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Miércoles, 02 Junio 2021 10:48

Santa Elena: impulsan un banco de tierras para viviendas y producción

Escrito por Lucas Milocco

Un proyecto de Ordenanza presentado en el concejo deliberante de Santa Elena establece la creación de un Banco Municipal de Tierras, con el propósito de hacer accesible la tierra para habitar y trabajar. En un contexto en que las políticas públicas vigentes no llegan a dar respuesta íntegra al problema habitacional, desde los sectores populares más castigados surgen iniciativas a través de sus propias organizaciones sociales para dignificar sus precarias condiciones de vida.

Uno de los problemas claves en el derecho a la vivienda digna es la regularización dominial y el acceso a la tierra. Las familias que, de buena fe, construyen sus hogares en el siguiente pedacito continuo a la última casa del barrio, buscan un lugar donde levantar un hogar en el que puedan vivir con seguridad, paz y dignidad.

Sin embargo, las políticas públicas que apuntan a dar respuestas a las demandas habitacionales parecieran no ser suficientes. De todas maneras, y por iniciativa de los sectores populares que lo reclaman, algunos pasos se han dado a nivel nacional en perspectiva de encaminar soluciones al problema de la vivienda.

Con la creación del RENABAP (Relevamiento Nacional de Barrios Populares) y la sanción del “Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial” (Ley 27.453/18), se lograron dos herramientas legales importantes a partir de la lucha de las organizaciones sociales. Los beneficiarios de estas herramientas son las familias más empobrecidas.

El RENABAP reúne información sobre barrios y asentamientos en proceso de urbanización con la finalidad de brindar servicios esenciales a quienes aún no han logrado acceder a los mismos. Esto permite mejorar la calidad de vida de quienes habitan lugares donde todavía no se realizaron obras de servicios básicos como agua corriente, luz, gas, cloacas y pavimento. A partir de la realización del registro, se otorga el certificado de Vivienda Familiar. El certificado habilita la acreditación de domicilio y la solicitud de instalación de servicios.

El “Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial”, por su parte, se propone regularizar los barrios populares registrados en el RENABAP. Para ello, dispone la declaración de utilidad pública y la expropiación de la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan dichos barrios. Además, propone suspender los desalojos por cuatro años y habilita que las empresas prestadoras de servicios realicen obras aun cuando no se cumplan todos los marcos regulatorios necesarios.

Pero sin bien estos instrumentos son alicientes frente a la topadora del desalojo que conduce el negocio inmobiliario, todavía queda mucho por resolver frente a un problema tan complejo. El derecho a la vivienda digna se resuelve con acciones políticas de fondo, populares y democráticas, que apunten al contenido que expresa la consigna “tierra, techo y trabajo”, esgrimida por diversas organizaciones populares.

Banco municipal de tierras

En la provincia, en distintas localidades, existen iniciativas que apuntan a regularizar la propiedad de la tierra y el acceso a la misma para la construcción de viviendas. Recientemente en la ciudad de Santa Elena, por iniciativa de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), entró en el Concejo Deliberante Municipal el proyecto de ordenanza denominado “Banco municipal de tierras”, cuyo propósito es “constituir una reserva y un relevamiento de tierras públicas de orden local”, con destino al loteo de terrenos para viviendas, a espacios públicos de uso comunitario y al fomento de la producción agroecológica, entre otros.

En opinión de Selva Morales (concejal PTP - Creer), quien presentó el proyecto en cuestión, en la medida que el Estado no resuelva el problema, “las familias con grandes necesidades buscan por sí solas resolver su situación de alguna manera y es por eso que hoy nos encontramos en nuestra localidad con varios asentamientos espontáneos de familias que han decidido ocupar diferentes terrenos en pos de resolver el acceso a la tierra para vivir”.

Para Morales, el proyecto pretende “facilitar el acceso a la tierra a familias que no la posean y brindar respuestas y alternativas de solución a la necesidad de viviendas, puesta en producción y regularización de las tierras ya ocupadas por familias de la localidad”. Además, permitiría “regularizar las tierras que ya han sido cedidas con fines específicos”.

