Pese al Decreto 514/21 del presidente Alberto Fernández, que estableció –hace casi un año– la compatibilidad entre planes sociales y trabajos temporarios registrados, la realidad de la citricultura entrerriana en el plano laboral sigue inalterable: los trabajadores en blanco son una ínfima minoría. De entre 20.000 y 25.000 trabajadores que llega a tener la actividad, la cantidad de registrados no llega al 10%, aseguran desde el Sindicato de la Fruta. Se creó una mesa de trabajo para intentar revertir la situación.

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La secretaría de Trabajo y el Sindicato de la Fruta realizaron este miércoles inspecciones laborales en quintas citrícolas y galpones de empaque de la ciudad de Chajarí y Villa del Rosario, donde detectaron al menos cinco trabajadores oriundos de la provincia de Corrientes en condiciones de hacinamiento. En todos los casos la contratación de mano de obra se realizaba con total informalidad.

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Aunque el alto porcentaje de trabajo informal dificulta la precisión de las cifras, diversos actores vinculados a la problemática estiman que en Entre Ríos son entre 30.000 y 40.000 los trabajadores rurales temporales, entre citricultura, producción de arándano, nuez pecán y forestación. El Sindicato de la Fruta asegura que el trabajo en negro llega hasta al 85% y los porcentajes más optimistas se ubican en el 65%. ¿Qué impacto podría tener en la provincia el Decreto presentado por Alberto Fernández en Concordia?

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El presidente anunció desde la Capital del Citrus la firma de un Decreto mediante el cual los programas sociales serán compatibles con el empleo registrado para trabajadores rurales temporarios. Apuntan de esta manera a la regularización de 250.000 trabajadores en todo el país, que deben optar entre la informalidad y el desempleo ante la posibilidad de perder su ingreso fijo, situación que es aprovechada también por muchos empleadores. La organización empresarial CAME destacó la medida.

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