2001 no pudo terminar peor. Un gobierno que llegaba para "terminar con la fiesta de unos pocos" con una salida forzada ante la posibilidad de una catástrofe mayor. Entre el 19 y el 20 de diciembre 39 personas perdieron la vida en manos de las fuerzas represivas: trabajadores, ocupados y desocupados; padres, madres, hijos, hermanos, niñas como Romina Iturain y Eloisa Paniagua, jóvenes con sus sueños a cuesta que quedaron truncos por la ceguera y la insensibilidad de una dirigencia política que, al igual que el ciclo iniciado 12 años antes con el menemismo, quiso poner prioridad en el equilibrio contable dejando muy relegadas las necesidades y urgencias de gran parte del pueblo.

Aquél pasado, no tan lejano, exige un análisis y reflexiones desde el presente, sobre todo ante el reciclaje de viejas recetas que provocaron grandes sufrimientos a miles y miles de familias argentinas.

Protagonista de aquellos días convulsionados, Víctor Sartori, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Asociación de Trabajadores del Estado, dialogó con Río Bravo, con un discurso reflexivo pero también fuertemente crítico de quienes, habiendo sido parte del Gobierno o alentado aquellas decisiones, lejos de hacer una autocrítica, vuelven a la carga buscando retomar rumbos que llevaron al país y la provincia al peor de los escenarios.

"No más ajustes"

Para Sartori, conmemorar el 20 de diciembre es, además de homenajear a las víctimas, "rescatar las luchas populares, el levantamiento masivo del pueblo ante los planes de ajuste ante del estado de sitio. Significa un piso, se puso un límite: a partir de acá este no permitimos que los ajustes sigan pasando".

Las puebladas de 2001 se dieron dentro de un contexto muy particular, con políticas de "achicamiento del Estado" iniciadas con el menemismo y políticas económicas que terminaron de detonar en 2001. Se sintieron los coletazos del fin del plan de convertibilidad de Menem-Cavallo y las consecuencias del desguace del Estado, retirada en áreas estratégicas y el despoblamiento de localidades que quedaron sin el ferrocarril; sólo algunos aspectos de un combo explosivo que dio como resultado desocupación, pobreza y hambre.

"Es la primera vez que un presidente se va no con un golpe de Estado sino por mandato popular y, la segunda, que parece una lección que se repite en la historia que los muertos siempre son del mismo lado, de los sectores populares", analizó el dirigente estatal que –ante las expectativas que generó en muchos sectores el Gobierno encabezado por De La Rúa, la rápida decepción y el fatal desenlace– realzó el valor de las organizaciones "su crecimiento y fortalecimiento para cambiar de fondo las políticas. No hay otra cosa".

Montiel: ¿estadista o verdugo?

"La respuesta que dio el Estado a todo eso fue la represión, no de buscar la solución. Acá exacerbado eso por el gobierno provincial que teníamos donde acá se liberó a la policía para que reprima de la manera que le parezca. De esa manera sufrimos acá tres muerte, dos casi niñas, Eloisa Paniagua, Romina Iturain y nuestro compañero de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodíguez. Él, además, apareció varios días después de desaparecido, con las cubiertas encima", recordó quien, junto a Alejandro Sologuren, fue parte del núcleo fundador de la CCC a principios de los ´90, al analizar la respuesta del Estado provincial a la profunda crisis y las carencias extremas que generaba en sectores importantes de la población.

Eloísa, de sólo 13 años, fue asesinada en Paraná de un disparo en la cabeza, cuando se dirigía, junto con familiares, al supermercado de calle San Juan y Victoria donde, supuestamente, según había anunciado una radio local, estaban donando comida. Pero la nutrida presencia policial en inmediaciones del local dejó en claro que tales donaciones no existían y se desató una feroz represión en la zona. Cuando cruzaban por el parque Berduc, una bala 9 milímetros disparada por el agente Silvio Martínez, de la Comisaría Octava, impactó en la nuca de Eloísa.

Romina Iturain (15 años), fue alcanzada por una bala perdida, en el patio de la casa de su abuelo, a 300 metros del hipermercado ubicado en el Parque Nuevo de Paraná, luego de que la policía iniciara la represión sobre un grupo de personas que pedían comida. Su muerte sigue impune, al igual que la de José Daniel Rodríguez (25), militante de la CCC, que estuvo 10 días desaparecido hasta que un transeúnte lo encontró detrás del mismo hipermercado, tapado con cubiertas de autos. Después se supo que fue baleado por efectivos de la comisaría quinta (recibió dos escopetazos por la espalda) y levantado en una camioneta el 21 de diciembre.

