Ana María fue coordinadora de la Asamblea durante dos años. Cuenta que actualmente “estamos en un momento muy complejo, porque el Gobierno Nacional ha hecho un trabajo capilar para destruir nuestro movimiento social. Hay compañeros que en ese sentido han errado el rumbo y por eso hay mucha gente que se retiró. No porque crean que hay que dejar de luchar contra la presencia ilegal de BOTNIA, sino porque el levantamiento del corte, en las condiciones ‘extrañas’ en las que se hizo, profundizaron las diferencias con las que convivíamos hace mucho tiempo”.

Dice que “es un momento difícil” para la Asamblea Ambiental, porque “nos embretaron - o al menos a una parte del equipo técnico de la asamblea - con un control que garantiza la permanencia de la planta”. Sin embargo, “no se cumplen los acuerdos, el gobierno nacional no atiende nuestro reclamo y da conferencias diciendo que el conflicto está solucionado. En realidad, jamás estará solucionado mientras Botnia continúe en el lugar donde está”.

Sobre las diferencias que existían en la heterogeneidad del movimiento contra Botnia UPM, explicó que “son naturales y lógicas, pero que las maniobras políticas de los políticos oficialistas y de aquellos que representan otros intereses que no son los de nuestro pueblo, hicieron más difícil la convivencia de nuestra comunidad, mientras Botnia mantiene su agresión permanente”. A pesar de esta situación en que siguen “movilizándonos muchas veces sin que un grupo reducido, que se atribuye la potestad de la asamblea nos acompañe la mayoría de las veces”, confía en que “ya podremos reconstituir y fortalecer la asamblea y recuperarla para seguir la lucha”.  Además, propone “unirnos con las distintas asambleas de la cuenca del Uruguay y del país. Debemos reclamar también nuestra soberanía, porque el problema de Botnia no es sólo una cuestión de medioambiente, sino también un problema para la soberanía de nuestro país y de Latinoamérica. Debemos bregar por la unidad de todos los que luchan en defensa de la vida, de la tierra y el agua”.

La reactivación de la causa penal

Es significativo que “cinco causas federales relacionadas con el tema pasteras son contra los asambleístas”. Ana María detalla que “hay 25 imputados por los cortes de ruta ocurridos en los cuatro domingos de septiembre de 2010; 3 imputados en una denuncia de noviembre de 2009, radicada por un ciudadano uruguayo contra los asambleístas que le impidieron pasar hacia Uruguay ese día; 5 imputados de homicidio culposo por la muerte de Walter Maulucci en abril de 2009; 15 asambleístas investigados por la realización de una caravana y corte de la ruta nacional 14 en mayo de 2010; en casación se encuentra la querella del Estado Nacional en 2010 a través del Procurador del Tesoro, contra 10 asambleístas por el corte de la ruta internacional 136 durante más de 3 años”. En este último caso, son acusados “de 14 delitos en 18 hechos que, de comprobarse, implicarían hasta 30 años de cárcel”.  

Sobre esta última querella, relata que “en primera instancia, el juez Pimentel resolvió que las acusaciones eran insostenibles y no había delito. Luego, apeló la Fiscalía, y en fallo de segunda instancia la Cámara Federal de Paraná, el 25 de octubre de 2010, determinó que no había causa, criticó el mal planteo y ordenó que se reorganizara el expediente. Nuevamente apeló el ministerio fiscal con un recurso de casación”. Ésta es la querella que fue reactivada por el estado en manos del kirchnerismo en un contexto de represión a las protestas y reclamos populares.

Para ese día, “la asamblea resolvió movilizarnos, pacíficamente, con pancartas y banderas, apostando a la unidad de los distintos compañeros que son perseguidos por luchar, e intentaremos articular una importante confluencia ese día frente a tribunales y visibilizar nuestro reclamo de fondo: no queremos a Botnia UPM en la región, y mientras la empresa permanezca allí, existirá el conflicto”.

