Elvira estuvo siete horas sentada en una silla de la Clínica Eva Perón de Ramos Mejía. Luego de la maratónica espera, desde ese sanatorio fue trasladada a un sanatorio de González Catán donde había renunciado dos semanas antes el especialista que ella necesitaba. Al otro día, sus hijos se la llevaron para realizar los estudios en un centro médico privado. A pesar de los reflejos, no pudieron evitar la infección intrahospitalaria que la anciana de 86 años se pescó en el manoseo, y que sigue minando su salud.
Vanina dejó de cobrar la Asignación Universal sin previo aviso ni lógica aparente. A duras penas se las rebuscó para cubrir con 144 pesos mensuales las obligaciones sanitarias y educativas que impuso el Estado como contraprestación. Cuando contaban ansiosos los días para cobrar los 36 pesos mensuales que se abonan por cumplimiento, la mala noticia cayó como un balde de agua fría en los padres de la adolescente. Su padre sospecha que se la quitaron porque se negó a participar de los actos del PJ entrerriano. Gladys, la mamá de Vanina, sostiene que se enteraron de los mil seiscientos pesos que gana limpiando casas día y noche. Sea por lo que sea, seguirán haciendo malabares para el alquiler y la comida de los cuatro gurises.
No todos saben que a las clínicas una tomografía les cuesta más cara los domingos. Muchos ignoran también que un porcentaje de los médicos cobran comisiones por medicamentos recetados y estudios solicitados. El abuso de fármacos y los tratamientos invasivos ejecutados para facturar, son un negocio para muchos, pero arruinan la salud de los pacientes, en especial en los pacientes mayores. La obra social de los jubilados es un caldo de cultivo para estas prácticas, en las que el juramento hipocrático se desvanece ante la perversidad de la medicina mercantilista.
Pocos beneficios llevan un nombre tan mentiroso como la Asignación Universal. Ante todo, porque los requisitos para obtenerla y sostenerla son excluyentes. Su manejo clientelar hace el resto. Respecto al primer punto, la exclusión de trabajadores del mercado formal es una burla para los sueldos miserables de algunos empleos en blanco. A su vez, la necesidad de documentación específica deja afuera a los sectores más marginales, que son paradójicamente los que más la necesitan. Finalmente, para los que lograron sortear tantas barreras, ha sido casi insostenible cumplir con los requisitos que deben afrontarse con sólo 144 pesos. Comida, vestimenta, escolaridad y salud, requieren muchísimo más dinero por mes y terminan forzando a los beneficiados a conseguir certificados truchos de escolaridad o sanidad. En relación al férreo control político de estos beneficios, es emblemático el caso de los vecinos del Barrio San Vicente de Concepción del Uruguay. Ellos fueron amenazados por los punteros del PJ con perder la Asignación si reclamaban por el entubado que los mismos funcionarios prometieron. Impresentable.
La seriedad de este tema está estrechamente ligada a los actores que involucra. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) está a cargo del futuro de los más chicos y los más grandes. Sin embargo, mientras dice no tener fondos para el 82% móvil que les corresponde a los jubilados por ley, y otorga un incentivo a la niñez que está haciendo agua por todos lados, se dedica a sostener alegremente la explotación de la General Motors, el consumo de las clases más acomodadas que compran plasmas y aires acondicionados. Y eso por no hablar de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, con plata que podría ser la palanca de una verdadera distribución del ingreso.
Como dato de color, tres de los últimos responsables del Ansés (Massa, Boudou y Schiavi), provienen de la derecha del peronismo o de la Ucedé (del procesista Álvaro Alsogaray). Dime a quién le das la caja y te diré cómo gobiernas. No sea cosa que los fondos bien recuperados de las AFJP, terminen siendo el tesoro de la rapiña política y la caja negra de las campañas electorales que se avecinan. Amado Boudou, actual ministro de economía, llegó tan lejos como para decir que la inflación afecta a las clases medias y altas. Ni siquiera Aníbal Fernández le dio la razón. Y eso ya es mucho decir.
