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Lunes, 04 Octubre 2021 04:42

Controvertido y millonario juicio contra municipio entrerriano llega a la Corte Suprema

Escrito por Santiago Mac Yntyre

La exjueza de Faltas de Diamante fue removida de su cargo en 2010 después de una serie de licencias médicas y un pedido de tareas pasivas que derivó su cesantía, sin sumario y con un decreto del ex y actual intendente Juan Carlos Darrichón. Once años después, la Justicia entrerriana confirmó el fallo que ordena reincorporarla y a pagar gran parte de los sueldos no percibidos y de los honorarios de los abogados. Ahora, el municipio, que considera el fallo como arbitrario y contradictorio, elevó un recurso de queja ante el máximo órgano judicial de la Nación para que tome cartas en el asunto. El radicalismo habla de "violación de derechos humanos", desde el oficicialismo denuncian "uso político" del caso.

La historia del expediente judicial da cuenta de que el 9 de marzo de 2010, sin sumario previo, la Municipalidad de Diamante dispuso la baja de la jueza de Faltas Norma Paravano, a través de Juan Carlos Darrichón, actual intendente y que ejerció la función entre 2003 y 2011. El 23 de septiembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa legal del municipio y confirmó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo que ordena reincorporar en sus funciones a la demandante y pagarle el 80 por ciento de los haberes no percibidos durante 11 años. Además, de las arcas municipales deberían salir el 70 por ciento de los honorarios de los abogados que representaron a la exfuncionaria.

Sin embargo, la sentencia no está firme porque el Estado municipal llevó el caso a la máxima instancia de decisión judicial de la República Argentina: el jueves pasado presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que habilite el tratamiento de un recurso extraordinario federal.

El caso

El noviembre de 2011, el STJ dio curso a la demanda de Paravano –representada por el abogado y dirigente radical Rodolfo Parente, María del Pilar Soldini y Germán Coronel–, presentada con el objetivo de que se revoque y deje sin efecto el Decreto 89/10 del Ejecutivo municipal de Diamante. "en razón de su manifiesta ilegitimidad" y que se condene a la comuna a reintegrar a la exjueza de Faltas en su cargo, reclamando además el pago de los salarios no percibidos y los intereses por los períodos adeudados.

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativo, del 11 de abril de 2018, hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la Municipalidad de Diamante a "reincorporar a la actora a su cargo de Jueza de Faltas, con todos los derechos y obligaciones que la investidura supone (...) abonar una indemnización de daños y perjuicios, los que se determinan en un ochenta por ciento (80%) de los salarios que, con los correspondientes descuentos de ley, hubiere percibido aquella de continuar en actividad, computados desde la fecha del acto que dispuso su baja y hasta el día de su reincorporación, con más los intereses hasta su efectivo pago, calculados conforme la tasa activa que aplica el Banco Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinarias (artículo 70 inc. c) del CPA)" e impuso al Municipio el 70% de los honorarios de los abogados querellantes a la demandante.

Se le endilgó al Estado municipal y sus autoridades haber removido a la funcionaria sin sumario administrativo mediante: "El   pedido   de   asignación   de   tareas   pasivas merecía   una   respuesta   fundada   y   técnica   que   evidenciara   su imposibilidad.   Sin   embargo (...) se   procedió   a   la   remoción, dispuesta   por   un   funcionario   incompetente.   En   esa   línea   argumental (...) quien fuera designado requiriéndose un acto complejo, debió ser removido por un acto de igual tenor, previo procedimiento legal".

La defensa del Municipio

Sin embargo, en el fallo de la Cámara, confirmado por el STJ el 23 de septiembre pasado, se rechazó la pretensión de la exfuncionaria de reintegrarse a su cargo bajo la reubicación en la modalidad "tareas pasivas" bajo el fundamento de que éstas "resultan   ser incompatibles con las inherentes a un Juez de Faltas".

