Imposible admitir que la opción sea pelearse o aliarse con el gobierno nacional en una disyuntiva absurda. ¿Es requisito inquebrantable no cuestionar, no oponerse y no disentir? ¿Es acaso utópico el consenso?
Nadie le pide a Urribarri que se enemiste con la presidenta, sino que haga valer ante ella, con mesura, buenos modales y educación pero también con firmeza y energía, los legítimos derechos que le son propios a la provincia. Se trata de plantear las justas y legítimas demandas y necesidades regionales pero sin abrirle espacio a las dádivas que se hacen con recursos mal retenidos. Para ello no se necesita pelear con nadie porque las leyes ya prevén lo que los funcionarios deben ejecutar. Cuanta decisión adoptó el gobierno nacional desde 2007 a la fecha, recibió la aprobación sistemática del poder político entrerriano, sin la menor objeción y manteniendo silencio a la hora de exigir que las leyes fundamentales sean reconocidas.
A principios de su gestión, Urribarri casi eufórico avisó que con el tiempo los entrerrianos se iban a dar cuenta de la importancia de alinearse con el poder central. Las opciones no son aliarse sin objeciones o enojarse sistemáticamente, sino establecer una relación en buenos términos, incluso hasta fraternal, donde nadie se imponga sobre nadie, en un equilibrio estable y promisorio. La Constitución entrerriana, en su artículo 8º reivindica la defensa del Estado Federal. Su admitida coincidencia del cien por ciento con lo que ha hecho Cristina Fernández y con su forma de gobernar, explica porqué en 2008, cuando desde Balcarce 50 se agravió y maltrató tanto a los campesinos, nuestro gobernador se fue a Buenos Aires a apoyar las barbaridades que se cometían con la Resolución 125, inconstitucional por donde se la mire y dañosa para los intereses de los productores y del propio país en su conjunto.
Sin darse cuenta, ese reconocimiento cuasi ciego hacia la presidencia de la Nación, hace que los logros que esgrime el gobierno provincial no sean propios y se tornen en un mérito exclusivo del PEN. Se sabe que muchas de las obras públicas que se erigen en Entre Ríos, surgen de recursos mal apoderados que no se remiten en sus índices correspondientes. Es como el hijo que le saca plata al padre para hacerle el regalo de cumpleaños.
¿Qué le ha impedido a Urribarri en estos largos tres años de gestión, así como llama a los empresarios a viajar al exterior para abrir mercados, hacer lo mismo con las entidades del campo para llevarlos ante la presidente? ¿Teme causarle molestias? ¿Teme romper algún código? Tiene capacidad para hacerlo y esa práctica sana e inteligente, le permitiría obturar y sellar grietas innecesarias. Enumeremos algunas situaciones que merman las arcas provinciales:
a)- Ya hemos dicho que la reformulación del Sistema de Coparticipación Federal que está en la Ley 23.548/88 y que la Carta Magna reformada en 1994 manda efectuar con plazo perentorio de dos años (en 1996), es hoy altamente perjudicial para las provincias (que son anteriores a la Nación) porque se queda graciosamente con un 77 por ciento de la recaudación primaria (de cada 100 pesos que envían los Estados a la Nación, retornan apenas 23). Los montos que se remiten para obras predeterminadas y que exhiben letreros donde se destaca “Gestión de Cristina Fernández de Kirchner”, salen de fondos que se les resta a las provincias sin ley de respaldo y que éstas deberían destinar mediante facultades propias por sí solas y con potestad plena para direccionar qué proyecto diseñar, cómo, dónde y cuándo llevarlo a cabo sin tutelaje alguno. El sistema sigue intacto y se desconoce qué planteos realizó el gobierno provincial o intercambio de ideas mantuvo con los legisladores nacionales para cumplir con la Ley Suprema.