Una cuestión notoria del proyecto de ordenanza que da origen el Banco Municipal de Tierras, es que el mismo crea un “equipo interinstitucional”, integrado por técnicos de la municipalidad, el poder legislativo y referentes de organizaciones de la sociedad civil para que sean los encargados de llevar a cabo los objetivos propuestos en la normativa.

En primera instancia, ese equipo “buscará relevar todas las tierras municipales, provinciales y nacionales que se encuentran en nuestra localidad y conocer quiénes ocupan estas tierras, en qué condición, buscando regularizar la situación dominial de estos lotes”, amplió la edil del PTP.

A su vez, con el relevamiento realizado “se abre la posibilidad de llevar adelante un ordenamiento territorial, planificando el destino de estas parcelas y buscando respuestas a futuras solicitudes”.

Otro punto importante del proyecto es que “no solo plantea el acceso de lotes para viviendas, sino también el fomento y puesta en producción de lotes otorgados a las organizaciones sociales o grupos organizados de productores que busquen producir de forma agroecológica, fomentando las chacras mixtas y el trabajo asociativo y cooperativo”.

Por último, Selva Morales remarcó que “desde hace años venimos peleando desde la CCC y el PTP para resolver los grandes problemas que atraviesa nuestra ciudad, por tierra, techo y trabajo. Esta ha sido nuestra bandera en el camino por terminar con el hambre, la desocupación y los problemas habitacionales. Por eso este proyecto”.

En otras localidades

Las creaciones de los bancos municipales de tierras son medidas que vienen tomando los distintos gobiernos locales frente a la demanda de la población por el acceso a los servicios públicos urbanos y la vivienda.

En junio de 2016, el concejo deliberante de Rosario del Tala sancionó la Ordenanza 1561 que crea el Banco de Tierras de la Ciudad. Entre sus considerados, la norma establece que frente a la inexistencia de “políticas que intervengan y favorezcan la recuperación de tierras con finalidad social (…), el Estado Municipal debe participar activamente como un agente fundamental para recuperar y redistribuir los beneficios, regulando y controlando su expansión”.

En Gualeguaychú, se creó en octubre de 2018. La Ordenanza específica fundamenta que la tierra constituye un bien de especulación por excelencia en donde, la concentración de grandes dimensiones por parte de unos pocos genera inequidades en el mercado inmobiliario, determinado por valores exorbitantes que tornan extremadamente complejo el acceso a la misma por parte de los ciudadanos que pretenden hacerlo”, y agrega que “el Estado (…) debe tomar posicionamientos proactivos en la materia, generando condiciones que faciliten el camino para que todos los ciudadanos puedan acceder a su propia porción de tierra”.

En Oro Verde, en 2013 se creó el Banco de Tierras Municipal mediante la Ordenanza 039, también como respuesta a la demanda habitacional de la localidad.

En la localidad de San José, departamento Colón, en el año 2012, también se legisló en este sentido, con la Ordenanza 27, cuyos fundamentos señalan que “la problemática principal detectada es la imposibilidad de familias de clase media y baja de adquirir lotes dignos para la construcción de vivienda, ocasionando hacinamiento familiar, mercado inmobiliario informal, impacto ambiental, aumento desproporcional de las propiedades, asentamientos precarios y ocupación informal. Esta imposibilidad de acceso a un lote digno para vivienda es generada principalmente por la presencia de terrenos privados ociosos en la planta urbana, la especulación inmobiliaria, la falta de créditos y la falta de políticas de vivienda, entre otros”.

En la provincia existen más localidades que han dado forma legal a los problemas del acceso a la tierra, a la regularización dominial y a la integración al tejido urbano de los barrios populares. No obstante las distintas aristas según los textos de cada ordenanza, cuando incorporan la participación de la sociedad civil, con la puesta en funcionamiento de órganos colegiados, interdisciplinarios e intersectoriales, le da a este tipo de normativas un fuerte carácter democrático, al incluir en su dinámica de funcionamiento a representantes de los sectores afectados por la problemática que se busca abordar.

Publicado en Río Bravo el 2 de junio de 2021

Modificado por última vez en Miércoles, 02 Junio 2021 16:55

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