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Miércoles, 11 Diciembre 2024 18:58

El Gobierno intervino el IOSPER: fuerte rechazo gremial

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El gobernador Frigerio anunció la intervención del IOSPER aduciendo irregularidades. Diversos sindicatos y centrales expresaron un fuerte rechazo, con la excepción de UPCN que se mostró dialoguista.

El Poder Ejecutivo provincial, mediante decreto del gobernador, Rogelio Frigerio intervino la obra social que nuclea a unos 300.000 trabajadores de la provincia y municipales, activos y jubilados, según se argumentó desde el Gobierno, con el objetivo de “normalizar la obra social y garantizar el servicio a los afiliados”, frente a un déficit que, aseguraron, promedia los $2.000 millones por mes, en un marco de denuncias de irregularidades.
La intervención incluirá una auditoría integral del organismo y, aseguraron, “se garantizará el normal funcionamiento de los servicios a los afiliados”.
La decisión de Frigerio fue oficializada a través del decreto N° 3675 publicado el martes pasado, en el que se detallan las presuntas irregularidades que, según se indicó, serían las causas que impiden el normal funcionamiento de la obra social, sumada a la delicada situación financiera de la misma, retrasos en las prestaciones a afiliados y “el considerable aumento en gastos judiciales vinculados a incumplimientos”.
Mediante el decreto mencionado, Frigerio designó como interventores al abogado Mariano Gallegos, que ocupó diversos cargos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gobierno nacional durante la gestión de Mauricio Macri; acompañado por la subinterventora Marina Alegre.
Además de la designación de los interventores y la auditoría mencionada, la intervención implica la remoción casi completa del directorio obrero del IOSPER, con la sola excepción del Gerente Prestacional.
Entre los factores más importantes que motivaron la intervención, desde el Gobierno afirmaron que hubo un “entorpecimiento de parte de las autoridades del Iosper” en el control que ejerce la Comisión Fiscalizadora, con el "envío fuera de término de manera sistemática del informe financiero mensual y de los estados económicos de la Obra Social, los que deben ser remitidos cada tres meses".
Desde el Ejecutivo también adujeron falta de información sobre compras directas, contrataciones de personal, retrasos en la devolución de reintegros y en el pago de prestaciones médicas.
Según el Decreto, esta situación generó “un incremento importante del monto de gastos pagados por procesos judiciales, que acumula un monto de 867.706.190 pesos para el mes de septiembre, sin tener en cuenta las causas que aún se mantienen pendientes de resolución”.
Al dar a conocer la medida, Frigerio afirmó que "la intervención es una medida necesaria para abordar el déficit que enfrenta la obra social" y que "los entrerrianos pueden estar tranquilos, ya que las prestaciones de salud seguirán funcionando sin interrupciones.