Estos dramáticos hechos, que marcaron la vida de tres familias y su entorno social, no fueron obstáculo para que gran parte de la dirigencia radical e inclusive de otras fuerzas políticas, destaque al fallecido exgobernador como "un gran estadista" y "el último caudillo radical", sin matices ni consideración alguna a la feroz respuesta de la policía que actuaba bajo su mando, frente a una crisis social sin precedentes, o declaraciones al menos desafortunadas que no hicieron más que echar leña al fuego en un contexto por demás delicado.

"Son los claroscuros que tiene Montiel porque por ahí rescatan algunas cuestiones de planes de desarrollo provincial, la UADER, el anillado de fibra óptica alrededor de la provincia o la tarjeta Sidecreer, pero a la hora de resolver los problemas de la gente terminó reprimiendo de la manera más cruel. Y no solamente eso: los estatales recordamos que cuando él comenzó el gobierno pergeñó una ley, la 9.235, que significó miles de despidos de los compañeros y, además, pagó los sueldos con dos o tres meses de atraso, con uno bono federal que ni bien lo pagaban se devaluaba un 50%. Fue un gobierno elitista y soberbio; recordamos todavía la marcha que hizo desde la escuela Carbó a hacia Casa de Gobierno diciendo, en el medio de los tumultos y en el medio de la represión, acá no pasa nada y a los que estaban yendo a pedir comida o manifestándonos por nuestros derecho, nos trataba de desestabilizadores, facinerosos, ese tipo de cosas".

Si existió un denominador común –salvo escasas excepciones tanto en Entre Ríos como en el resto del país en cuanto a los crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad, fue la impunidad: "Parece que es una cosa calcada en todo el país, porque a nivel nacional también fue una situación de irresolución. Acá solamente se condenó un cabo de la policía por el asesinato de Eloísa Paniagua (Silvio Martínez, que estuvo 10 años preso) pero los casos de Romina Iturain y de nuestro compañero José Daniel Rodríguez, quedaron en la más absoluta impunidad. No solamente eso sino que los responsables políticos y materiales que conducían la policía en aquel momento, Victoriano Ojeda como jefe de Policía, Enrique Carbó como Ministro de Gobierno y el mismo Montiel, siguieron caminando por la ciudad como si no pasara nada", lamentó Sartori.

"Salvadores"

El dirigente de la CCC apuntó también contra la dirigencia de Cambiemos, el radicalismo y, en general, sectores impulsores de planes de ajuste, achicamiento del Estado y limitación o eliminación de derechos laborales y sociales, "que hoy se presentan como salvadores o con recetas supuestamente salvadoras, pidiendo justicia y libertad y son los mismos en esencia que produjeron las causas que generaron la crisis del 2001. Son los mismos que hace dos años atrás sacaron un crédito con el Fondo Monetario Internacional, impagable y fugado en su totalidad".

En ese contexto, apeló al rescate de la memoria colectiva, porque "entre la gente de menos de 40 años, muchos no vivieron esto, no lo conocen y hasta tanto no esté desbrozado y estudiado en los libros de historia, los que lo vivimos y fuimos parte de eso nos corresponde transmitirle ese conocimiento a las nuevas generaciones".

Homenaje

El 19 de diciembre pasado, el Gobierno nacional realizó un homenaje a las víctimas de la represión de diciembre de 2001, con la participación de familiares y allegados. La ceremonia tuvo lugar en el patio externo del ingreso a Balcarce 50, donde el presidente Alberto Fernández descubrió una placa conmemorativa junto a chicos familiares de las víctimas y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Fernández señaló este mediodía que “el Estado está para hacer justicia, no para ser violento. Y menos para con los que reclaman legítimamente por sus derechos”, al encabezar un acto en Casa Rosada en homenaje a las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, al cumplirse 20 años de la salvaje represión ordenada por el Estado contra las protestas populares, que terminó con la vida de 39 personas en todo el país.

El Jefe de Estado llamó a “desterrar definitivamente cualquier forma de violencia institucional y seguir preservando los derechos que tenemos en una República de hablar libremente y de quejarnos libremente”, a la vez que enfatizó: “En verdad, lo que tiene que hacer el Estado es escuchar, no disparar tiros”.

Publicado en Río Bravo el 27 de diciembre de 2001