La conducción provincial del sindicato difundió un documento en el que brega por "una presencialidad cuidada, con escuelas en condiciones y vacunación completa a docentes para preservar nuestra salud". Fue en respuesta al anuncio del Gobernador sobre el retorno a la presencialidad plena desde el 30 de agosto. Piden con especial énfasis que no se imponga una presencialidad obligada a trabajadores y estudiantes con factores de riesgo.

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El área de Vigilancias Epidemiológica del Ministerio de Salud confirmó que este martes en Entre Ríos se registraron 129 nuevos casos de coronavirus, con 15 fallecimientos en las últimas 24 horas. El promedio de casos de los últimos siete días fue el más bajo desde el 2 de abril y la aparición de la variante Delta aún no es significativa en la provincia.

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El subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud, Marcos Bachetti, anunció que las personas sin comorbilidades de entre 30 y 39 años ya pueden llenar el formulario de registro de la voluntad para vacunarse contra el Coronavirus.

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De acuerdo al parte diario emitido por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Entre Ríos, este martes se registraron 10 fallecimientos asociados a Coronavirus y el número de víctimas fatales asociadas con dicho virus llegó a 1.009 personas. Mientras, sigue adelante la campaña de vacunación en la provincia.

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Según trascendió en medios internacionales y nacionales, el magnate mexicano Carlos Slim y su contraparte argentino Hugo Sigman desviaron hasta el momento 12,8 millones de vacunas argentinas a EEUU. Profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires repudiaron esta situación y exigieron que la vacuna que se realiza en la planta bonaerense de Garín sea declarada “de utilidad pública, fraccionada y envasada en laboratorios públicos nacionales para acelerar el proceso de inmunización”, argumentando que frente a la escasez de vacunas “el gobierno no someterse a los caprichos de los laboratorios farmacéuticos que utilizan la pandemia para incrementar exponencialmente sus tasas de ganancias”.

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El país caribeño es el único de Latinoamérica que desarrolla ensayos clínicos de fases avanzadas con candidatos vacunales contra el SARs-CoV-2 o coronavirus. Una de las cuatro vacunas en proceso de prueba es la Soberana 02, que estaría en condiciones de iniciar los ensayos de fase 3 en el mes de marzo, pero por la baja circulación viral en la isla no podrían evaluar correctamente su eficacia, por lo que el gobierno cubano busca acuerdos con países extranjeros para realizar las pruebas. Un grupo de científicos argentinos junta firmas pidiendo al Presidente, Alberto Fernández, que nuestro país colabore en su desarrollo.

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El gobierno provincial, a través del ministerio de Salud, inició la campaña de vacunación contra el coronavirus, con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V al personal de salud pública y privada. El lanzamiento se dio en simultáneo en los hospitales cabecera de regiones sanitarias de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

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El periodista Fernando Míguez hizo público a través de su cuenta en la red social Facebook el resultado positivo del hisopado de Covid19. En un detallado relato contó cómo, a pesar de haber tomado todos los recaudos, se infectó de todos modos. Y aunque deja en claro que "no es una gripe más", como minimizan algunos escépticos y adeptos a teorías conspirativas, el testimonio va más allá de lo personal e incluye un fuerte llamado a la solidaridad, a la empatía y un agradecimiento "a quienes se cuidan, a quienes no niegan la gravedad de lo que vivimos y a quienes se rompen el lomo por la salud pública".

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Frente a la pandemia por Coronavirus, ¿no existe otra opción que elegir entre sacrificar vidas o hundir la economía? ¿Hay alternativas superadoras? ¿Por qué el impuesto a las riquezas podría ser una herramienta para cuidar la salud de la población al mismo tiempo que el trabajo, la producción y el poder adquisitivo de los argentinos? ¿Quiénes se oponen y por qué? Algunos de esos interrogantes tuvieron respuesta en el conversatorio virtual organizado por el Partido del Trabajo y del Pueblo del que participaron Juan Manuel Abal Medina, Alcira Argumedo, Claudio Lozano y Juan Carlos Alderete.

