Rubén Lacoste es empleado de la provincia. Tiene 31 años, tres hijos y vive en su casa del barrio Mosconi Viejo de Paraná. Eran las 23 del sábado y fue a comprar puchos a un quisco de a la vuelta. A la salida se topó con la otra cara del discurso oficial de los Derechos Humanos: una brigada del móvil 243 de la Jefatura Departamental de Policía primero lo identificó, y luego le dio una paliza como para que no lo identifiquen ni en la casa.
El grupo de azules los subió a la camioneta (tipo trafic) y lo llevaron al mismo lugar donde hace 16 años fueron vistos por última vez Martín Basualdo y Héctor Gómez: la comisaría Quinta. Pero pese a que esta dependencia policial está a tres o cuatro cuadras de donde se realizó el “operativo”, el viaje se hizo bastante largo. Mientras, las piñas, los bastonazos y las patadas con borceguíes no cesaron durante el paseo en el móvil que lleva la inscripción “Al servicio de la comunidad”.
Una vez en la comisaría de San Agustín, lo llevaron directamente al patio, lo desnudaron y se repitieron las escenas, más que de golpiza, de torturas: piñas, patadas, palazos. “Me saltaban con las botas sobre los tobillos”, contó Lacoste. La saña no tenía fin. Como si fuera poco, los uniformados no quisieron ni siquiera borrar ellos la evidencia y le dejaron al joven un balde con un cepillo y detergente para que, con el único brazo que podía mover, lavara su ropa ensangrentada.
Los familiares de Lacoste, enterados de dónde estaba, lo fueron a buscar y se lo llevaron a su casa. A la mañana siguiente el muchacho fue a la Clínica Modelo para hacerse ver con los estudios correspondientes y luego al Juzgado de Instrucción para radicar la denuncia.
Las lesiones más visibles son hematomas en la cintura, inflamación en las piernas, las marcas de bastonazos en la espalda, el brazo con el que trataba de cubrirse hinchado e inmóvil, inflamación en la nariz, cortes en la boca, entre otras.
Investigación Judicial
El primer procedimiento realizado por la jueza de Instrucción Marina Barbagelata y la fiscal Laura Catáneo fue el martes alrededor del mediodía. Se hicieron presentes en la Jefatura Departamental y en la comisaría Quinta, implicadas en el hecho, y se llevaron copias certificadas de las actas, para determinar el personal que participó de los apremios ilegales (¿hay apremios legales?). Estimemos siempre la buena voluntad de las funcionarias judiciales, pero hagamos un razonamiento: del domingo a la madrugada al martes al mediodía, conociendo las mañas de la fuerza policial, esas actas pueden llegar a decir que esa noche prestó servicio en el móvil 243 una delegación de las Carmelitas Descalzas.
Entre algunas declaraciones para esta semana y la reunión de otros elementos, la semana próxima se podría saber con nombre y apellido los policías imputados en la causa. Y este es un caso de los cientos que no se llegan a conocer públicamente. Una fuente judicial expresó que se encuentran sorprendidos en Tribunales por la gran cantidad de denuncias que llegan por las viavas de policías a pibes de barrio.
Mientras las autoridades policiales patinan en cada explicación que quieren hacer del hecho, Rubén Lacoste tiene una, creíble y sincera: “Por el color de la piel, como decimos acá”.
