Vidas en llamas

Claudia Rafael (*)

Una, dos, mil veces. Rostros que se multiplican. Oscuros, jóvenes, de cabellos revueltos. Demasiado jóvenes. Ya sin futuro. Supieron, sin poder gritar siquiera, que este mundo no estaba hecho a su medida. Franco Sosa y Franco Nieva, de apenas 16 años. Nelson Molas y Nelson Fernández, un año más grandes. Calcinados, asfixiados, muertos prontamente. Quebrados en su juventud que será eterna. Flotarán para siempre en ese camino al paraíso que no conocieron. Su paso por la Alcaidía de Catamarca fue la última estocada en sus cuerpos magros. Y resultó fatal. Fue este fin de semana de mediados de septiembre aunque ni el Estado, ni los medios, ni la sociedad sientan que con ellos también se quemó la vida. El fuego ardió en sus cuerpos y los devoró.

“Son el sobrante de una generación”. Definición férrea de María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. “Es todo un sistema que posibilita que las fuerzas de seguridad detengan, torturen y asesinen. Es el fenómeno emergente de la violencia policial que se repite sobre los adolescentes pobres”, continuó.

Control social, disciplinamiento, ejecuciones. Método sistematizado y hecho carne en la sociedad. “Más de dos tercios del total de muertos por gatillo fácil, torturas en cárceles o comisarías corresponde a la franja de jóvenes de 15 a 25 años. Son la franja social con más razones para rebelarse, haciendo algo concreto contra el sistema injusto que está obligado a vivir”, aseguró.

Una, dos, mil veces. Claudia Cesaroni, criminóloga e integrante del CEPOC (Centro de Estudios de Políticas Criminales y Derechos Humanos) toma de Modernidad del Holocausto, de  Zygmunt Bauman aquella expresión de abrir la ventana y mirar. Algo así –analizó- como que resulta imposible actuar sobre aquello que no se ve.

“Es necesario escandalizarse ante el horror”. Desde esa sensación es que llega convencida a la síntesis: no hay reacción. Murieron cuatro chicos calcinados en un lugar en el que nunca deberían haber estado y no hay conmoción. Porque en definitiva, hay horrores que no impactan. Que no duelen. “No se escucha el reclamo de los familiares...no se oye su llanto”.

Horror –repite- que deriva del descarte social como semilla del sistema. “Si el motín de los colchones que en 1978 significó la muerte de 65 presos comunes calcinados en la cárcel de Devoto, hubiera ocurrido en el pabellón de presos políticos, hubiera derivado en un juicio y en un reclamo de los organismos. Estas otras muertes pasan y uno siente que es la misma noticia que se repite en cientos de ocasiones”.

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Una, dos mil veces. Como aquel octubre de 1989, en la Comisaría del Menor, de Formosa. Ocho chicos incinerados. Ocho veces la misma perversidad. Ocho relatos de vida truncados por el sistema. Que serían siete, diez años más tarde en el Precinto 5 de Córdoba. “Tenían entre 18 y 21 años. Estaban detenidos por contravenciones y averiguación de antecedentes. Golpeados. Torturados. Les habían contado a sus familias del maltrato. Se amotinaron y los mismos policías los instaron a prender fuego para que llegaran los jueces. Seis murieron en el lugar y uno, de apellido Barbosa, sobrevivió, contó la historia y murió poco después en el hospital”.

La misma y exacta noticia en cada geografía del encierro país. Cambian los nombres del pueblo. Se modifica la provincia. Pero la realidad se repite cruelmente hasta desgajar vidas destinadas a integrar los listados residuales de un mundo diseñado para otros.

Como Diego, Manuel, Miguel y Elías, masacrados a mano de fuego, humo y golpiza en un calabozo de la comisaría primera de Quilmes, en octubre de 2004.
Quince, dieciseis y diecisiete años. Pájaros de vuelo truncado a golpes de palos de goma sobre la piel hecha harapos. “Casi todos los días sacaban a los chicos de los calabozos y los obligaban a golpearse entre sí. Todas las madrugadas los levantaban. Les mojaban los colchones. Les hacían requisas con golpes. Aquel día, los policías entraron, los pusieron contra la pared, los hicieron desnudar y les pegaron”, relató luego la madre de Diego.

