El gremio hizo el reclamo tras detectar montos inferiores a lo que establecía el último acuerdo paritario. Ahora, desde el CGE prometieron que lo resolverán a la brevedad.

Ante la nueva convocatoria a discusión salarial en paritaria por parte del gobierno provincial, los sindicatos que nuclean a los empleados públicos y docentes de la provincia de Entre Ríos (ATE, AGMER, UDA, SADOP y AMET) se reunieron en la sede de Agmer Paraná para definir estrategias de reclamo en común.

Los municipales nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endurecerán esta semana su reclamo de apertura de paritarias, para finalizar con un paro. Sostienen que la inflación ya licuó el 25% que otorgó por Decreto el Ejecutivo y que la mayoría cobra el mínimo garantizado de $32.000. "Lamentablemente ante el silencio del ejecutivo no nos están quedando más opciones que llevar la pelea a la calle", dijo a Río Bravo la trabajadora municipal y referente del sindicato Malena Turello.

El congreso extraordinario de AGMER, que sesionó este viernes de manera virtual, declaró el no inicio del ciclo lectivo 2021 si no hay recomposición salarial y paritaria de condiciones laborales.

El congreso resolvió no iniciar las clases en 2021 "de no existir una oferta salarial que recomponga el salario de las trabajadoras y trabajadores y se convoque a paritarias de condiciones laborales de manera urgente".

Asimismo, exigieron al gobierno provincial la restitución del aporte patronal histórico del 6 al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos.

En relación con el conflicto que atraviesa la obra social repudiaron "la actitud extorsiva" de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) "que tiene de rehenes a los trabajadores afiliados al IOSPER".

Por otro lado, ratificaron "la defensa irrestricta de la Ley 8732".

Publicado en Río Bravo el 21 de diciembre de 2020

En una multitudinaria asamblea desarrollada ayer en Oberá, los trabajadores de la educación en lucha de la provincia de Misiones resolvieron continuar las medidas de acción directa con un paro de 72 horas y acciones en las distintas localidades. A poco de finalizar la asamblea fueron convocados por el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza.

Desde las 9 del sábado hasta mediada la tarde la plazoleta Güemes de la ciudad de Oberá cobijó a delegados de los educadores de los 75 departamentos de la provincia de Misiones. Temprano a la mañana, los trabajadores de la educación en lucha comenzaron a ubicar las reposeras en el predio y desplegar las pancartas. Mientras circulaban mates y tererés, comenzaron a compartir el análisis de situación, evaluar la marcha de las medidas de acción y debatir las estrategias a seguir. Voces con los diversos acentos regionales fueron abriéndose paso entre la música de los parlantes para pasar revista a las acciones llevadas a cabo en cada departamento; así expusieron sobre las concentraciones, volanteadas, piquetes en las rutas y todo lo que los trabajadores misioneros guardan como experiencia de lucha.

El conflicto –que la semana pasada desencadenó la renuncia del entonces presidente del CGE, señalado como responsable del acuerdo salarial sellado con el sindicato UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, adherido a Ctera) y repudiado por la gran mayoría de los docentes de la provincia– crece a ritmo sostenido. El gobierno del renovador Herrera Ahuad había acordad con UDPM una pauta salarial que fue considerada como “miserable” por gran parte de la docencia misionera. Al rechazo generalizado y ante la medida de no iniciar las clases por parte de la Asamblea de Trabajadores de la Educación, la respuesta oficial fueron las amenazas de descuento y aprietes, a lo que ayer, los trabajadores respondieron con la profundización de las medidas.

