Incluye el procesamiento por la muerte de Maulucci. Desde el colectivo de profesionales que integran la organización de Derechos Humanos “Liberpueblo”, afirman que actualmente el número asciende a más de 5.000 casos, si bien han tenido acceso a la información documental de 2.248 casos. Denuncian que “no sólo se trata del inicio de causas sino que existen condenas y presos bajo este mecanismo de persecución” y advierten que las causas iniciadas a los asambleístas forman parte de un mapa nacional de criminalización de la protesta social.

“El procesamiento que actualmente enfrentan cuatro vecinos de Gualeguaychú, acusados por la muerte de un motociclista, no es un hecho aislado: se da en el marco de una política nacional que es implementada por todos los gobiernos provinciales. Me refiero a lo que llamamos criminalización o judicialización de la protesta, lo cual implica la apertura de causas penales contra vecinos trabajadores, desocupados, ambientalistas y contra todo aquel que salga a reclamar por sus derechos luego de años de incumplimientos u omisiones estatales en diferentes temas, y luego de haber solicitado que se escuche su reclamo por las vías formales que a todas luces se han demostrado insuficientes en la Argentina durante todos estos años”, opinó el abogado integrante de la organización Liberpueblo, Nicolás Tauber Sanz, en diálogo con Beat (99.1).

Y agregó: “Siempre el poder de turno ha dado vuelta la cara ante los reclamos populares obligando al pueblo a tomar en sus manos diferentes reclamos e, indefectiblemente, a organizarse como ocurrió con la Asamblea de Gualeguaychú, que ha sido la insignia para muchos movimientos populares en todo el país”.

“Esto es lo que vino a destruir el gobierno nacional con la apertura de causas tanto a los asambleístas que fueron sobreseídos en su momento, acusados hasta de sedición lo que significa el alzamiento contra un régimen democrático, extendiéndose a lo que ocurre actualmente con estos cuatro asambleístas que han sido procesados por la muerte de Walter Maulucci”, explicó Tauber Sanz.

“Vale la pena explicar que para acusar a estos cuatro asambleístas, que están imputados por un hecho gravísimo, como es el de homicidio, en base a ninguna prueba, el único elemento que tuvo el Estado se remite a que fueron quienes se acercaron a socorrer al motociclista que se accidentó con el acoplado. No hay ningún vínculo jurídico probatorio que los vincule como autores de un asesinato; el hecho de que estén acusados bajo este grave delito y la desgraciada muerte de Maulucci, tiene un único fundamento que es político, como fue desde el comienzo la causa que se inició contra los primeros 10 asambleístas”, enfatizó el abogado e insistió: “Quieren destruir el mecanismo asambleario y democrático que el pueblo de Gualeguaychú supo encontrar y con el cual sostuvo su lucha por el cuidado del medioambiente durante tantos años”.

Mapa nacional

“Hemos hecho un informe sobre la situación de la criminalización de la protesta en la Argentina, entre todos aquellos organismos de derechos humanos que no sufrimos la cooptación del gobierno. Por supuesto que este trabajo está elaborado sin contar con ningún recurso o ayuda que provenga del Estado y con base en un relevamiento con diferentes organizaciones de vecinos, lo cual tiene sus limitaciones para lograr acceder a la información”, indicó Tauber Sanz.

“Así es que hemos encontrado 2.248 casos con nombre y apellido, causa, acusación y juzgado interviniente, como así también conocemos que existen más de 5.000 casos, que no referenciamos por no lograr los datos precisos de las diferentes causas. Por este motivo nos hemos limitado a trabajar en los 2.248 casos que sabemos con exactitud bajo qué circunstancias se encuentran criminalizados. A esto se debe agregar un informe posterior que dio la Corte de Justicia de la provincia de Neuquén, como repuesta al pedido de un legislador neuquino, informando sobre la cantidad de casos de criminalización de la protesta que consideran como tal y no como delitos comunes. Es decir que esta situación que denunciamos es reconocida por el propio Tribunal Superior de Justicia de Neuquén”, enfatizó.

“El kirchnerismo ha profundizado este mecanismo de persecución que significa la criminalización de la protesta, lo cual nos recuerda salvando grandes distancias, a las épocas de El Camarón (el fuero antisubversivo o Cámara Federal en lo Penal ad hoc) de las dictaduras de Onganía y Lanusse”, sentenció el letrado.

Y destacó: “Hay condenados y presos, como es en el caso de los seis vecinos de Corral de Bustos por una pueblada en el año 2006, donde sin ninguna prueba se condenó a siete años de prisión a vecinos que vivían de su trabajo honrada y dignamente, por el solo hecho de estar presentes bajo la falsa acusación de incendiar un edificio. Es decir que este es un tema que tiene que ver no sólo con la apertura de causas sino que hay gente condenada y presa sufriendo graves consecuencias”.

“Es un dato de la realidad que fueron muchos los presos estos años por el mero hecho de reclamar un derecho ambiental, laboral o social; no solo se trata del inicio de causas sino que existen condenas y presos bajo este mecanismo de persecución”, remató Tauber Sanz.

Publicado por Gualeguaychú a Diario. Reproducido por Río Bravo el 26 de marzo de 2013.