b)- El Impuesto al Cheque es otro ejemplo de atropello centralista acatado por el gobierno provincial. Cuando en 2010 se planteó seriamente en el Congreso modificar la ley por considerarla inequitativa, el gobernador entrerriano sostuvo que no era tiempo para hacer este planteo (¿cuándo, entonces?). El dato estimativo de recaudación por este gravamen para 2010, fue de 23.546 millones de pesos, de los cuales el 70 % ($ 16.482 millones) se apoderaría el Estado nacional y el 30 % restante ($ 7.064 millones) quedaría para el interior. Pero de este último monto se deduciría previamente en millones de pesos un 15 % para la Anses (1.059); un 1 % para Aportes del Tesoro Nacional (70.64) y para el propio Tesoro un 40,24 % (2.842), totalizando 3.971 millones de pesos. Es decir que el fondo a remesar al conjunto de provincias quedaría limitado a $ 3.093, un escuálido 13,10 % del total recaudado.
De la suma que quedaría, Entre Ríos y por aplicación de los índices de la ley 23.548 terminaría recibiendo 184 millones que, comparados con los 7.064 de distribución original a las provincias, significan un magro 2,60 % y un paupérrimo 0, 78 % respecto a aquellos 23.546 calculados inicialmente. Imagine el lector cuánto le terminaría tocando a cada municipio entrerriano por derrame distributivo en las zonas más sojeras. ¿Alguien tiene pensado reclamar por un cambio? Legisladores de distintas provincias lo intentaron pero el establishment aliado con ciertos gobernadores, lo impidió.
c)- El Fondo Federal Solidario de la Soja (financiado con recursos de la exportación de esta oleaginosa) fue creado en marzo de 2009 por la presidente mediante el Decreto 206 con vigencia a partir del 1º de abril. Además de vulnerar el art. 4º de la Constitución Nacional avanzando sobre potestades del Congreso y violando asimismo el art. 2do., inciso a) de la Ley 23.548/88 (lesiones jurídicas que ya parecen anecdóticas), la norma es altamente engañosa y contiene una fuerte carga de demagogia. Para este abordaje nos aferramos a un análisis hecho oportunamente por el economista local José Carlos Larghi.
Tomando el período abril-diciembre de 2009, se estimó que ese año el grano y sus derivados proveerían, con un dólar de $ 3,70, una recaudación de $ 18.111.112.600, pero como la ley regiría recién desde el cuarto mes, sólo se tomaría como referencia un 75 % del monto total, es decir, $ 13.583.341.950, de los cuales nada más que el 30 % iría a las provincias, incluyendo aquellas no productoras de soja. De allí que los actuales diputados nacionales Raúl Barrandeguy (PJ) y Atilio Benedetti (UCR) sostuvieran tiempo después y con acierto, que con ese criterio Entre Ríos debería percibir regalías petroleras y de la minería.
Tomando ese porcentaje tan austero, la cifra a distribuírse se reducía a $ 4.075.002.585 y como se aplicaron los índices de la Ley 23.548/88, las provincias deberían conformarse con $ 2.227.396.413. Como a Entre Ríos le corresponde un 5,7 %, las partidas recibidas alcanzarían solamente $ 112.929.998. Pero si además la provincia debe transferir montos a sus municipios (un 30 % que suma $ 33.878.694), quedarían para la Casa Gris poco más de $ 79 millones. Considerando que no todas las comunas perciben igual índice, piénsese cuánto les tocaría a aquellas más chicas y menos asistidas. No disponemos de cifras sobre 2010 pero el mecanismo sigue siendo perverso.
Este dinero sale del bolsillo de los productores. Sí, de los maltratados productores entrerrianos y se presenta ante la sociedad como un gesto de gran generosidad K. Pero además, ese monto debe ser invertido en obras que el centralismo decide per se y en ningún caso autoriza cubrir el rubro salarios. ¿Qué gestiones ha efectuado la provincia para modificar esta ecuación tan injustamente mezquina? Más allá de cuanto se expresa desde el oficialismo, estas reflexiones merecen respuestas contundentes que muchos los ciudadanos seguramente sabrán valorar. El artículo 8º no es opcional. Es una inexcusable obligación.
¿Ultimo mensaje?