Río Bravo dialogó con Norma Fernández y Liliana Avellaneda, delegadas a la asamblea provincial convocada por organizaciones como UTEM (Unión de Trabajadores de la Educación Misiones), Udnam (Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones), MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación), ATE, Autoconvocados y agrupaciones gremiales. “Valoramos la convocatoria de la asamblea como muy positiva. En principio porque hemos logrado tener representantes de los 75 departamentos de la provincia”. Con centenares de delegados presentes, se resolvió un nuevo paro por 72 horas; la entrega de un petitorio al CGE, Hacienda y Gobernación; acciones en las distintas localidades el martes 16 y acciones en paralelo a lo que al finalizar la asamblea era una “posible reunión con el Gobierno” y minutos después era confirmada mediante la convocatoria del presidente del CGE. La respuesta del gobierno convocando a la reunión del miércoles en la localidad de Campo Grande es entendida como una legitimación de la asamblea y de la lucha de las organizaciones opositoras al sindicato oficial y fue celebrada como “un gran paso en la lucha”.

Como es de prever, en la diversidad de experiencias y posiciones, la asamblea de ayer tuvo un desarrollo complejo. “Hemos tenido que resolver algunos aspectos en los que nos ha costado ponernos de acuerdo pero creo que hemos logrado los consensos más importantes”, valoran las delegadas entrevistadas, quienes consideraron que “estos puntos a los que hemos arribado pueden ser de inflexión para arribar al aumento que necesitamos”.

En virtud de la propuesta aceptada por UDPM, “nuestro básico a partir de marzo va a ser de $ 7.077 para un maestro que recién se inicia y se mantiene así hasta los 20 años de antigüedad. A partir de esa antigüedad recién comienza a impactar”, explican. Aclaran que “se toma cómo básico sueldo testigo el de maestro de grado que recién se inicia”.

Además, dicen las entrevistadas: “tenemos algo que se llama ‘Garantía Salarial Docente, que es de $4000, que lo reciben únicamente los docentes que recién se inician hasta los 20 años; los que tenemos más de 20 años de antigüedad no lo recibimos. Es uno de los montos que nosotros queremos que sean blanqueados en el básico”. Para valorar lo que significan los montos no bonificables ni remunerativos en el salario del trabajador de la educación en Misiones, señalan “tenemos ese básico en blanco remunerativo de $7000 y el 78% restante está el negro. Eso es lo nos hace llegar a algo que el gobierno nacional llama piso salarial de $23.250 y que para los misioneros se transformó en un techo de $23.250”.

Cerca de las 16 de ayer y con un triunfo parcial bajo el brazo, los delegados emprendían el regreso a sus respectivos lugares. Luego de la audiencia concertada para el miércoles, el próximo encuentro será el viernes 20 en Aristóbulo del Valle. Asamblea a la que los trabajadores de la educación en lucha esperan arribar con una propuesta salarial digna de ser analizada.

Padres de la escuela primaria N°4 Domingo Faustino Sarmiento hicieron pública la situación y su malestar luego de enterarse que, el día en que debía iniciarse el ciclo lectivo, la escuela estaba en obra y con fondos de la cooperadora por negligencia de las autoridades provinciales. El origen fue un caño roto en diciembre, pero hasta hoy no hubo respuesta, lo que provocó un hundimiento del suelo con el peligro que eso conlleva para los niños y el personal del establecimiento.

Los padres de los estudiantes de la institución emitieron un comunicado para hacer conocer la situación y advierten -más allá del paro por el reclamo salarial de los docentes- que el inicio del ciclo lectivo “no fue posible por la rotura de un caño de agua que se produjo en ¡diciembre! y provocó un socavón en el patio principal. Según supimos, las tareas de reparación comenzaron recién este lunes, con fondos propios de la cooperadora, ante la falta de respuestas de las autoridades del CGE y del Gobierno provincial”.

En el mismo documento, señalaron que el hecho fue conocido en diciembre por las autoridades por lo que se podría haber solucionado en los casi tres meses en que la escuela estuvo cerrada, durante el receso.

Debido a esta situación, desde la dirección todavía no saben si la escuela estará en condiciones para comenzar las clases el jueves.

“Es por ello que queremos manifestar el disgusto que nos provoca como padres esta situación, de ver a nuestros hijos frustrados porque se truncara su sueño de regresar a las aulas en tiempo y forma; y reencontrarse con sus compañeros, a la vez que exigimos a las autoridades que asuman la obligación de cumplir con el derecho a la educación y su responsabilidad de que nuestros hijos cursen en establecimientos adecuados”, reclamó el grupo de padres.