La pandemia de Covid-19 puso en jaque a la economía mundial y en evidencia las propias limitaciones del sistema capitalista -sobre todo desde las concepciones liberales más ortodoxas- para hacer frente a sus crisis. Los países que no quisieron o no llegaron a tomar medidas a tiempo pagaron su acción tardía con vidas y con desastrosas consecuencias económicas que llamativamente se secundarizan. Otros, como la Argentina, definieron la cuarentena con los primeros casos y el nivel de contagio y casos fatales es sensiblemente menor. Sin embargo, las consecuencias negativas desde el punto económico son innegables y emerge una gran discusión sobre cuál es la salida; si no queda otra que elegir entre la salud y la economía o Argentina puede construir un camino propio para preservar la salud de la población sin que se destruya su economía o, a la inversa, preservar su economía sin dejar a sus ciudadanos librados a su suerte. En torno a estos debates giró el conversatorio organizado por PTP sobre el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, que ya es motivo de polémicas y debates en todo el espectro político, en los medios de comunicación y en parte importante de la sociedad.

Lozano: “El impuesto a las grandes fortunas es indispensable”

El presidente del Banco de la Nación Argentina y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, se refirió al impuesto a las riquezas como “un paso necesario dentro de una estrategia general que obliga a otro conjunto de regulaciones para reorientar el rumbo económico, social y también político de la Argentina”.

Lozano señaló que en el contexto de la pandemia se producen dos fenómenos: “Se suspende el funcionamiento del sistema económico capitalista y se agigantan las desigualdades” y sostuvo que en ese marco “en un país donde tenemos más de la mitad de la población laboral en situación de informalidad, las condiciones de reproducción de la vida sólo se pueden resolver sobre la base de un Estado que intervenga decididamente estableciendo un piso básico de ingresos que permita que nuestra gente se sostenga durante este tiempo”, argumentando sobre uno de los destinos que tendría la creación del impuesto en debate.

En relación con las diferentes objeciones que surgen en torno al tema, algunas apoyadas sobre antiguos lugares comunes como que “Argentina tiene una presión tributaria muy alta”, el economista afirmó que Argentina está por debajo de varios países incluso de América Latina, como Brasil y Uruguay.

El ex diputado nacional hizo referencia a la presión de grandes grupos empresarios, mediante amenazas con despidos, para que se levante la cuarentena, y su resistencia a las medidas como la que fue eje del conversatorio: “Desde la dictadura militar para acá se ha consolidado una lógica en el accionar de los grandes capitales que consiste, sobre todo en la relación con el Estado, en demandar permanentemente subsidios para el desarrollo de sus negocios, en general de alta rentabilidad, pero luego no invierten en relación al excedente que capturan, llevan adelante un proceso permanente y sistemático de fuga de capitales y al mismo tiempo se resisten a pagar impuestos. Al mismo tiempo estos capitales están confrontando con esta idea de un impuesto a las grandes fortunas; piden que se le mejore la oferta a los acreedores; es decir, piden que el Estado gaste más en pago de deuda y al mismo tiempo han demandado que el programa de asistencia al trabajo, que paga el salario e inicialmente era para las pymes, se amplíe a las empresas de casi 800 trabajadores”.

Según Lozano, información mundial da cuenta de que a junio de 2019 había 50 fortunas en la Argentina que sumaban un total de 57.920 billones de dólares y había 114 mil argentinos que tenían más de un millón de dólares de patrimonio neto, es decir todas las riquezas libres de toda deuda.

Sin embargo, en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina, en realidad los que tienen más de un millón de dólares en bienes personales son apenas 32.000. Frente a esto lanzó una pregunta retórica: ¿Por qué esta diferencia? Porque una de las cosas que suelen decir los voceros de la derecha para cuestionar este impuesto es que no se podría recaudar demasiado. Y la verdad que el tema tiene que ver con que lo que llevan adelante estos señores es un proceso permanente de encubrimiento de sus patrimonios y de sus rentas”.