Ese es uno de los puntos que la defensa legal del municipio entiende, implícitamente justifica el modo en que se dio la baja de Paravano y, por otro lado, tornan contradictorios y arbitrarios tanto el fallo de cámara como el rechazo del recurso extraordinario federal por parte del STJ.

"La doctora Paravano pidió en 2010 volver a ser jueza de faltas después de haber agotado todas las licencias médicas que establecía el estatuto municipal, había estado más de cinco años sin ir a trabajar. Pide ser jueza de Faltas con tareas pasivas y eso no existe en ninguna parte del mundo. De hecho la misma Cámara lo dice en la sentencia, que ella pretende todos los derechos pero no las obligaciones y el hacer lugar parcialmente a la demanda es precisamente porque el Municipio no obró totalmente errado", argumento el secretario de Gobierno, Nelson Schlotahuer, consultado por Río Bravo.

Según el funcionario municipal, no es el qué sino el cómo lo que termina volcando la opinión de la justicia a favor de la demandante. Sin embargo, resaltó, la respuesta al porqué la baja de Paravano se dio en esas condiciones "está en el mismo decreto: no se le puede hacer sumario a una persona que agotó las licencias por enfermedad, no existía causal de sumario, no hubo mal desempeño" y agregó que "las únicas causales de sumario son haber cometido una falta disciplinaria o el mal desempeño de funciones"; la otra posibilidad sería "la destitución a través de un juicio político, pero –señaló Schlotahuer– no estaba previsto para ninguno de esos casos que la carencia de idoneidad psicofísica sea entendida como presupuesto para activar alguno de esos procedimiento".

En relación a la reincorporación dispuesta, Schlotahuer definió como "contradictoria" la sentencia: "Si estás diciendo por un lado que la jueza de Faltas nunca pidió volver a trabajar como jueza, no podés por otro lado reintegrarla a la tarea activa cuando ella nunca lo pidió" y consideró que de 2010 a esta parte no cambió "absolutamente nada" para que ahora sí Paravano pueda reasumir la función.

A la Corte

Ante la denegación del recurso extraordinario federal interpuesto, el municipio se decidió a quemar los últimos cartuchos y el jueves presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma directa: "Sería la última instancia. Esperamos que la Corte habilite el tratamiento del recurso extraordinario federal y que este vaya a la corte para ser tratado. Esto en base a considerar que la sentencia dictada por la Cámara Contencioso Administrativa es arbitraria y contradictoria, porque falló más allá de lo que había pedido la jueza y no ajustó a las constancias obrantes en el expediente".

Consecuencias económicas y ribetes políticos

Ante la pregunta sobre la suma que podría significarle a las arcas municipales un nuevo revés judicial –el último posible– el secretario de Gobierno dijo que no hay una idea precisa porque habría que calcular mes a mes lo que debió percibir y a la misma adicionarle intereses, con la variación salarial que se produjo en 11 años y faltarían regular los honorarios pero, como para dimensionar lo que podría llegar a significar, el Juez de Faltas municipal percibe, en la actualidad, alrededor de 150.000 pesos mensuales.

El funcionario se mostró disconforme con la defensa legal que tuvo el municipio en los inicios de la causa y dijo que hoy están "pagando las consecuencias".

"Lamentablemente, en caso de que se confirme la sentencia, la Municipalidad de Diamante va a tener que hacer frente a un resultado que va a impactar en la economía del Municipio. Es lamentable que el abogado de Paravano, un dirigente histórico del radicalismo salga a batir el parche con algo que le hace mucho daño a su mismo pueblo", fustigó Schlotahuer, en clara referencia al abogado defensor de la exjueza, Rodolfo Parente, quien por estos días hizo declaraciones públicas afirmando que hubo una "violación de derechos humanos" y responsabilizó a las autoridades municipales y al justicialismo local por las consecuencias económicas que tendrá el caso. En ese marco, Schlotahuer recordó que la demandante fue designada en una gestión radical y disparó que la "causa se está usando políticamente".

Publicado en Río Bravo el 4 de octubre de 2021

Modificado por última vez en Miércoles, 06 Octubre 2021 04:46

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