El Ministerio de Seguridad tiene 72 horas para presentar un informe ante la Justicia. El juez Sebastián Casanello le solicitó a la ministra de Seguridad un informe pormenorizado que explique con qué fundamentos jurídicos se elaboró el protocolo antipiquetes. Mientras, Bullrich lanzó una nueva ofensiva para que las organizaciones políticas y sociales paguen los operativos
“Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero”, dijeron. En Diputados, señalan al gobernador de San Juan como uno de los “lobbistas”.
Con una numerosa movilización en Paraná, donde confluyeron la Multisectorial, la CGT y las CTA y manifestaciones en Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz, entre otras ciudades, el movimiento obrero y popular de la provincia fue parte de la marea nacional que le dijo no “al avance sobre los derechos del pueblo”.