Especial para Río Bravo.*

El mes de mayo de 2011 marca un antes y un después en la empresa Productora Alimentaria SA, mejor conocida por comercializar los productos Naranpol. Dicha marca venía creciendo hacía varios años y se preveía que seguiría así. La carga publicitaria había aumentado y la gaseosa se hacía cada vez más popular. Pero algo sucedió. De golpe el crecimiento se paró en seco.

Martín Galán, uno de los dueños de la empresa, dice que desde el año 2008 viene haciendo presentaciones a organismos como el Ministerio de Producción de la Provincia y la Cámara Federal de Empresas de Bebidas sin Alcohol. Se amparaba en que no podía cumplir los convenios laborales porque la empresa iba a quebrar. Hasta llegó a pedirle al entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, un subsidio de 40 millones de dólares, que obviamente fue negado. El gobernador se excusó diciendo que era un conflicto entre privados, algo bastante raro en un gobierno socialista.

Así y todo, la empresa siguió funcionando hasta que el conflicto estalló en mayo del año 2011. En ese mes la empresa entró en concurso de acreedores. Recurrió primero al Ministerio de Trabajo, y al no encontrar respuesta, se recostó sobre la justicia. Allí empezó el escándalo. En menos de 48 horas, el Juez Eduardo Roberto Sodero, del fuero Civil y Comercial, sin controlar los balances ni la contabilidad de la empresa, dictó el Concurso Preventivo. Con esto avaló la caída del convenio colectivo de trabajo y redujo los sueldos al mínimo vital y móvil ($1840). Dice Alejandro Villareal, trabajador de Naranpol: “De $ 4500 pasamos a cobrar el 40% de nuestra remuneración, los trabajadores decidimos entonces declararnos en huelga”. Pasaron 30 días hasta que se dictó la conciliación obligatoria. La patronal se comprometió a cumplir con sus obligaciones pero nunca lo hizo. No sólo había reducido el sueldo en un %60 sino que además había dejado de pagar los aportes sociales y las deudas con sus proveedores.

En junio del mismo año se sanciona la nueva Ley de Concursos y Quiebras (26.684) donde, entre otras cosas, se dictamina que los convenios colectivos no caen a pesar de que la empresa se presente a concurso de acreedores. Por supuesto que nada de esto se respetó. Al mismo tiempo comenzó en la provincia una impresionante campaña mediática para culpar a los trabajadores del colapso financiero de la empresa, algo que los hermanos Galán venían denunciando hace tiempo. Tanto los medios locales como algunos nacionales se hicieron eco de estas versiones y por todos lados circuló que fueron los trabajadores los que, mediante trabas, amenazas y falta de compromiso, llevaron a la quiebra a la empresa.

Con los convenios colectivos de trabajos suspendidos, los sueldos impagos y la falta de cumplimiento de la conciliación obligatoria, los trabajadores se vieron obligados a parar otra vez. Ya habían realizado varias movilizaciones, pero no encontraron respuestas, los medios silenciaron casi todos los intentos de los trabajadores de contar su situación. Incluso en la provincia el caso ha sonado muy poco. Encontrándose solos, sin respuestas y ante un avance intimidatorio de la patronal, los trabajadores decidieron acampar en la calle en el mes de octubre de 2011. Villareal aclara: “En octubre decidimos declararnos en huelga y nuevamente nos encontramos acampando en la calle, en noviembre decidimos ingresar a la planta en resguardo de nuestras maquinarias”. Carlos Gonzales, otro trabajador de Naranpol, agrega: “Después de varios días de paro y sin recibir respuesta de parte de la empresa y de ninguna autoridad del gobierno, se decide tomar la planta productora”. Cristian Farieri, delegado sindical de Naranpol, comenta que la deuda de la empresa es de $60.000 por cada trabajador, que en total serían 415. Bajo esa situación es obvio que el obrero tome la fábrica, porque es el último recurso que le queda, dado que la huelga no funcionó y el diálogo estaba cortado porque los intereses actúan a favor de la patronal.

En el mes de diciembre el Juez Sodero hizo su última intervención, ordenó el desalojo de los trabajadores de la planta y el cierre de la misma. Después de esto se declaró incompetente y se alejó de la causa. Su intervención marca claramente que la justicia estaba siendo parcial.