Finalmente, el actual titular del BNA apuntó a la necesidad de “un grado de articulación política y social mucho mayor para poder limitar la capacidad de presión que los sectores de mayor poder económico tienen hoy sobre la gestión del Gobierno nacional”. No obstante insistió con que el impuesto a las fortunas “es absolutamente indispensable; junto con la suspensión de los pagos de deuda pública también y el financiamiento de una renta universal, sería lo que deberíamos garantizar”.

Argumedo: “El coronavirus agravó una crisis que ya se venía produciendo”

La socióloga Alcira Argumedo, ex diputada nacional de Proyecto Sur, consideró que el tema del impuesto a las riquezas será “de sentido común” en muy poco tiempo “porque hasta el Financial Times, un vocero de los grupos financieros, está llamando la atención sobre la necesidad de producir ciertas transformaciones, porque el Coronavirus lo que en realidad hizo fue detonar y agravar una crisis que se venía produciendo”.

En ese sentido, advirtió que “el 1% de la población concentra el 50 por ciento de la riqueza y el 20% de la población mundial tiene el 95,5% de la riqueza, según datos del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas y los otros 6.500 millones se reparten el 4,5%, de los cuales 4.500 millones están por debajo de la línea de pobreza. Esto de por sí estaba generando una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, porque ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitivo de productividad que se viene produciendo”.

En ese marco, Argumedo indicó que “la crisis más similar a esta, la de 1930, generó dos grandes alternativas: una fue el New Deal, que fue esta redistribución de la riqueza, aumento de los salarios reales, baja de la jornada laboral; y la otra fue Hitler, que era salir de la crisis a través del incremento de la industria de guerra, con persecución y genocidio de la población indeseable. Verdaderamente, no nos engañemos, estas son las dos grandes alternativas que se están dando en la crisis”.

Por otro lado, seguramente polemizando con el viejo latiguillo liberal de que quien tiene una fortuna es porque se esforzó para que así fuese, la ex legisladora habló de “tres grandes momentos” en la historia Argentina donde se produjo el gran salto de esa acumulación de riquezas: fines del siglo XIX y principios del XX con la apropiación de tierras por parte de grandes familias como los Martínez de Hoz, los Bullrrich, Braun Menéndez, Menéndez Behety, a partir del genocidio perpetrado con la Conquista del Desierto y los beneficios para la producción lanera y ganadera luego de la Primera Guerra Mundial; una segunda etapa desde comienzos de la dictadura hasta fines de los 90, comenzando con la estatización de deudas privadas por 25.000 millones de dólares y una tercera etapa centrada en el período de gestión del expresidente Mauricio Macri, con la entrega por 400 millones de dólares a su amigo Nicolás Caputo (empresario y miembro) de dos usinas termoeléctricas valuadas en 1200 millones o el bono a 100 años al 7,9% anual mientras en Estados Unidos estaba poco más del 1% (siete veces más pero durante 100 años), con el grupo Noctua Partners fundado por Luis Caputo (ex Ministro de Finanzas de la gestión Cambiemos) como uno de los que compraron esos bonos.

Otro negociado “descomunal” mencionado por Argumedo fue la compra de acciones al Estado -del fondo de sustentabilidad de la ANSES- por parte del grupo Pampa Energía, de Joe Lewis y Marcelo Mindlin, a 10 dólares la acción para vender 72 horas después a 18 dólares: un 80 por ciento.

