más alta de 300 o 500 hectáreas. Claro está, esto no debiera convertirse en argumento para sostener esta situación de manera indefinida, como hasta ahora, sino generar verdadera alarma y una búsqueda de soluciones –incluyendo políticas segmentadas según la escala de producción– si es que realmente hay voluntad tanto de parte del Estado como de los empleadores de garantizar condiciones dignas, respetar el derecho a una jubilación y a una cobertura de salud de miles de entrerrianos y también cosecheros que llegan de otras provincias.

En ese marco, el viernes pasado se realizó en Concordia una reunión en la que quedó conformada una "mesa operativa para trabajar en soluciones laborales de la actividad citrícola", según difundió la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

Del encuentro también participaron autoridades de la cartera laboral y de la secretaría de Modernización de la provincia, de la AFIP (cuya participación, junto con la de ANSES, fue pedida especialmente por el SOF), del Ministerio de Trabajo de la Nación, legisladores provinciales, representantes sindicales y de los productores y exportadores de citrus.

Más específico, el diputado provincial Néstor Loggio, comentó en sus redes sociales que durante el encuentro "se analizó la contratación de los trabajadores y trabajadoras del citrus, quienes mayoritariamente están fuera del sistema previsional" y dio a conocer que hubo coincidencia sobre la necesidad de un espacio de diálogo permanente entre el Estado, los trabajadores y el empresariado "para mejorar las formas de registración laboral en el sector y así permitir blanquear la situación entre los cosechadores, fundamentalmente, y otras tareas de actividad".

La intención parece buena; habrá que ver si deriva en compromisos y acciones concretas que pongan fin a una realidad que, a esta altura, parece ser parte de una tradición.

Publicado en Río Bravo el 7 de junio de 2022

Modificado por última vez en Miércoles, 08 Junio 2022 13:36

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