En realidad, el futuro es más que nunca incierto. El gobierno busca avanzar en una reforma que reproduce y hasta profundiza lógicas de la demonizada reforma de la educación menemista, y las condiciones (edilicias, presupuestarias, laborales) no parecen cerrar para que, efectivamente, el cambio se masifique sin que haya unas cuantas tormentas antes, en el camino.
La reforma en discusión
La tan mentada reforma de la escuela secundaria que el gobierno anuncia como un hecho, para la cual aparentemente no necesita el diálogo ni escuchar las opiniones de los demás actores en el campo de la educación, implica una reorganización curricular (de los planes de estudio, materias, títulos, orientaciones) y una reorganización del trabajo docente (reubicaciones, replanteos, adaptación a las nuevas cargas horarias y a las nuevas “cajas curriculares”).
El principal gremio docente, AGMER, por considerar que esta reforma (tal y como el gobierno la pretende realizar) implica una fuerte precarización laboral y pedagógica, rechazó ya en su congreso extraordinario del 21 de noviembre de 2009, en Concordia, “la implementación en el 2010 del Ciclo Superior orientado en el secundario”. En agosto pasado, más de 500 docentes debatieron y reafirmaron esta voluntad en el Encuentro Provincial de Educación Secundaria (foto), organizado por el sindicato en la ciudad de Paraná.
Obviamente, el gobierno campeón del doble discurso enseguida contraatacó: quienes se oponen a la reforma, dicen, es porque protegen a la escuela secundaria de la Ley Federal de Educación (24.195, abril de 1993), con su tristemente célebre Polimodal, y porque sólo piensan en su bolsillo y no en las condiciones pedagógicas en que los alumnos aprenden y en las que junto a los docentes construyen conocimiento.
Frente a ello, se debe señalar que existen por lo menos tres ámbitos en los que las condiciones no están dadas para que la reforma de la escuela secundaria se dé tal como la quiere el gobierno. Estos son: pedagógico, laboral y presupuestario.
La flexibilización pedagógica
La improvisación, el ajuste, las contradicciones, el prepoteo; no fueron exclusividades en este proceso de las discusiones en el terreno estrictamente económico y laboral. El gobierno se decidió a avanzar en una reforma que tiene como principal objetivo cumplir con lo ordenado por el gobierno nacional, sin discutir, debatir, evaluar ni planificar en serio y (mucho menos) democráticamente.
Nadie defiende, hoy en día, la escuela secundaria de la LFE, de la reforma menemista. Quien diga que las críticas a esta nueva reforma (la re-reforma) provienen de quienes quieren conservar la “escuela de Menem”, está clausurando la posibilidad de generar un intercambio en serio, está chicaneando. Que uno reivindique la necesidad de que la situación de la escuela secundaria sea revisada y superada, no implica dar rienda libre a cualquier cambio, incluso a los que profundicen los problemas ya señalados en la política educativa de los últimos 20 años. No por casualidad, de hecho, Graciela Bar (actual presidenta del CGE), si de algo no se puede despegar (por trayectoria y por sus raíces políticas) es de aquella primera reforma menemista, que también la encontró como funcionaria de la implementación de los mentados cambios “federales”. Sólo por ejemplo, entre 1995 y 1997 fue Coordinadora del Programa Nacional de Organización Pedagógica de la Formación Docente, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Este tipo de programas fueron las principales lanzas de la reforma menemista en su proyecto de desguace y remate de la educación pública a nivel nacional.
En este sentido, el reclamo por parte de AGMER fue uno y claro: participación real de todos los docentes y de la comunidad educativa (padres, alumnos…) en la discusión, planificación y evaluación de los cambios necesarios para garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender. Lo que se dio, por parte del gobierno, fue un debate curricular de y entre expertos, mientras pretendía que los profesores discutieran, estudiaran y resolvieran la reforma en dos “días institucionales” en sus escuelas; en los que supuestamente deberían, como corolario, elegir las modalidades que cada institución implementaría a partir de 2011. La reforma fue planteada como de costumbre: de arriba hacia abajo, unilateral y cerrada, y que los docentes vean cómo “encajan” en la misma. Después charlamos. Y, lo que es peor, este gobierno campeón también en el deporte de “lavarse las manos”, decidió utilizar como brazo ejecutor de la reforma a los equipos directivos y supervisores (trabajadores docentes, de carrera, en ejercicio de una función diferenciada).