Sobre los proyectos de amnistía presentados en la Legislatura provincia, prefiere una tercera alternativa en la que “la comisión dictamine a favor de una propuesta que disponga ‘la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación’ en manifestaciones por reivindicaciones sociales”. Ana María considera que “la palabra amnistía - que es el término al que se refieren los primeros dos proyectos - se presta para interpretar que nosotros pedimos ser eximidos de un delito”. Al respecto, considera que “bajo ningún punto de vista, ejercer nuestro derecho a expresarnos libremente, amparados también bajo el artículo 41 de nuestra constitución nacional que privilegia el derecho a una vida en un ambiente sano, podemos ser acusados de accionar contra el resto de los ciudadanos, más bien todo lo contrario. Me parece ridículo que se nos trate como criminales, que se nos tire con todo el código penal por la cabeza, como ha hecho el gobierno nacional”.

Participación Política

A partir de su experiencia de lucha, Ana María sostiene que “el gobierno kirchnerista jamás va a resolver los problemas ambientales que padecemos millones de argentinos; porque es un gobierno que contamina, que se asocia con megaproyectos contaminantes, que garantiza su funcionamiento impune como en el caso de las mineras, que sólo enfrenta de palabra y no resuelve en consecuencia de lo que predica. Como hizo en el caso de Botnia UPM. Es un gobierno que ha contribuido a la extranjerización de la tierra, y que dice que enfrenta la soja, pero en realidad es el principal socio en las cuantiosas ganancias y exporta paquetes tecnológicos haciendo acuerdos multimillonarios con las mismas empresas que dice criticar. Utiliza el problema medioambiental como instrumento en la disputa de intereses con distintos sectores. El veto a la ley de glaciares es una prueba más de esto. Nos dan discursos, en nombre del proyecto nacional y popular que dicen encarnar, pero en realidad siguen entregando nuestro patrimonio y aniquilando nuestros recursos ambientales, en algunos casos por acción y en otros por omisión del estado que ellos dirigen”.

Ana María cuenta que “nunca antes había participado en ningún partido político” y que el “andar en marchas y otras acciones surgió a partir de mi incorporación a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”. Sobre el desarrollo de su participación allí, cuenta que se acercó “como cualquier otra ciudadana, a escuchar primero, a participar y opinar luego. Me involucré activamente con la acción permanente que constituyó para nosotros Arroyo Verde, porque creo que nos permitió aglutinarnos como pueblo para enfrentar a Botnia, y vencer a ENCE, como logramos hacerlo". Desde esa experiencia “abrí los ojos para no volver a cerrarlos, la asamblea funcionó como una escuela, donde fuimos aprendiendo acerca de otros tantos problemas, aprendimos a ser más solidarios  y a priorizar el debate y la unidad hasta el ultimo esfuerzo”. Relata que fue “coordinadora de la Asamblea por cerca de dos años, intentando hacer mi aporte a la diversidad de sectores de la comunidad que confluían en ese ámbito” y que luego, “por problemas de salud de un familiar muy cercano” debió dejar la coordinación. “Pero sigo participando de las mismas”, afirma.

Ana Costa sostiene que “debemos recuperar la capacidad de unirnos para luchar por las distintas causas que coinciden en que el resultado nos dará un país mucho más justo para vivir, pero no de verso, de verdad”. Por ello decidió sumarse “a este proyecto, a esta construcción política que es el Movimiento Proyecto Sur". Dice que el programa “refleja las necesidades concretas que tiene la gente y las medidas a través de las cuales creemos que hay que resolver esas necesidades”. De inmediato aclara: “Quiero decir que no creo que la cuestión parlamentaria resuelva en sí misma los problemas de nuestra sociedad si no es motorizada por la lucha en la calle, construyendo la verdadera democracia, sumando nuestras opiniones y voluntades. Creo que estar movilizados, partiendo de la realidad que atravesamos en cada lugar, trabajando para unir a todos aquellos que luchan, es lo fundamental. Y entiendo que desde ese espíritu, se ha constituido este acuerdo programático que apunta a resolver los problemas fundamentales de nuestro pueblo. Con esta expectativa me sumo, como una ciudadana de Gualeguaychú, que ha sido conmovida por la profunda lucha de mi comunidad contra la ilegal Botnia UPM”, concluyó.

Publicado por Río Bravo el 07 de agosto de 2011.