El rechazo de los sindicatos y centrales sindicales 

Uno de los primeros gremios en pronunciarse al respecto fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que se declaró en “alerta permanente”.
“Los anuncios esgrimidos por las autoridades políticas no mencionaron el ajuste feroz implementado por el gobierno nacional y provincial que castigó los empobrecidos salarios de los trabajadores y las trabajadoras entrerrianas. Dicha embestida comenzó con una devaluación de más del 120 % de nuestra moneda que redujo en la práctica no menos de un 20% del poder adquisitivo de nuestros salarios. Tanto “los montos en negro” como “los salarios a la baja” desfinanciaron la obra social. Dicha devaluación a la cual se le sumó la inflación, dispararon exponencialmente el costo de medicamentos y prestaciones que en muchos casos están dolarizadas”, advirtieron.
Desde AGMER señalaron que el IOSPER viene, hace tiempo, batallando en contra de acciones corporativas que imprimen su máxima presión sobre uno de los lugares más sensibles para la clase trabajadora”, y destacaron que “a pesar de todos los inconvenientes económicos, nuestra obra social culminó el año 2023 con superávit y actualmente con todos los convenios firmados en total cumplimiento y con aranceles actualizados”.
Por otro lado, recordaron que la Ley de creación de IOSPER “prevé desde 1973 la participación en el Directorio de un representante del gobierno de turno y los mecanismos de auditorías. IOSPER tiene más de 300.000 afiliadas y afiliados”, resaltaron y aclararon que “los mecanismos de control están previstos desde siempre”.
Finalmente advirtieron que “si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”.
Por su parte, la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), expresó su “enérgico rechazo a la intervención de la obra social IOSPER, una medida que claramente responde al objetivo del Gobierno de apropiarse de su manejo, vulnerando los derechos de los trabajadores y de los aportantes”.
“En los últimos años, IOSPER ha demostrado una gestión eficiente, con superávit financiero y económico, y con un constante aumento y mejora en las prestaciones. Sin embargo, desde diciembre de 2023, las políticas nacionales, como la devaluación y el otorgamiento de incrementos no remunerativos a los trabajadores provinciales y municipales, generaron ingresos muy por debajo de la inflación, ocasionando un déficit que hoy se utiliza como excusa para justificar esta medida arbitraria”, denunciaron.
“La intervención afecta a una obra social que, a pesar de recibir los aportes más bajos del país, ha mantenido sus servicios en funcionamiento”, valoraron desde la Federación que, además, denunció, al IOSPER se le negó desde el Gobierno “un aumento en los aportes para garantizar su sostenibilidad”, “la creación de un fondo de financiamiento para medicamentos y tratamientos de alto costo y enfermedades crónicas” y “los reintegros necesarios para prestaciones vinculadas a discapacidad, entre otros derechos esenciales”, además de denunciar que la Instituto cubrió “costos que deberían haber sido asumidos por el Gobierno Provincial, afectando su equilibrio financiero”.
“FESTRAM no permitirá que esta intervención se consolide. Junto con nuestros gremios de base, tomaremos todas las acciones necesarias para garantizar que IOSPER sea dirigido por un Directorio Obrero, como lo establece la legislación vigente”, alertaron.
En tanto, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) coincidió en el rechazo a la intervención, que consideró “un atropello a los estatales entrerrianos que eligieron sus autoridades para conducir la Obra Social. Esta medida intempestiva y unilateral no responde a ningún justificativo de transparencia u optimización de los servicios, sino que es lisa y llanamente un camino al ajuste”.
“La situación del IOSPER no es ajena a la crisis estructural del sistema de salud y de las obras sociales en todo el país que arrastra varios años y que se vió agravada dramáticamente por las medidas del gobierno nacional a las que Frigerio ha acompañado incondicionalmente. A su vez, el ajuste sobre los salarios estatales y los “montos en negro” han desfinanciado la obra social y complicado una frágil situación. No obstante, hasta fines de 2023 Iosper presentaba una situación de superávit”, aclararon.
Por último advirtieron que “si lo que interesa es la salud de los estatales de la provincia, el gobierno debería cumplir y normalizar los aportes patronales y fundamentalmente respetar la ley y la institucionalidad de la obra social”.

UPCN, con tono colaboracionista

Con un mensaje diferente al resto de los sindicatos y centrales, la Unión del Personal Civil de la Nación se mostró dispuesta a colaborar con la intervención y pidió al Gobierno que conforme “una comisión específica con la participación de los gremios, para trabajar de manera conjunta con el objetivo de mejorar y optimizar a la obra social”. Además consideró oportuno “abrir el diálogo a fin de buscar soluciones de fondo”.
“Valoramos y honramos a nuestra obra social, que es la obra social de un gran número de entrerrianos, por lo tanto es nuestra intención seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, en pos de mejorarla y optimizarla”, indicó el sindicato conducido por José Ángel Allende, luego de que Frigerio anunciara la intervención del Iosper.
Si bien expresó no estar de acuerdo con la decisión, UPCN remarcó que “la intervención es una facultad que el Gobierno tiene, que no está por fuera de lo legal”.
“Tomamos la palabra del gobernador al indicar que se trabajará de manera conjunta y en equipo con los representantes de los trabajadores y, en respuesta, le aseguramos que allí estaremos”, se apuntó además.
En ese sentido, el sindicato entendió que “para poder realizar ese acompañamiento, sería conveniente que se conforme una comisión específica con la participación de los gremios”.

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