El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) dialogó con Río Bravo sobre las preocupaciones del sector por los lineamientos económicos de La Libertad Avanza. “Todo entraba barato pero nos hacía pedazos y quitaba trabajo a los argentinos”, recordó sobre la apertura indiscriminada de importaciones del menemismo.

Las pequeñas y medianas empresas de producción, servicios y comercio, dan vida a la economía de ciudades y pueblos a lo largo y a lo ancho de todo el país, ocupando (según cifras de APyME) el 80% de la mano de obra, en algunos casos con gran desarrollo tecnológico y en otros con gran generación de empleo.

El mercado interno como condición para el desarrollo

“Su contribución a la estabilidad económica y al crecimiento es clave y lógicamente hay una mutua relación entre la existencia de la pyme y el marco en el cual tiene que crecer”, dijo Alfredo Caíno, titular de la entidad que aglutina a miles de firmas.

Ese marco, machacan siempre desde APyME, es la existencia y el fortalecimiento de “un mercado interno dinámico apto” en el que “haya capacidad de quienes requieren la prestación de los servicios y los productos que las pymes ofertan”.

Es decir, consumidores con ingresos que le permitan una capacidad de compra para adquirir los productos y servicios que las pymes generan; mayoritariamente los trabajadores asalariados.

Desde la entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas entienden que esta dinámica es posible con el Estado como “artífice de la estrategia para el crecimiento integral y con una orientación que haga que las mayorías del país sean las beneficiarias de todo el esfuerzo que realizamos los argentinos”, sostuvo Caíno en diálogo con Río Bravo.

Dejar pasar, dejar hacer (¿a quiénes?)

Sin embargo, estos criterios, con el Estado con un rol central en la planificación económica son la antítesis de las propuestas con las que Javier Milei resultó electo presidente y que ya empezó a esbozar en estos días de transición de cara a su asunción, el 10 de diciembre: “Hay quienes dicen ‘el Estado no tiene que participar’ y sostienen y cada uno queda librado a las fuerzas del mercado, un mercado que no lo constituimos la mayoría”, dijo con preocupación Caíno, propietario de una pequeña imprenta que durante décadas llevó adelante sus actividades en la esquina de calles Paraguay e Italia, de la capital provincial.

En ese marco, el empresario pyme recurrió a un ejemplo concreto del impacto que podría tener la apertura indiscriminada de importaciones sobre la economía nacional: “Si yo tengo una fábrica de broches de ropa y a mi me abren las importaciones y entran broches a la mitad del valor al que lo podemos generar en la Argentina, por un montón de circunstancias que no son producto de la aptitud de otras latitudes para la producción sino de otro tipo de ventajas, a nosotros, esa importación indiscriminada que plantea por ejemplo la actual propuesta de Milei, indefectiblemente nos lleva al quebranto en corto plazo porque es insostenible”.

Frente a ese panorama, la respuesta de los referentes económicos de La Libertad Avanza -tal como expresó Darío Epstein en la jornada por el Día de la Industria que se realizó en septiembre en Paraná- es buscar otros nortes, reconvertirse o cambiar de actividad.

Sin embargo, las consecuencias no se limitan a la propia empresa: “Junto con la empresa que decae y se va hay gente que se queda sin laburo, el mercado interno sufre la debacle producto de que hay gente que se queda sin capacidad adquisitiva porque no van a ser consumidores. Esto provoca un crecimiento de una bola de nieve que va generando más quebrantos”, alertó Caíno.

Por eso, el titular de APyME Entre Ríos expresó que cuando se plantea el desentendimiento del Estado como herramienta articuladora y orientadora, “cuando se habla de que la política impositiva no va a existir y por ende no va a haber recursos para que el Estado financie desarrollos productivos o tecnológicos a través de créditos subsidiados, cuando se plantea que en política laboral se va a liberar el mercado o se va a quitar derechos a los trabajadores, sabemos donde termina porque todos los países limítrofes que viven en situaciones de estas características, tienen una clase trabajadora lamentablemente diezmada, liquidada, sin capacidad de reacción y las pymes son tan víctima como todos estos sectores”.