Justamente, el mayor ejemplo de la improvisación sin límites con que se fue resolviendo este proceso por parte del CGE quizá sea que el diseño curricular “definitivo” recién se aprobó hacia fines de octubre. Con todas las decisiones que el gobierno había presionado para que docentes y escuelas tomaran antes, las “reubicaciones” firmadas, las modalidades “aceptadas”, etc.; había que barajar y dar de nuevo. En realidad, el gobierno tenía la tranquilidad de que todo lo “acordado” previamente había sido de palabra (y sabemos el valor que desde las altas esferas del poder político vernáculo le dan a la misma): las ordenanzas de reubicación para los docentes eran sólo para las escuelas muestrales, pero fue sobre la base de la prepotencia que el gobierno logró que muchas escuelas las aplicaran, contradiciendo una historia tan “rica” en burocracias, trámites y expedientes, donde todo debe ser “siempre” por escrito, y órdenes que si no vienen firmadas y selladas no existen. En esta ocasión, el teléfono y el tonito de patrón, el dedito índice levantado y la cara de “acá el que mando soy yo”, hicieron que los supervisores lograran que muchas escuelas “aplicaran” la reforma antes de que la misma estuviera finalmente aprobada.
Además, la famosa evaluación crítica sobre el proceso, presente en todos los discursos oficiales y en cualquier manualcito progre - posmoderno, consistió en un documento oficial vergonzoso de unas pocas páginas, aparecido recién cuando AGMER lo reclamó. El mismo, supuestamente reflejaba el modo en que los docentes de las escuelas muestrales están chochos con la reforma, con su implementación, con la nueva escuela secundaria, y con el mundo que todos los pueblos y naciones del planeta les dejamos a nuestros nietos, ahora que Urribarri gobierna Entre Ríos. Ese documento, escrito entre cuatro paredes en alguna oficina del CGE, pretende ser un diagnóstico de la implementación de la reforma en 2010. Empieza así: “En forma unánime, los docentes se han manifestado respecto a que el plan de estudios aplicado en las escuelas muestrales, es mejor que el del Polimodal…”, y por ahí dice así: “…se presentaron dificultades en la comprensión del sentido de la nueva propuesta (léase: si hubo problemas es porque los docentes son medios brutos y no entendieron, además de que son medio conservadores y no quieren el cambio)… pero se fue revirtiendo gracias al permanente diálogo…”, para concluir diciendo que los educadores consultados “afirman que ‘están de acuerdo con los cambios propuestos’”. Ni el programa 6-7-8 lo habría hecho mejor.
Por las dudas, este informe oficial de (auto)evaluación aclara: “Las escuelas de gestión privadas (está mal escrito en el original) no presentaron grandes complicaciones”. Qué sorpresa: esto fue lo que ocurrió cada vez que en estas últimas décadas el estado impulsó un ajuste en materia educativa.
Flexibilización laboral
Desde ya, el verdadero ajuste de fondo que impulsa esta reforma es económico y laboral. La estabilidad de los docentes y la cantidad de horas de las que dispone cada escuela, según lo afirma el CGE, no corren riesgo. Desde la vereda de quienes hemos perdido la ingenuidad y la candidez frente a gobiernos como el que nos toca, las cosas se ven muy distintas.
La creación de un régimen de Formación Complementaria que aún no tiene reglamentación ni especificación normativa alguna, las titularizaciones en trámite que no se han habilitado desde el CGE (desconociendo incluso leyes provinciales y decretos del Poder Ejecutivo Nacional), dan cuenta de un proceso que, a lo sumo, lo que busca es patear hacia delante (¿dos, tres, cuatro años?) el tendal de desocupación y pérdida de horas de clases que generará esta reforma. Apretando a los docentes (“si no firmás la reubicación te quedás afuera”) las autoridades del gobierno en educación lograron que muchos profesores “aceptaran” unas condiciones laborales claramente flexibilizadas, al mejor estilo de los contratos basura.
