El proyecto votado sobre tablas, declara establecer un equilibrio entre salud, ambiente y producción --tal como lo expresa en su artículo 1-- aunque permite pulverizar con agroquímicos (agrotóxicos) a solo cinco cuadras de las escuelas y de las poblaciones, desacreditando más de mil artículos científicos que demuestran la vinculación del glifosato con el cáncer, la correspondencia entre el aumento de malformaciones, tumores y otras graves afecciones a la salud y las áreas sembradas, y por ende fumigadas, en las zonas agrícolas de nuestro país.

No hay que ser abogado, ingeniero o médico para darse cuenta de que la sanción de esta ley significa un atropello a nuestros derechos y una condena para la salud del conjunto de la población entrerriana. 

Las diferentes organizaciones y colectivos que siguen de cerca este proceso no tardaron en expresar su repudio en las redes sociales.

Así, Agmer Seccional Paraná en un comunicado expresó: “Es un claro avance para seguir envenenando y profundizando la producción extractivista y la concentración de las tierras. Así se desnuda el posicionamiento de “nuestros representantes”, quienes se muestran como verdaderos representantes de los empresarios de los agronegocios y no de los miles entrerrianos afectados que desde hace años vienen pidiendo la protección de la salud y del ambiente”.

También el Foro Ecologista de Paraná manifestó las contradicciones que encierra dicho proyecto, estableciendo distancias mínimas para las fumigaciones terrestres y aéreas, pero dejando librado al criterio de la Autoridad de Aplicación –la cual es la Secretaría de la Producción-- la posibilidad de suprimir, ampliar o reducir tales distancias.

Circula en las redes sociales una carta abierta a los Diputados y la ciudadanía entrerriana donde se solicita “el rechazo del mismo y la convocatoria a un amplio debate sobre el tema, para lograr una norma que a partir de disponer la prohibición del uso de agroquímicos en un plazo determinado y perentorio, establezca un proceso de transición hacia una agricultura sin venenos en todo el territorio provincial.”

El Instituto de Derecho Ambiental de Colegio de Abogados junto a numerosas organizaciones, venían solicitando una mesa de diálogo lo más diversa posible, que incluyera a los damnificados por las fumigaciones, a los productores y legisladores para sacar el mejor proyecto de ley posible para todos. 

Hubo una jornada de participación ciudadana en Villaguay, en abril de este año, donde ciudadanos de toda la provincia expusieron sus testimonios y pruebas de los daños sufridos por las fumigaciones con agrotóxicos. No fueron tenidos en cuenta, no se registraron por escrito sus testimonios. Una vez más, fueron ninguneados y desacreditados. Pero la perseverancia es algo que caracteriza a quienes asumen estas luchas. 

El 21 de noviembre, en la explanada de la Casa de Gobierno, se realizó una concentración bajo la consigna “Basta es Basta”, exponiendo una vez más las razones para pedir una ley que verdaderamente priorice la salud de los entrerrianos. En dicha oportunidad se entregó a las autoridades provinciales un documento contundente que enuncia, entre otras cosas: “Ante el alarmante número de muertes de niños y niñas de nuestra provincia; ante la existencia de estudios científicos que dan cuenta de la evidencia sobre la contaminación en suelo, aire y agua en localidades entrerrianas y, frente a los ya inocultables casos de enfermedades y muertes directamente relacionadas a la exposición directa o indirecta de los venenos utilizados en la producción agroindustrial imperante en nuestro territorio, nos declaramos en LUTO por tiempo indeterminado. Por las víctimas, por las familias que también son las suyas, por la vida, por nuestra provincia.” 

Ese día se iba a tratar el proyecto de Ley Nº 21023 que contaba con media sanción de la Legislatura de Entre Ríos y en el cual se establecía el marco jurídico respecto de los productos químicos y biológicos utilizados en la producción agrícola así como el cuidado de las áreas de esparcimiento y la protección de la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales. Pero su tratamiento se fue postergando durante todo diciembre con el claro objetivo de desarticular el reclamo y sorprender, a cuatro días de finalizar el año, con la media sanción de otro proyecto inconsulto, regresivo y en algunos puntos cuestionable por su inconstitucionalidad.

Se trata de un proyecto regresivo porque  la legislación actual (Ley de Plaguicidas N°6599) aún con todas sus limitaciones establece una distancia de tres mil metros de las plantas urbanas para todo tipo de fumigaciones, y esta nueva ley “dispone esa distancia, pero sólo para las categorías más dañinas, teniendo en cuenta los niveles de toxicidad dispuestos por el Senasa”, siendo el glifosato el más utilizado y controvertido. Desde el Foro Ecologista alertaron: "Las categorías 3 y 4 cambian esa determinación, y justamente en la categoría 3 está el glifosato. Antes estaban todos los productos prohibidos, ahora no” en relación a los productos cuya distancia de aplicación se reduce a 500 metros.

Además, no tiene en cuenta el principio precautorio, por el cual “la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces…” para impedir la degradación ambiental (Ley General del Ambiente N° 25675). Uno de los artículos del proyecto establece que se respetará el derecho a la salud por el sobre el derecho a la producción, pero una vez que el daño haya sido constatado.

El proyecto fue votado afirmativamente por los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos; Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay). Hubo tres senadores que votaron en contra: Lucas Larrarte (FPV San Salvador), Pablo Canali (FPV Colón) y Héctor Blanco (bloque unipersal “Justicialistas Todos por Tala”).

Entre los argumentos de estos últimos podemos destacar: la carencia de un adecuado sistema de control estatal para cumplir efectivamente lo que está escrito en la ley, la falta de tiempo para analizar el proyecto en profundidad (les llegó por mail unos días antes), la falta de especificidad técnica en la redacción y una consagración de derechos desiguales entre habitantes del campo y de la ciudad, entre otros.

Cuando algunos medios expresan que la iniciativa fue criticada por sectores ambientalistas, cabe preguntarnos ante esta problemática ¿hay sectores? ¿Acaso los entrerrianos que no son “ambientalistas” respiran otro aire, beben otro agua, consumen otros alimentos?

Este dilema se resuelve apostando a otro modelo productivo, donde salud y productividad vayan de la mano. Y esto es posible porque no se usan venenos que aseguran el rédito económico de la cosecha y al mismo tiempo el aumento de enfermedades en la población. Ese modelo existe y se llama agroecología, no es una receta, es un camino de transformación cultural y productiva, que muchos han iniciado ya en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo entero.

Se trata de aprender a mirar con otros ojos esta realidad que los medios hegemónicos y las instituciones al servicio de las corporaciones nos intentan imponer, para descubrir la potencialidad que tenemos como ciudadanía organizada de exigir a nuestros representantes legislen a favor de la vida.

Publicado por Río Bravo el 31 de diciembre de 2017.