Déjà vu

Caíno avizora un panorama sombrío para las pymes si son “dejadas al libre juego de los vientos del mercado, donde lógicamente no les interesa que Argentina crezca industrialmente, porque a la vez estamos insertos en un mundo que no sabe qué hacer con su producción; hoy las multinacionales están levantando en muchos lugares sus producciones para concentrarla en los lugares que les resultan más convenientes desde el punto de vista de menores costos fiscales, laborales, fiscales, de logística, ya que no pueden tener una fábrica en Argentina y otra en Brasil porque saturan el mercado, por el hecho de que la incorporación de tecnología, la robótica y la cibernética han hecho que la capacidad de producción se multiplique”.

En ese contexto, advirtió que si Argentina abre sus puertas a la libre importación “no tenemos posibilidad ni con dos, cinco ni diez años, pero no por incapacidad de los argentinos sino porque en otros lados hay proteccionismo y hay formas para apoyar con créditos, financiación y apoyo de todo tipo para que sus empresas invadan y puedan ocupar lugares como el nuestro, donde tienen este tipo de gobiernos, lacayos de estos intereses para que lógicamente puedan expandirse y crecer en nuestro territorio con mercadería que viene de afuera”.

“Esto va a ser desastroso, lo vivimos en la época de Menem”, pronosticó el dirigente de APyME, al recordar aquellos tiempos donde “todo entraba barato pero nos hacía pedazos y quitaba trabajo a los argentinos; entonces no es nuevo, no es la primera vez que se plantea. Si uno lee el programa de Martínez de Hoz en la dictadura del ’76, es un calco de lo que dice Milei”.

Argentina atraviesa un momento histórico de afianzamiento de la Democracia, aún con los sacudones propios de un ciclo que no termina de definir las formas para ese afianzamiento, pero que nos permite a los argentinos tener ciertas referencias históricas para visibilizar cómo se construye la democracia y el sistema político que la sustenta: los partidos políticos, los intereses que se asumen en esas representaciones, intereses económicos, de clase social y de sentidos de pertenencia.

Esto se pone en evidencia a través no sólo de las estructuras de los poderes del Estado, sino también de las corporaciones de medios masivos de comunicación social, y del poder económico transnacional, que diversifica su economía y tiene intereses en la producción de alimentos, medicamentos, energía, productos de uso cotidiano, ropa, transporte y dominio de los recursos naturales, culturales y de los medios de producción.

En este abril de 2.020 la Argentina, como pueblo multifacético, con varias naciones de los pueblos precolombinos, y con intereses en disputa, lleva unos pocos meses de recambio de gobierno nacional, fruto de elecciones, al menos formalmente, democráticas y que debe administrar un Estado que dé respuestas a través de la política pública a las necesidades del pueblo, un Estado que se ha resquebrajado hasta los bordes de su desaparición, no en la entidad de poder sino en la infraestructura para sostener el poder de regulación de los intereses que es por mandato social la función del Estado.

En algunos sectores, inclusive populares, ha calado hondo el discurso anti Estado y se bregó para el desmantelamiento de lo público. En los noventa se desarticularon ferrocarriles, bancos, empresas de energía, comunicaciones y se ofreció al empresariado el manejo de recursos vitales para el colectivo y hoy tenemos un Estado débil que debe atender necesidades colectivas en un tiempo de emergencia sanitaria mundial; esto debería al menos hacernos reflexionar sobre el rol del Estado y de la democracia representativa.

En algún momento hubo gobiernos (sin entrar en la valoración moral de buenos o malos, es una cuestión hasta de sentido común) que implementaron el desmantelamiento del Estado, se ajustó en partidas para educación pública, se quitaron programas nacionales de vacunación, se desfinanció el sistema de atención primaria de la salud y, sólo por citar algunos ejemplos concretos entre otros tantos, hoy hasta para proveer vacunas, alimentos, salud, hay que recurrir al empresariado. ¿Y el Estado?