Los trabajadores tomaron la planta en noviembre y quedaron encerrados, presos de un conflicto que no habían generado, pero del cual eran culpables para casi todos los actores. A eso se suma el fuerte rumor de que la quiebra de la empresa Productora Alimenticia SA estaría relacionada con maniobras fraudulentas del kirchnerista Agustín Rossi. La versión dice más o menos así: el hermano de Agustín Rossi, Alejandro, es accionario de la empresa Paraná Cargas SA, quien realizaba la logística de transporte de Naranpol. En esta relación, sería Agustín quien impulsaría los conflictos de los trabajadores para, una vez que las empresas quebraran, quedarse con ellas a través de testaferros. Los nexos entre los sindicatos y Rossi vienen de larga data. El sindicato SUTIAGA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Agua Gaseosas y Afines) apoyó la candidatura a gobernador de Agustín. Y fue este quien, supuestamente, conectó a los trabajadores con el Movimiento Evita, que es especialista en armado de cooperativas. También se dice que habría participado el nuevo kirchnerista Oscar “Cachi” Martínez, quién habría gestionado la aprobación del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para que la empresa funcione bajo la figura de “empresa recuperada”.

Estas versiones han sido expuestas en varios medios santafesinos, pero tanto los delegados gremiales como todos los trabajadores han negado cualquier tipo de complot a favor del “Chivo” Rossi. Esto es lo que han respondido los entrevistados cuando fueron consultados acerca de estas versiones: 

- Cristian Farieri: “Acá no hay hermanos Rossi, no está la Coca Cola, no es culpa del sindicato, ni nadie de los que estos incapaces le quieren echar la culpa para tapar el fraude que están haciendo, nosotros no les dijimos que en octubre del 2010 le dejaran de pagar a todos y se endeudaran en 140 millones.”

- Alejandro Villareal: “Los trabajadores vemos dichas versiones de parte de la empresa para victimizarse. Como Pérsico, Oscar ‘Cachi’ Martínez, que los obreros desconocemos.”

- Carlos Gonzales: “Los trabajadores desconocemos totalmente esta versión dada por los medios de comunicación tratando de ensuciar la legítima lucha de los trabajadores. En ningún momento se habló de ese tema. Son versiones de los medios y de la patronal para ocultar quiénes son los culpables de esta situación.”

Tanto los delegados como los trabajadores dejan en claro que nada tienen que ver con  las versiones que circulan y mucho menos son responsables de la quiebra de la empresa. Aclaran que esta última, a pesar de haber recibido por parte de los trabajadores varios proyectos de solución, nunca contestó y sólo se abocó a etiquetar a los obreros como delincuentes y usurpadores.

Los trabajadores agregan, además, que la relación con los delegados es buena, siempre las decisiones son tomadas en asamblea, con el voto de todos los compañeros. Se duda de la dirigencia sindical pero de los delegados no. Las demandas no han sido escuchadas por las autoridades provinciales y nacionales, por momentos se han sentido muy solos en esta lucha.

Los obreros tuvieron la planta tomada desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2012, pasaron por muchas situaciones, soportaron todo tipo de ataques, donde todos los actores los culpaban de los problemas. Siempre el sistema capitalista carga las culpas sobre los obreros, porque el hilo se corta por lo más fino, y mientras en las altas esferas se tiran con acusaciones y se devuelven con excusas, la situación paupérrima de los empleados no le importa a nadie. En este conflicto fallaron todos los órganos de representación: ni el Gobierno Provincial, ni el Ministerio de Trabajo, ni la Justicia, ni los dueños de la empresa se hicieron cargo, todos amagaron pero nadie hizo nada. Si un gobierno socialista no puede solucionar un conflicto laboral estamos en serios problemas, porque se esperaba una actitud seria y comprometida, pero no con la patronal sino con los trabajadores.

El 27 de marzo se votó en asamblea llamar a la conciliación obligatoria. Los trabajadores estaban presionados por la burocracia sindical y por la propia situación financiera causada por no cobrar desde hace varios meses. Para acceder a la conciliación obligatoria, que es una instancia administrativa en la que intervienen los patrones, el sindicato y el ministerio, tienen que dejar la fábrica, después se verá si acatan o no las dos partes, si se ponen o no de acuerdo. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo, los trabajadores planean tomar nuevamente la fábrica y pedir la inmediata intervención y desplazamiento de los empresarios en la administración de la empresa. Todo esto es muy difícil de lograr, la mejor salida sería la de obtener la figura de “empresa recuperada”.

El conflicto ha sido demasiado largo y desgastante, hay una clara estrategia detrás de esto, los empresarios llevan las de ganar, pero la lucha de los trabajadores es justa y no se abandona. Aunque el espíritu vacila, el apoyo de la sociedad será clave para la resolución de este conflicto que afecta a varias familias.

* Un especial agradecimiento a la abogada Celeste Varela, quién ha sido fundamental a la hora de recopilar la información para esta nota.

Publicado por Río Bravo el 08 de abril de 2012.