El problema de la tierra, el techo y el trabajo, es un gigantesco dolor que viene agravándose de forma alarmante año tras año. Es de no creer, pero miles y miles de familias argentinas pagan el siniestro destino de una guerra silenciosa. Tener una vivienda digna donde conformar un hogar seguro y pacífico, está fuera del alcance de cada vez más familias.

Hace 50 años que el Estado Nacional aborda el problema de la vivienda a través de distintos programas y fondos para la construcción o el mejoramiento. Y hay que agregar que, además del Estado Nacional, las diferentes provincias y municipios encaran el problema con otras iniciativas. Desde la creación del FoNaVi (Fondo Nacional de la Vivienda) en 1972 hasta los distintos programas anunciados últimamente, después del Argentina Construye 2020, todos los intentos han demostrado ser alicientes, pero no han podido vallar la desesperante tendencia a “quedarse en la calle”.

Según datos del INDEC relevados en los informes técnicos sobre los “Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos”, correspondiente al segundo semestre de 2020, 1.382.000 personas (o 238.000 hogares) viven en condiciones de “hacinamiento crítico” y el ente citado define esa condición “en virtud de las limitaciones que este genera a los miembros de los hogares en materia de privacidad, salud y generación de entornos aptos para el estudio y la socialización. Se consideran hogares con hacinamiento crítico aquellos en los que habitan más de tres personas por cuarto”.

Debido a que el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020 fue pospuesto por el contexto de pandemia, se utilizan los datos del último censo poblacional del 2010. Pero los informes técnicos nutridos semestralmente por la EPH (Encuestas Permanentes de Hogares), permiten tener una aproximación suficiente sobre los problemas de la vivienda.

No debe reducirse la vivienda a su aspecto solamente material. Por supuesto que una casa es la condición primera donde construir un hogar. Pero esa vivienda deber ser digna, es decir, debe estar construida en un lugar habitable y con materiales aptos y pertinentes, debe tener acceso a los servicios públicos, debe tener las dimensiones suficientes paga albergar un hogar en el cual cada uno de sus integrantes pueda desarrollar su vida de forma pacífica y segura.

La EPH permite estimar las condiciones de vida en los hogares. Desde allí la cantidad de personas y hogares afectados varían según las distintas variables e indicadores analizados. El grave problema que demuestran los guarismos es que las condiciones de vida de los hogares se van deteriorando lentamente, semestre tras semestre. Por ejemplo, en cuanto a las viviendas ubicadas cerca de basurales, en la segunda mitad de 2017 estaban afectados 567.966 hogares; al mismo período de 2020, los afectados eran 610.776, es decir 42.810 familias más viviendo alrededor de los basureros.

Los barrios populares: la recuperación de un lugar donde vivir

Otra dimensión adquiere el problema de la vivienda, si se la observa desde la integración urbana de los barrios populares. Las políticas territoriales dominantes por largo tiempo han priorizado los intereses privados y económicos en desmedro de las necesidades públicas y de la población. Sin abordar los complejos problemas de la des-territorialización sufrida por la población desocupada proveniente del campo y las migraciones urbanas e inter-urbanas provocadas por la misma desocupación, la precariedad laboral y la economía informal, estas políticas han configurado una estructura urbana fragmentada, donde las áreas de opulencia contrastan duramente con las áreas de pobreza.

Frente al avance de una estructura urbana desigual, las iniciativas y actividades de los habitantes de las villas y asentamientos por la reapropiación del territorio, son continuamente desestimadas. Las organizaciones sociales, que son la forma con que la población vulnerada ha dado respuestas a sus principales problemas, son actores claves en el proceso de democratización e integración urbanas. La CCC (Corriente Clasista y Combativa), por ejemplo, es una organización que lucha por palear no solo el hambre y la desocupación, sino que también ha sido la propulsora de cientos de cooperativas de trabajo, de varios proyectos tendientes al mejoramiento de los barrios y ha movilizado a miles de jóvenes en torno al deporte barrial para alejarlos de las drogas.

Fue con el trabajo, la lucha y la insistencia de las organizaciones sociales, que pudo visualizarse y otorgar entidad —y de alguna manera protección— a aquellos espacios urbanos (llamados villas y asentamientos) indefensos frente a las políticas de los grandes negocios inmobiliarios. El RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) es una entidad que apunta a la integración urbana de la población marginada.

El Decreto 358/2017 del Poder Ejecutivo Nacional que da origen al RENABAP, define a los barrios populares como “aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.

De este modo, el problema de la vivienda en las estadísticas adquiere también una dimensión política de disputa de territorios. Según estimaciones oficiales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, con respecto al stock de viviendas, “desde hace décadas, el país enfrenta importantes déficits habitacionales” que afecta a casi 4.000.000 de personas. Según dicho Ministerio, al año 2016, con estos cuatro millones se constituyen las 4.416 villas y asentamientos que hay registrados en el RENABAP; y son 935.000 familias.

El RENABAP ha permitido también identificar la antigüedad de cada uno de los barrios populares, concluyendo que “el 68% de ellos son anteriores al 2000, el 21% se ha formado durante la década del 2000, el 9% entre el 2010 y el 2013 y el 2% restante entre 2014 y 2016”. También, el registro dispone de relevamientos por provincia. En Entre Ríos, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2016, había 169 barrios populares registrados. De ellos, 18 eran villas y 151 asentamientos; y un total de 18.010 familias viviendo allí, sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo que habitan.