El Estado se encuentra administrado por un gobierno legítimo pero que está siendo atacado literalmente por las normas del mercado ¿Tiene legitimidad que las corporaciones farmacéuticas fijen en precios exorbitantes el valor del alcohol medicinal? Sí lo es totalmente legítimo, se llama libertad de mercado, alguien podrá decir: “Pero es inmoral no pueden hacer eso”. Sin embargo ¡sí, sí pueden y lo hacen! Y más podrán cuando no haya un gobierno que los frene; es la privatización de los bienes de consumo. Y por lo tanto, el tan repetido “que el Estado no se meta en nuestro negocio, sólo queremos trabajar” hoy deja en evidencia que si el Estado a través del gobierno no se mete y regula los precios habrá millones de argentinos que no accederán a lo más mínimo por la simple razón de que no tienen el dinero para hacerlo.

Así las cosas, un gobierno democrático que asumió en medio de una crisis recurrente del sistema capitalista y debe afrontar una pandemia mundial sin la infraestructura adecuada del Estado, tarea nada fácil, atender la urgencia sanitaria y reconstruir el Estado, material y culturalmente, mientras los operadores de diferentes sectores empresariales comienzan a horadar otra vez la democracia desde los medios de comunicación, que en nombre de la libertad de prensa pasean a los eternos referentes políticos, sindicales y empresariales que reclaman pactos productivos, se lo oyó hace unas horas a un ex presidente decir muy cómodamente “que no hay que pelearse con los que tienen la plata, y que claro que habrá sufrimiento, pero bueno es así, no es fácil”. Esto, en sintonía con quienes quieren levantar las cuarentena porque hay que salvar la economía. Pero cabe preguntarse: ¿qué economía? ¿La que deja millones de trabajadores sin ganancia alguna? ¿La que socializa la pérdidas y privatiza las ganancias? Y sin ningún tipo de sonrojo piden que se recorte el 33% del salario, que es demencial que un trabajador que por la cuarentena no está trabajando no debería cobrar todo el sueldo. Así las cosas: ¿dónde queda entonces la política?

En esta puja de intereses, reconstruir el Estado de bienestar ante un continuo bombardeo mediático para sacar al pueblo a la calle y, como contrapartida de la misma jugada, en nombre del orden las fuerzas represivas harán lo suyo. En esta jugada de poder: ¿a quién beneficia debilitar a un gobierno democrático (con el que se podrá coincidir o no)? Se torna necesario volver a plantearse (en este encontronazo del poder real) el interrogante: ¿a quién beneficia golpear a un gobierno que asumió la administración de un Estado devastado, en plena emergencia sanitaria mundial? Esto se veía venir, alcanza con ver los pasos de baile, por así decirlo, de las últimas décadas: algunos sindicalistas eternos, llaman a un paro, algún sector empresarial propone un lockout patronal para generar desabastecimiento o condicionar los precios de exportación y con ello frenar el ingreso de divisas. Se incita al pueblo a salir a la calle y las fuerzas represivas, fieles a su costumbre, reparten palos y balas, algunas de goma, un gobierno condicionado y en algunos medios ensalzan a los “salvadores de la Patria”, generalmente del sector empresarial. Ya lo vimos, muy pero muy recientemente, dando la estocada final a la destrucción del Estado y lo vimos hace unos días cuando los bancos tuvieron a los jubilados amontonados y exponiéndolos al contagio de covid19.

Sostener la legititimidad y la legalidad de un gobierno no significa no disentir e inclusive plantear institucionalmente las válidas diferencias. Significa no prestarse al juego de quienes quieren un gobierno condicionado o golpearlo para que se vaya o al menos debilitarlo para tener márgenes de ganancias mayores. Sin ir muy atrás en el tiempo, ya sabemos lo que ocurrió cuando esos sectores tomaron el gobierno, desmantelaron el Estado, sacaron leyes que perjudicaron a los trabajadores, ley de flexibilización laboral, privatización de los aportes jubilatorios, corralito a los ahorros, privatización de la salud y la educación. Ya sabemos, indudablemente que sabemos, pero por si no lo queremos ver hay un axioma taxativo que recorre la circularidad de la historia “Los pueblos que no conocen su Historia están condenados a repetirla”.

(*) Prof. Dipl. Pablo A. Álvarez Miorelli
Reg. 44666 F°157 CGE

Publicado por Río Bravo el 11 de abril de 2020