La dirigente de Proyecto Sur se enumeró una serie de indicadores para graficar el panorama económico, social, productivo y energético, entre otros aspectos, que dejaron las políticas de desguace del Estado y desregulación que predominaron desde la dictadura iniciada en 1976: “El nivel de saqueo y destrucción económico y social de la Argentina no lo tuvo ningún país que no haya tenido una guerra en su territorio. Del 74 al 2020 se pasó del 6 al 40 por ciento de pobreza; del 90 y tanto de trabajadores en blanco y con derechos sociales al 46; de un 3% de desocupación al 20%; se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles, la flota mercante y fluvial, un sistema educativo público de calidad que había dado dos premios Nobel en ciencia; se pagaron más de 530.000 millones de dólares en concepto de una deuda fraudulenta; perdimos 420.000 millones de dólares  más en concepto de renta petrolera y gasífera por la privatización de YPF y 200.000 millones dólares en fletes como consecuencia de haber destruido la flota mercante y fluvial. Por lo tanto la decisión del cobro de un impuesto a las grandes fortunas tiene que ir acompañada de una transparencia profunda, porque siguen estafando, hay que controlar al comercio exterior”. Sobre este último punto aludió al y evasión de las mineras que tributan sobre sus exportaciones sobre la base de declaraciones juradas, omitiendo gran parte de los minerales y metales que extraen de nuestro suelo y se llevan fuera del país. “Si no frenamos estas venas abiertas del saqueo de América Latina no vamos a ningún lado y el primer paso es un impuesto a las grandes fortunas”, concluyó.

Alderete: “Para sostener la cuarentena se necesita plata, ¿de dónde va a salir?”

En coincidencia con Argumedo, el diputado nacional, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y dirigente del PTP-PCR, Juan Carlos Alderete, expresó que “la emergencia sanitaria desnudó las grandes desigualdades sociales”. Frente a eso, “algunos los gobiernos volcaron millonarios recursos buscando atenuar las consecuencias sociales en sus pueblos, otros los han abandonado a su suerte”. Aunque no hubo alusiones particulares, resulta evidente el caso de Brasil que hoy ya se ubica como el cuarto país con mayor cantidad de infectados a nivel mundial, con 230.000 casos (15.000 en las últimas 24 horas cuando Argentina no llega a 8.000 casos desde que comenzó la cuarentena). “Quedó en evidencia que el actual orden político y económico del mundo no puede dar respuesta a las emergencias económicas y sociales. Frente a este panorama se abre un interrogante: ¿Quiénes pagarán las consecuencias de esta crisis?”, se preguntó el dirigente

Alderete advirtió sobre el ingreso en una fase de contagio donde el virus llegó a las grandes barriadas populares, con una situación muy delicada en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a eso consideró necesario -en oposición a quienes bregan por levantar la cuarentena- “profundizar las medidas sanitarias contra el Coronavirus. Y para sostener la cuarentena, para la ayuda social, económica y para dar la batalla sanitaria que se está desplegando; insumos médicos, respiradores, construcción de hospitales, test, lugares de aislamiento, para todo se necesita plata; ¿de dónde va a salir?”.

Pareciera ser el gran debate que se abre, por lo menos entre quienes sostienen que no se debe aflojar con las medidas de aislamiento social para atenuar la circulación del virus. Esa discusión y la propuesta que se impulsa en el seno del bloque de diputados del Frente de Todos busca abrirse paso entre la herencia de una matriz tributaria profundamente regresiva.

“En Argentina proporcionalmente pagan más impuestos los pobres que los ricos. Esta es una matriz impositiva heredada de la última dictadura. Pero cuando se discute un poquito los intereses de los poderosos algunos se ponen muy nerviosos y eso que estamos hablando de un impuesto por única vez. Hace semanas que estamos discutiendo esta propuesta. Bajarle los salarios a millones de trabajadores el 20, 30 o 40% se resolvió muy rápido. Ahí no hablan de confiscación”, cuestionó el dirigente del PTP-PCR y la CCC.