En un juego de palabras podría afirmarse que el mensaje anual dirigido a la Asamblea Legislativa por Sergio Urribarri, fue el último pero quizás no. ¿Cómo se explica? Porque fue el último de su actual gestión, pero como en su exposición priorizó el rubro obra pública (aunque no faltó quien negara ciertos datos afirmando que se mencionó como inaugurada una que ni siquiera fue licitada) aprovechando para efectuar el lanzamiento de su campaña para ser reelecto, bien podría no ser su último informe de apertura del período anual de sesiones ordinarias que le manda la constitución (art. 175º, inc. 7).
El gobernador –quién no lo advierta es porque vive en otra dimensión-, hace mucho que se halla en campaña y desde luego que a partir de ahora en cuanta circunstancia se dé va a acelerar los elementos promocionales de su candidatura (lo ideal sería tomar licencia para hacer proselitismo y aplicar lo que hacen muchos países al no realizar inauguraciones menos de 120 días antes de los comicios). Más arriba hablábamos del concepto y sentido del sistema federal y en este discurso –en el cual con buen criterio obvió la enumeración taxativa y tediosa de la gestión optando por remitir un informe a cada legislador-, introdujo claros contenidos políticos como eje y sin ningún reparo hizo un virtual lanzamiento de su candidatura a seguir cuatro años más sentado en sillón mayor de la Casa Gris.
El choque dialéctico con aquellos que descreen de la verdadera acción en materia de obras públicas se resuelve citando pormenorizadamente a las habilitadas, a las que se culminarán prontamente y las que restan comenzar y que seguramente quedarán para más adelante. La exhibición de hechos concretos adquiriría contundencia ante a la desconfianza, desnudaría a quienes mienten y absolvería a quienes dicen la verdad.
Claro que faltaron aspectos centrales de la obra de gobierno y algunas señales que serenen por ejemplo a los empleados públicos (además los jubilados) cuya impaciencia ante la falta de de reajustes salariales ya se vuelca en anuncios de probables acciones directas. Y definir de qué modo se saldrá de la comprometida situación financiera del Estado (un dato proporcionado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, revela que Entre Ríos está entre las cuatro provincias con menor recaudación tributaria, percibiendo en 2010 sólo poco más del 30 % de lo cobrado en 2009, guarismo que requeriría aclaraciones de la DGR).
Urribarri no ahorró ditirambos sobre la presidente de la Nación, sin observar quizás que cuando más responsabilidad le atribuye al gobierno central en realizaciones provinciales, mayor cuota de mérito le asigna y menos le queda al Ejecutivo entrerriano, reducido a una tarea de gestión y administración cuyo financiamiento proviene de dineros que siguen siendo de la provincia.
Si se sostiene que el 80 % de los recursos asignados en el Presupuesto 2011, dependen de la Nación, se abona más la definición funcional del mandatario. Esto termina siendo no un federalismo de recursos sino de apropiación.
El federalismo de recursos significa que éstos deben estar en manos de sus legítimos dueños, sin intermediaciones demagógicas. Cuando se exalta la figura presidencial en esta gestión provincial, se está propiciando la reelección de CFK y ese es otro componente objetable. Si la mayor parte de lo que se hace, deriva de plata que primero se le quita a la provincia y luego se le remite bajo el antifaz de una bondadosa generosidad, por fuera de la Constitución y las leyes, sólo puede interpretarse como el arte de apoderarse, administrar y orientar recursos ajenos no cedidos por las provincias sino atrapados en forma ilegítima por el poder central.
Está claro que toda medida que disponga la Casa Rosada y que afecte negativamente al Estado provincial y sus sectores integrados de la producción, la industria y el comercio, poniendo en riesgo el poder de compra del salario, no será reprochada desde la Casa Gris.
En el fondo es legítimo que el gobernador diga lo que piense aunque a la sociedad y a la oposición pueda no agradarle. Pero el ámbito donde declaró inaugurado un nuevo período de sesiones de la Legislatura, ciertamente no era el apropiado para acciones proselitistas.
*Publicado originalmente por la revista Análisis. Publicado en Río Bravo el 21 de febrero de 2011.
