Mediante un documento titulado “Los sindicatos no avalamos el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones presentado por el poder Ejecutivo”, un grupo de 15 entidades gremiales, que se reunieron este martes en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado, expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa del Gobierno provincial.
El proyecto modificatorio de la Ley 8.732 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos) impulsado desde el poder Ejecutivo pone fin al 85% móvil para aquellos jubilados que tengan 10 o más años de aportes que los exigidos por la Ley.
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Además, establece que los aumentos surgidos a partir de adicionales o bonificaciones que consigan los activos, no impactarán de manera automática sobre los haberes jubilatorios sino que deberán ser homologados por la Caja de Jubilaciones que, por otro lado, tendrá un lugar en las mesas de negociación paritaria.
Por otro lado, el articulado del proyecto deroga el artículo 39 de la Ley, que permitía computar un año más de edad cada tres años de aportes que excedieran los 30 exigidos para la jubilación ordinaria. En consecuencia, siendo la jubilación ordinaria para los hombres de 62 años, hasta ahora, un hombre de 59 años que hubiese ingresado al Estado provincial a los 20 podría acceder a la jubilación sin llegar a la edad mínima exigida, porque los 9 años de servicio por encima de los exigidos se computarían como tres de edad, beneficio que se pretende eliminar.
El rechazo de los sindicatos
El proyecto de Ley que impulsa el Gobierno provincial fue rechazado a través de un documento conjunto que acordaron las conducciones un nutrido y heterogéneo grupo de sindicatos que, resaltaron, agrupan “a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores que realizan sus aportes, y sus jubilaciones dependen de la Caja de la Provincia de Entre Ríos”, que se reunieron con el fin de para analizar el proyecto de reforma de la Ley 8.732.
“Ninguna de nuestras entidades sindicales ha participado ni ha sido consultada para la elaboración del proyecto que atenta contra derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de años de lucha, por lo que negamos categóricamente que exista cualquier tipo de consenso con dicho texto”, indicaron en primer término.
Por otro lado, enfatizaron en que la problemática de la Caja de Jubilaciones de la Provincia “debe ser abordada, discutida y resuelta dentro del marco de su función estatal y social” y advirtieron que esto debe hacerse “sin que las trabajadoras y trabajadores sean quienes sigan pagando un déficit del que no somos responsables”.
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“Hacemos un llamado a la reflexión al gobernador de la provincia, al poder Legislativo y exigimos que no se avance con el proyecto de modificación de la Ley N° 8.732 y se convoque al diálogo para buscar soluciones que no continúen socavando el poder adquisitivo de nuestros salarios ni nuestros derechos”, demandaron.
Por último, expresaron su preocupación y se declararon en estado de alerta, advirtiendo que darán los debates “en todos los espacios necesarios” pero, también “la pelea en todos los terrenos que la situación amerite para defender la Caja de Jubilaciones y los derechos de los y las trabajadoras”.
Firman el documento la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos (SPOSER), Asociación del Personal Superior Municipal (APS), Sindicato de Luz y Fuerza, Asociación Bancaria, Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (SEOSPER), Sindicato del Seguro y la Unión del Personal Túnel Hernandarias.
Publicado en Río Bravo el 14 de agosto de 2024