Hay instituciones, como la escuela del Centenario, en Paraná, que tienen hasta 90 hs. cátedra que en la nueva estructura curricular “no entran”, por lo que irán a parar al ámbito extracurricular: tutorías disciplinares, cátedras compartidas, ateneos, talleres optativos para el alumno, a contraturno o semipresenciales, entre otras modalidades. En todos los casos, los proyectos se plantean para dos años como mínimo y seis como máximo, después veremos.
Es innegable la necesidad de la discusión pedagógica. Ahora bien, ante la incertidumbre brutal respecto del futuro laboral y de sus carreras para tantos profesores, es obvio que no hay planificación, didáctica ni clases, que se puedan pensar y realizar con tranquilidad y sosiego. Cuando el gobierno de la provincia decide jugar con el trabajo de los docentes, imponiendo reformas que dejan a criterio de cada institución (por ello no quisieron implementar la titularización antes de la reubicación) el futuro laboral de miles de entrerrianos; está jugando también con la enseñanza que reciben y recibirán nuestros gurises. Cuando el CGE genera estructuras “complementarias” que claramente no están pensadas para durar más que unos pocos años, en función de ir desapareciendo paulatinamente horas y cargos hoy previstos en las escuelas, para los docentes y los alumnos; lo que está haciendo es un ajuste, pedagógico y laboral, aunque lo haga disimuladamente (como acostumbran los reyes del doble discurso).
El ajuste
Sin aumento presupuestario real, sin garantías en las condiciones de infraestructura ni en las laborales, con “planes de mejoras” para las escuelas muestrales (que el CGE llamó “Palanca de cambio”) para la elaboración de proyectos en las instituciones (financiados con plata del gobierno nacional, que viene a su vez del Banco Interamericano de Desarrollo) que funcionaron casi como sobornos o extorsiones; la reforma de la escuela secundaria no es más que un nuevo proceso de ajuste en la educación entrerriana. Por eso no se convocó a los docentes a discutir en serio, por eso los padres y los alumnos de todo esto sólo se enteran por los medios, y por eso los medios oficialistas no cuentan que en Villaguay y en Concordia, por ejemplo, la mayoría de las escuelas manifestó el rechazo a la reforma.
Obviamente, ahora los aprietes a los directivos se redoblarán, incluso aparecerán los sumarios (como ya ocurrió con la rectora de la Escuela Normal de Colón, sólo por ejemplo) y las amenazas de que todos los docentes van a quedar sin trabajo, de que en febrero nadie va a cobrar y de que los docentes van a querer linchar a los directivos de las escuelas que no se acoplen; todo en el contexto de un gobierno que ha demostrado ampliamente cómo se maneja con discrecionalidad cuando descuenta el salario por los días de paro hasta a los docentes que no se pliegan a las medidas gremiales.
El gobierno, en fin, buscará por todos los medios llegar a marzo de 2011 habiéndole puesto el moño (en la semana del “Docentes estudiando”) a la reforma. Así, a través de la gestión política del CGE encabezada por la profesora Bar, buscará concluir y pulir la reforma menemista. Frente a ello, AGMER ha ratificado que la escuela secundaria efectivamente debe modificarse, pero en condiciones que garanticen estabilidad, presupuesto y participación real de todos los actores involucrados.
La puja
Esta puja no es nueva ni era imprevisible. El estado nacional y el provincial no idearon ni un presupuesto ni una política que tienda a garantizar la extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria que “establecieron” por ley. Así, esta reforma no soluciona e incluso agrava la crisis de una escuela secundaria que, según datos oficiales, cuatro de cada diez alumnos abandonan antes de finalizar.
Por eso esta pelea que el gremio de los docentes entrerrianos, AGMER, se plantea profundizar, no es solamente una puja presupuestaria. La pérdida de derechos laborales es sólo una faceta de esta nueva reforma ajustadora en la educación entrerriana. El resultado de esta pulseada, que la reforma se aplique o no y cómo y cuándo, no sólo interesa a los docentes, padres y alumnos. Implica una nueva posibilidad de ponerle un freno a un gobierno que está acostumbrado a creer que con el prepoteo, la extorsión y la persecución del que lo enfrente, consigue lo que quiere.