Entre los detractores de esta iniciativa u otras similares, proliferan cuestionamientos dirigidos a descalificarla como una especie de invento argentino, carente de seriedad y coherencia y hasta con apelativos de corte maccartista. Sin embargo, Alderete recordó que “este es un tipo de impuesto que no sólo se ha usado en distintos momentos en nuestra historia nacional”, como el aplicado en 1815 sobre la elite cuyana para financiar el cruce de Los Andes del Ejército Libertador sino también en otros países de Europa y Asia, como los que impusieron Alemania y Japón para la reconstrucción pos Segunda Guerra Mundial de hasta el 50% y 80%, respectivamente, o los que hoy discuten, en el marco de la pandemia, España (del 1 al 2%), Italia (del 4 al 8%) o Rusia (13%).

“El impuesto extraordinario a las grandes fortunas consistirá en una contribución gradual para fortunas de a partir de 10.000 millones de pesos en una escala que iría del 1 al 5 por ciento, mientras que para los bienes en el exterior serían de entre el 3 y el 15 por ciento”, explicó el legislador de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, planteó que “este es el camino” para superar la crisis, junto a otras medidas como aplazar el pago de los vencimientos de la deuda externa hasta 2024, avanzar “en una YPF enteramente estatal, estratégica para la Argentina y nuestra soberanía energética pero además una medida clave para la recuperación económica que tendremos que afrontar”; mayor intervención estatal sobre el comercio interior y poner  límite “a los que amasan ganancias extraordinarias con la especulación y la timba financiera”, con el objetivo de “volcar esos recursos para combatir la pandemia, terminar con el hambre, impulsar el trabajo y la producción nacional y fortalecer el sistema público de salud”.

Abal Medina: “Pandemia de por medio, la reforma tributaria va a ser una obligación”

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, considerando la parálisis económica generada por la cuarentena, realizó un pormenorizado análisis de la composición de la recaudación impositiva en nuestro país, qué tipo de tributos son los que más fondos aportan hoy al presupuesto nacional y qué sectores son los que sostienen en mayor y en menor medida esos ingresos.

Analizando datos impositivos a nivel nacional de 2020, Abal Medina señaló que “lo que más llama la atención de los impuestos es que casi el 43% de lo que recauda el Estado argentino corresponde a impuesto sobre bienes y servicios, casi la totalidad es el IVA (Impuesto al Valor Agregado), que paga lo mismo el que tiene mucho, el que tiene algo y el que no tiene nada”.

Luego aparecen los aportes y cargas a la seguridad social con el 24% de la recaudación y el impuesto a las Ganancias, del que una parte importante pagan los asalariados, con el 21,6%.

“Finalmente, lo más escandaloso, los bienes personales (0,6%) no llegan al uno por ciento de nuestro sistema tributario. Que este número no llegue al 1% de lo que paga alguien por sus propiedades ya es más que notorio y que esté tan lejos los impuestos sobre las ganancias de lo que se paga por la seguridad social y por los impuestos directos, lo mismo”, advirtió.

Aunque podría pensarse que sería tan sencillo como invertir la ecuación, Abal Medina puso el énfasis sobre el carácter político de esa estructura impositiva: “En general, la dirigencia política asume que no se puede hacer demasiado”. Por ejemplo frente a uno de tantos lugares comunes y latiguillos como aquel esgrimido por analistas, comunicadores, empresarios y dirigentes políticos respecto de que “en Argentina se pagan enormes impuestos, que no se puede tolerar este nivel impositivo”, idea que comienza a flaquear cuando se realiza un análisis comparativo con otros países de Latinoamérica o de Europa.

“En general –evaluó Abal Medina- no se hacen muchas reformas impositivas porque cuando las cosas andan más o menos bien nadie quiere tocarlas. Si la AFIP funcionaba, recaudaba, por qué tocarla -dijo en una suerte de autocrítica sobre las limitaciones del período de gestión kirchnerista- y cuando anda mal es muy poco lo que se puede tocar”. Sin embargo fue tajante dada la coyuntura y evaluó que “pandemia de por medio va a ser una obligación”.