Cuando el gobierno de los Fernández asumió, el 10 de diciembre, el multitudinario acto en Plaza de Mayo cerró con un estruendoso show de bombas y fuegos artificiales. Las asociaciones de familiares de personas con trastornos autistas (así como las que luchan por los derechos de los animales) no perdieron la oportunidad de volver a plantear su reclamo contra el uso de pirotecnia de estruendo y de altos volúmenes de sonido. Hoy, el gobierno nacional publicó el Decreto 96/2019 prohibiendo el uso de estos artefactos en actos públicos e invitando a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir a la normativa.

Es tan sólo una muestra de algo que para algunos será superficial (aunque para otros/as signifique tanto), pero tampoco es un caso aislado.

Desde el vamos, el paquete de declaraciones de emergencia que el gobierno nacional impulsó, contenía un artículo (el famoso 85) que recibió críticas por los "superpoderes" que concentraría en la figura del Presidente.

El mismo fue dado de baja, atendiendo a las sospechas y reclamos que había generado incluso desde las propias filas del frente gobernante.

Pero las reformas planteadas a raíz de diversos cuestionamientos no quedaron allí. Los sindicatos docentes lograron que no se toque la movilidad de sus jubilaciones (considerada especial en el régimen general), los chacareros, pequeños productores del campo y cooperativas consiguieron el compromiso de compensaciones por los ajustes en las retenciones (atendiendo así al histórico reclamo de que paguen más los que más concentran la propiedad de la tierra), y ante el masivo reclamo contra los verdaderos privilegiados en materia de jubilaciones (jueces y diplomáticos, por ejemplo) se resolvió preparar una ley especial para revisar integralmente estos casos. Finalmente, la crítica contra el vallado del Congreso con motivo del tratamiento del paquete legislativo recibió una respuesta contundente: las vallas no habían sido solicitadas por el PEN sino que habían sido dispuestas por el gobierno de la ciudad.

Ayer no más, el gobierno nacional resolvió no autorizar el aumento en los combustibles que solicitaba la dirección de YPF, después de la indignación que produjo masivamente tan solo el rumor de que supuestamente se produciría a partir de las 00:00 de hoy.

Seguramente hay medidas más importantes que éstas. El plan nacional contra el hambre, el congelamiento de las tarifas, el relanzamiento del plan nacional de lectura, la creación del ministerio de la mujer, género y diversidad, y el de vivienda; sólo por ejemplo.

El destaque realizado en este artículo tiene que ver con otra cosa. Si hay una reivindicación que tiene tradición en nuestro pueblo es el del derecho a ser escuchados. El de un gobierno que pueda revisar, repensar y redefinir en función de las críticas recibidas.

Hay muchos temas cruciales, fundamentales (sólo por ejemplo: uso de agrotóxicos y la explotación minera contaminante), en los que existen reclamos de larga data, que deben ser escuchados. Pero es una buena señal el que, en tan pocos días, ya podamos contar unos cuantos ejemplos de escucha real y concreta, en vez de acting para la tribuna.

Que se consolide y profundice este camino, más allá de estos primeros días, es un buen deseo para el brindis de este fin de año. Que sepamos aprovechar ese escenario, si se confirma, para avanzar en políticas y legislación que impliquen conquistas para el pueblo y el país; es un segundo deseo que va de la mano y se necesita con el primero. Que las organizaciones políticas y sociales populares estén en la calle, luchando por lo necesario, cuantas veces haga falta, es un compromiso que ni siquiera debería ocupar uno de nuestros "deseos" de fin de año. Más aún, es el reaseguro para garantizar que esas políticas que se plantearon en campaña y ante la Asamblea Legislativa, se traduzcan realmente en hechos, leyes y medidas a favor de los más postergados.

Que así sea.

Publicado por Río Bravo el 30 de diciembre de 2019.