Exacta fotografía que aparece a los ojos. Igual. Siempre igual una y otra vez. Basta –diría Bauman- abrir los ojos y mirar.

En Quilmes como en Orán, donde el 25 de octubre de 2006, cuatro chicos de 15, 16 y 17 murieron carbonizados en la comisaría.

O en Posadas, en que Rosa Yamila Gauna, que estrenaba sus 15 fue detenida “por ruidos molestos” y acabaron con sus días en el encierro feroz. Que sólo sabe de paredes que nublan la mirada.

“Ella prendió un colchón con un encendedor”, dijeron. Cuando fue secreto a voces que se buscó tapar las huellas del abuso con el ardor de las llamas en su cuerpo.

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Ya lo decía el querido Elías Neuman en una nota de APe publicada en noviembre de 2006: “Son muertes que en poco tiempo serán reemplazadas por otras y otras más. Y pondremos más literatura del horror y traeremos a la meditación de lectores y televidentes parámetros y doctrinas del derecho penal incumplidos y mencionaremos una vez más a las muertes y los muertos y hablaremos, al fin, de cómo se conculcan los derechos humanos. (...) Por qué razón para el capitalismo financiero una enorme cantidad de seres humanos -cientos de miles- han dejado de importar o, mejor aún, no interesan, sobran. ¿Cuándo advertiremos que el crimen del hambre es una forma peculiar de terrorismo estatal en especial en un país como el nuestro, demasiado rico para ser pobre? Que el sistema neoliberal establece un Estado autoritario (burocrático autoritario diría O´Donnel) dentro de la llamada democracia formal, un Estado penal brutal que tiene en mira a los de abajo, posibles insumisos y a los que se revelan aunque fuere potencialmente. Habrá que decir que a los chicos de Quilmes los mataron que es lo mismo que dejar morir, porque encarnan esa potencial condición”.

En ese año 2006 que Neuman analizaba ese sistema del horror, varios chicos morían calcinados en la Comisaría Séptima de Corrientes. La mayoría, entre 15 y 17. Otros dos, entre 18 y 21. “Uno de los chicos más grandes estaba desesperado porque su mujer estaba pariendo su primer hijo en ese momento. Se tragó una bombilla del mate para que lo llevaran al hospital. Nadie lo escuchó. La bombilla le perforó el esófago. Los chicos empezaron a tratar de hacerse escuchar para que lo atendieran. La policía los golpeó muchísimo y después los esposó a las rejas. Como eran pibes que acababan de ser detenidos, estaban los padres afuera que empezaron a ver el humo. Los policías no los dejaban entrar. De prepo, los padres, con ayuda de gente que estaba en una hamburguesería entraron a hacer una cadena para llevar agua. Los policías comenzaron a tirar balas de goma. Murieron tres. Hay varios que quedaron con secuelas. Y otro, al que traen una vez al año a Buenos Aires para hacer trasplantes de piel todavía hoy, a cinco años de ocurrido”, contó Verdú.

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Esta vez fueron Franco y Nelson, Nelson y Franco, hermanados en nombre y en destino. Quemados en los basurales del sistema sabiendo que multiplican el temor a alzar la voz. Sabiendo que nadie se golpeará el pecho escandalizado por sus muertes. Seguros de que la limpieza étnica que aplican en modo sistematizado cubre cada uno de los condimentos necesarios para que el sistema corra aceitadamente entre sus perversidades. Que sus crímenes no escandalizan pero sí ejemplifican. Que el miedo enseña y profundiza los silencios.

Ayer fueron Franco y Nelson como antes Rosa, Diego, Miguel o Elías. Como mañana... Que saldrán del “carbón y del rocío”, diría Neruda. Que llegarán algún día, quién sabe, “a sacudir las puertas con manos maltratadas, con pedazos de alma sobreviviente, con racimos de miradas que no extinguió la muerte, con herramientas hurañas armadas bajo los harapos.”