El ex jefe de Gabinete hasta 2011 esbozó algunos de los lineamientos que, según su visión deberían trazarse para un nuevo esquema impositivo: “Tenemos que llevar adelante un conjunto de políticas de reforma tributaria que haga mucho más justo nuestro esquema tributario y la mitad al menos de la recaudación argentina tendría que ser de los impuestos directos. Pasar del 75-25 al 50-50 y esto significa generar un gran consenso, una amplia mayoría política y social que lo sostenga, porque no por casualidad la mayoría de los impuestos argentinos son indirectos. ¿Eso por qué? Porque el impuesto indirecto nadie sabe cuánto paga. Cuando cualquiera de nosotros va a comprar algo a un almacén, ¿cuánto se paga de Ingresos Brutos? No lo sabemos, no tiene costo político subir ese impuesto. Siempre es mucho más fácil subir el impuesto indirecto, el más injusto y el más ineficiente”.

“En cualquier sistema tributario serio del mundo, la base central tiene que ser impuestos directos; que pague cada uno de acuerdo en base a lo que tiene y gana. Avanzar en esa dirección es la tarea central”, dijo Abal Medina, con una aclaración final: “Que lo sectores medios entiendan que esto que estamos haciendo no es quitarle a los que producen sino al revés; una propuesta tributaria mucho más justa donde los que más tienen más paguen pero que también a los que más cumplen mejor les vaya”.

Publicado por Río Bravo el 17 de mayo de 2020.

Publicado en Otras yerbas
Viernes, 17 Abril 2020 13:52

Apostillas del coronavirus

Las imágenes de la cuarentena exhiben escenas de solidaridad, de represión, y de xenofobia, entre otras. Permiten observar esa otra grieta social de la que poco se dice pero que nos sigue dividiendo. Una grieta que nos atraviesa la cabeza poniendo de un lado el desprecio por los que menos tienen y por el otro a los que entienden que la clave está en ser solidarios porque “nadie se salva solo”.

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Muestran en televisión al ejército dando comida a familias en la Matanza. La cola de las mujeres con tuppers se prolonga en el descampado. Los hombres en traje de combate cargan con cucharones un guiso de fideos y verduras. Lo hacen ataviados de barbijos y guantes. El vapor de la comida se eleva en el aire y se pierde. Un niño les entrega dos dibujos hechos con fibras de colores en dos hojas A4. Se trata de un helicóptero y un tanque.

¿Sabrá ese niño que a las clases populares el ejército las persiguió durante la dictadura?

¿Sabrá ese soldado que fueron miles los niños como este que ahora le entrega los dibujos que durante la dictadura, su ejército los arrancó de sus padres y les asignó una nueva identidad?

Lo saben. La democracia lo ha enseñado. Ni este es el mismo ejército ni ese es el mismo soldado. Lo saben ellos, los sabemos nosotros y lo saben Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz que lo miran desde el penal donde pagan por ser responsables de crímenes de lesa humanidad. Desde ahí lo miran porque les acaban de negar la excarcelación que solicitaron por el coronavirus.

 

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En 1871 la fiebre amarilla asoló la ciudad de Buenos Aires. Un tercio de su población se condenó a un exilio interno o externo escapando de una muerte segura. Las cifras oficiales de decesos en aquel periodo señalan 14.000 pero hay otros que hablan de 17.500. Para una población que por entonces no superaban los 200 mil habitantes, las cifras son escalofriantes. El origen de la enfermedad hay que buscarlo entre los soldados que regresaban del Paraguay, de la masacre del pueblo paraguayo durante la guerra de la Triple Alianza. Más precisamente en los barcos donde el mosquito Aedes aegypti era el vector de transmisión. Esto lo expuso diez años más tarde el doctor Carlos Finlay, en un congreso médico en La Habana.