Recientemente, entró en el recinto de Diputados de la provincia, el proyecto que adhiere a la Ley 27.453, que es la que establece el “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana declarando de Interés Público los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana -RENABAP-“.

Proyecto de Ley Urbanización de Barrios Populares

Los datos estadísticos oficiales que posee la provincia dependen, en gran medida, de los aportados por el INDEC. No existen precisiones sobre el déficit habitacional, pero se pueden trazar tendencias.

Otra fuente de información sobre la demanda de viviendas, la ofrece el IAPV (Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda). El problema de estos datos es que la demanda se reduce por ciertas condiciones establecidas para acceso a la vivienda (por ejemplo, “que los grupos familiares beneficiarios tengan un ingreso mensual preferentemente de hasta dos (2) salarios mínimos vitales y móviles”) que excluye a toda una población que vive en la precariedad. De todas maneras, es interesante saber que a la fecha los inscriptos para la adjudicación de viviendas del Instituto rondan los 50.000.

Sin embargo, como un cono de luz iluminando un sector frecuentemente invisibilizado de la sociedad, el relevamiento sobre las condiciones de la vivienda en los barrios populares realizado en 2017 por la CCC de Entre Ríos, permite dimensionar en una muestra el panorama desalentador. Esta organización, junto al PTP (Partido del Trabajo y el Pueblo), elaboraron el Proyecto de Ley de Urbanización de Barrios Populares. El proyecto entró en la Cámara de Diputados de la provincia de la mano del legislador Daniel Ruberto el 28 de agosto de 2018. Hace tres años el proyecto de ley gravita en las comisiones.

En los fundamentos de dicho proyecto se menciona que “en un relevamiento llevado a cabo en el 2017 por diferentes organizaciones sociales y en la ciudad de Paraná, los números de los barrios populares son abrumadores: de 310 familias encuestadas, 239 no tienen conexión a cloacas, 108 no tienen vivienda propia, 104 tienen pisos de tierra, 151 tienen pisos de cemento alisados, 39 tienen sus techos destrozados o de lona, 149 no tienen baños o los tienen afuera, todos sin revestimiento, 89 necesitan ser acondicionados y son necesarias construirse 232 nuevas habitaciones para evitar el problema de hacinamiento, considerando dos niños por habitación y que no duerman con los padres. Además, es necesario construir 101 cuadras de veredas, 82 de cordón cuneta y 44 de cloacas a lo que se suman 80 columnas de iluminación aproximadamente”. Este relevamiento se realizó en los barrios La Toma, Alloatti, Floresta, Balbi y Antartida.

De aprobarse el proyecto de la CCC y del PTP, sería un gran paso en perspectiva de resolver la acuciante situación de muchas familias entrerrianas. También redundaría en la economía y el bienestar de las familias. Pero habría que ver qué tanto afectaría a las grandes constructoras privadas que hoy concentran el negocio de la obra pública, porque como dice el primer artículo de este proyecto, “se fomentará y facilitará la contratación de los grupos asociativos que integran la Economía Popular, Social y Solidaria, en la Obra Pública que se desarrolle en el ámbito de los organismos de la Administración Pública Provincial Centralizada o Descentralizada y Entes Autárquicos, con el fin de realizar las obras de urbanización necesarias en los barrios populares de nuestra provincia”.

En la perspectiva del proyecto, el fortalecimiento de la economía popular no viene de la mano de las corporaciones de la construcción, sino en “la inserción de los grupos asociativos que forman la Economía Popular, Social y Solidaria”. En este sentido, la contratación de cooperativas de trabajo, por ejemplo, en obras de vivienda, en saneamiento y producción de espacios verdes, en la construcción y parquización de plazas y espacios públicos, en la limpieza y saneamiento de ríos, arroyos y cursos de agua, en el reciclado de desechos sólidos urbanos, en la “accesibilidad los barrios, calles, veredas, cordón cuneta, y aquellas mejoras necesarias para la circulación peatonal”, en la “refacción, construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar, de hospitales y centros de salud, de espacios de prácticas deportivas, culturales”, entre otras obras como el “extendido de infraestructura, redes de agua potable, de cloacas y gas natural” y el “mantenimiento de rutas provinciales, señalética y refugios para transportes públicos”, contribuiría a “la generación, crecimiento, sostenimiento y mejora del trabajo para los grupos asociativos como un modelo de inclusión e inserción social, con el espíritu de que cada trabajador perciba una remuneración de acuerdo al convenio correspondiente”.

En el contexto actual de pandemia y al momento en que temas cruciales sobre la soberanía cruzan los principales debates políticos, es imprescindible para el bienestar de los intereses populares y soberanos caminar esta línea popular, dar pasos en una perspectiva distinta a la que marcan los grupos de poder económicos y sus representantes, como las y los legisladores deJuntos por el Cambio que, por ejemplo, votaron en contra del impuesto solidario a las grandes fortunas el año pasado.

En un sentido popular y democráticamente superior a las prácticas que imponen las grandes empresas privadas, la contratación de los grupos asociativos promovería “los valores sociales de igualdad, solidaridad, autogestión, ayuda mutua y justicia social” y estimularía “la capacitación y formación continua de los miembros de los grupos asociativos de la Economía Social y Solidaria en los aspectos técnicos, gerenciales y comerciales necesarios para consolidar el desarrollo de los mismo”.

Publicado por Río Bravo el 29 de mayo de 2021