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El encendedor y la pena de muerte

Silvana Melo (*)

Es la fotografía más nítida de exterminio. Es la síntesis del holocausto en las afueras de la puna. La palabra mantiene una desgraciada sociedad con los crímenes de la Alcaidía de Catamarca: su esqueleto deriva del griego (holos – kaustos) y significa todo quemado. Así murieron los cuatro pibes, niños solos de la intemperie, adolescentes depositados al castigo y a la eliminación de la dermis social. Allí donde los chicos marrones de ojos chinos –por lo único que pudo reconocer Mariel Mendoza a su hijo- alteran el orden establecido, derraman herrumbre en los engranajes, clavos en las ruedas, espinas en los dedos de las estructuras determinadas y determinantes. Así murieron los cuatro pibes, en holocausto, quemados todos en sus cuerpos desechos y en el mínimo futuro que alguna vez les habrá correspondido en la injusticia de todos los repartos.

Es la pena de muerte, disfrazada de descuido, negligencia, accidente, responsabilidad individual, falla edilicia, policía perverso, jueza indiferente, y todos los eufemismos posibles. Pero es la pena de muerte. Porque los chicos solos, descartados, son vidas baldías. Improductivas. Arenilla en el motor social. Fuman y aspiran veneno en las esquinas, se anestesian la angustia y se aceleran la rabia. Se sienten afuera y espían por las banderolas. Corren el futuro y jamás lo alcanzan, pierden las zapatillas en la carrera, se rompen las manos con los vidrios de las paredes, los bajan de tres balazos en la esquina. Nunca llega el futuro. No llega. Y cuando está cerca se prende fuego. Con el encendedor de un policía.

La Alcaidía de Catamarca no estaba pensada para castigar ni para encerrar indefinidamente. No más que seis horas para infractores al Código de Faltas; una cañería represiva ligera, para descomprimir las comisarías. Sin infraestructura –sin detectores de humo- para sostener durante mucho tiempo a adolescentes en estado de castigo, aquellos con los que el Estado no sabe qué hacer. O sí sabe. Y quedó aterradoramente claro en las llamas donde se quemaron Franco Sosa, Nelson Molas, Nelson Fernández y Franco Nieva, todos de 16 y 17 años.

Más allá de las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, quienes los mantenían ilegalmente detenidos, existen responsabilidades políticas y sistémicas a las que hoy se les puede poner nombres pero los exceden. El ministro de Gobierno de Catamarca, Javier Silva, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el jefe de Policía, Francisco Soria. El gobernador Eduardo Brizuela Moral. Pero si el gabinete de ministros y las jefaturas policiales ya pertenecieran a la gobernadora electa Lucía Corpacci no hubiera cambiado nada. A los chicos se les hubiera ofrecido de todas maneras el encendedor de la inmolación como instrumento de autoexterminio. No importa quién gobierne ni qué policía esté al frente de la policía.

Pasadas las dos y media de la tarde terminaron de almozar y fueron a la celda a mirar televisión. Eran los únicos cuatro detenidos donde no podía haber detenidos. Alguien que vio, que oyó, que –dijo- declarará, lo relató a los padres. Las familias Molas, Sosa y Nievas lo hicieron público. “Un policía les dio el encendedor”, dijeron. Después “cerró la celda con candado y los provocó para que se prendieran fuego”. Le dijo “a uno de los muchachos si sos macho, préndete fuego. Le tiró el encendedor y les cerró la puerta de la celda con candado". No hubo motín ni peleas. “Si tenés huevos tomá, matate”, dicen que les dijo. Maltratados, humillados, golpeados, cansados, rodaron la piedra. Y apareció la llama.

Los pibes ahora son sólo cenizas. Como tantas otras cenizas surgidas de las llamas del encierro. De la pena de muerte para los condenados por origen. Sin juicio ni sentencia. Su holocausto se quedará prendido en alguna glosa perdida de la historia. Pero a nadie le erizará la piel. Ni a las instituciones ni a la sociedad.

Serán sólo memoria en los containers. Pena en la muerte.

 (*) Publicado originalmente por Agencia Pelota de Trapo y reproducido por Río Bravo el 21 de septiembre de 2011.