Pero las primeras reacciones frente a la enfermedad no fueron impulsadas por reflexiones científicas sino por la xenofobia más descarnada. Se acusó a la comunidad italiana de ser responsables del contagio y se los expulsó de los conventillos e inquilinatos donde vivían hacinados. Fueron sacados a empujones por las fuerzas del orden, sus pertenencias arrojadas a la calle y el lugar desinfectado. Muchos fueron deportados. Esos que bebían aguas de aljibes contaminados o del riachuelo donde iban a parar los desechos de los saladeros. Esos que convivían en calles que se anegaban y donde flotaban los cadáveres porque habían sido enterrados al ras. Esos, finalmente, que vivían hacinados con aguas servidas exhibiendo condiciones insalubres. Esos fueron los señalados como responsables de la epidemia. Y contra ellos fueron.

Funcionarios de las primeras líneas del gobierno de Alberto Fernández han manifestado preocupación por las reacciones sociales frente a posibles casos de discriminación en los barrios populares. Para ser más precisos, están pensando qué ocurrirá cuando en los barrios populares cuyas condiciones de hacinamiento no tienen nada que envidiar a la de aquellos integrantes de inquilinatos y conventillos, llegue el Coronavirus. Lo están pensando con la historia en la mano, de aquello que ocurrió hace 150 años pero también con el presente. Con las reacciones de aquellos que piensan que el mal en la Argentina está en el Estado grande que da de comer a los choriplaneros.

 

3

Las redes sociales se han colmado con la cuarentena. Entre los múltiples mensajes que circulan, hay muchos que se regodean con la violencia hacia los jóvenes de clases populares. Mientras que el gobierno dice que el enemigo es invisible, por eso hay que hacer cuarentena, hay sectores que han identificado al enemigo. Con el manual de la xenofobia lo han identificado. El problema para ellos son los barrios populares donde no se respeta la cuarentena. Esos barrios donde no hay agua potable, donde viven hacinados, donde no tienen garantizada la comida diaria y donde conviven con aguas servidas.

Como esos son los culpables, festejan cuando la policía insulta a unos jóvenes que salieron a caminar juntos, o cuando maltratan a un delivery que está trabajando con indumentaria de trabajo y papeles de trabajo, o cuando aleccionan a unos pibes haciéndoles hacer saltos ranas como si estuvieran en la colimba. Festejan que se aleccionen a los jóvenes de clases populares, cuyo futuro y presente les fue arrancado desde antes de nacer por fuerza y obra del Mercado y del Estado cómplice. Festejan que se los castigue porque son los que sobran en esta sociedad.

La “doctrina Chocobar” tiene tantos adeptos porque da vía libre a estas ideas. En manos del gobierno de Mauricio Macri permitía castigar a esos que sobran, con la impunidad de eliminarlos. Hoy quienes la siguen reclamando, exigen que el Estado resuelva los sobrantes del Mercado y calme las ansiedades para habitar “un país tranquilo”. Por eso es necesario adoctrinar a los jóvenes de clases populares que no cumplen con la cuarentena. La “doctrina Chocobar” está en sus cabezas, no tiene fuerza de ley; tiene la potencia del deseo.

 

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Una enfermera de Mendoza acaba de recibir una noticia sorprendente. La dueña de la casa donde vive (y a quien conoce solo por Whatsapp) le acaba de anunciar que no le cobrará los próximos 2 meses de alquiler. Se lo comunicó por teléfono, cuando la inquilina le dijo que en ese momento no podía atenderla porque estaba de guardia. “¿De qué trabajás?” “Soy enfermera”. Eso fue suficiente, dijo la dueña del departamento. “Sentía que algo tenía que hacer por los que tantos hacen por nosotros. Vivo en Buenos Aires y soy paciente de riesgo. Los vecinos del edificio me hacen las compras para que no salga”. Algo tenía que hacer, repitió en la radio donde le hicieron el reportaje. Ahora la enfermera está buscando el modo de replicar el favor con otro. “Tenemos que armar cadenas de favores. La enfermedad nos está enseñando a ser más solidarios”.

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