Ni el más acérrimo defensor del gobierno de Sergio Urribarri  se atrevería -creo- a tildar de oligarcas a los colonos de la estancia El Quebracho para negar el legítimo derecho de un grupo de ex trabajadores del Frigorífico Santa Elena, víctimas de la principal generadora de pobres en nuestra querida Argentina: la concentración de la economía; la de la tierra y la de la industria. Y, claro está, los negociados que la acompañan. Si quedan dudas, para muestra basta Tres Arroyos.

Más allá de quienes puedan montarse en legítimos reclamos populares, intentando llevar agua para sus molinos en su disputa con el gobierno, hay una realidad innegable que trasciende toda especulación. La imposibilidad para millones de argentinos y entrerrianos de acceder a una vivienda propia es real, como lo es también la falta de acceso a la tierra para producir, mientras a la par crecen los negocios inmobiliarios y los pooles de siembra. La necesidad, el sufrimiento, la bronca y la lucha también son reales.⁽¹⁾

Sería redundante repasar la crónica de los hechos que recorrieron por estos días los medios de comunicación de la provincia, aunque no deja de ser necesario un breve pantallazo para evitar lanzar palabras en el aire.

De un lado de la tranquera, tierra adentro, estaban los pastajeros, pequeños ganaderos que hasta hace 15 años supieron ser obreros del otrora pujante Frigorífico Santa Elena, ese que con su cierre dejó atrás un pueblo con 80 por ciento de desocupación. Después, con la escandalosa venta a Taselli y la reapertura (más por la Cuota Hilton que por una verdadera reactivación) ya nada volvió a ser lo mismo. Las tierras en las que hoy trabajan pertenecieron a la industria cárnica y, al producirse el cierre, obtuvieron como parte de la indemnización el derecho a usufructuarlas. En 2006, el Estado provincial entonces comandado por Jorge Busti, decidió vender a Granja Tres Arroyos las 1.685 hectáreas al irrisorio precio de $1.800 la unidad a pagar en 10 años –los valores actuales oscilan entre $25.000 y $30.000-. No conforme con el regalo, la empresa todavía se dio el lujo de poner su condición: el desalojo de los pastajeros, que no estaban dispuestos a un nuevo despojo. Por eso Tres Arroyos inició el juicio que esta semana concluyó con sentencia de desalojo y que intentó hacer cumplir el Estado ahora capitaneado por Sergio Urribarri. A la tenacidad de los pequeños productores los rodeó la solidaridad de organizaciones hermanas y dirigentes, del campo y la ciudad.

Del otro lado, llegó la caravana. Uno debería suponer que el funcionario devenido en representante del modelo nacional y popular debía estar atrás de la tranquera, junto con los pobladores de la “Argentina profunda”, como gusta decir a Cristina Fernández, enfrentando a los grupos concentrados. Pero no; el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, que llamativamente tuvo continuidad entre los gobiernos de Montiel-Busti-Urribarri, se paró del otro lado junto con los abogados de Tres Arroyos y unos 50 efectivos policiales. La postal, por demás elocuente, refleja una evidente contradicción. Lo demás ya es conocido: cachiporras, golpes, balas de goma, gases, plomo al aire para amedrentar y la resistencia de los que ya no quieren seguir perdiendo (más todavía).

La verdad al desnudo

Tal vez podría esgrimirse como argumento que Rodríguez Signes no es genuina expresión del modelo kirchnerista-urribarrista, pero es harto evidente que si después de tantos años, habiendo ocupado cargos en gobiernos de distinto color político, sigue como funcionario, es porque hay un hilo conductor en las políticas de Estado para las cuales resulta un elemento útil y eficiente. Sino basta con tomarse un colectivo hasta Santa Elena y observar en qué cambiaron las condiciones de estos ex obreros que ya nunca más volvieron a pisar la fábrica y a los que encima ahora intentan quitarles lo único que les queda: la tierra.

Un gobierno de palabra

Ante la falta de argumentos, aparecieron, como nos tienen acostumbrados, descalificaciones y pantallas de humo, queriendo correr del eje el verdadero problema de la concentración y del acceso a la tierra, poniendo al desnudo la verdadera esencia y la política de un gobierno que, lejos de las proclamas Nac & Pop, optó por el compromiso con una de las empresas que más se ha beneficiado en estos último años, con jugosos negocios y otros tantos negociados, exportaciones, tierras a precio de regalo, y policías y funcionarios a su disposición.

“Las tierras están usurpadas”, “subarrendadas; “no son colonos”, “nadie paga impuestos”, “no tienen título”. Esos fueron los (pobres) argumentos de un gobierno que, pese a lo recurrente de sus discursos, pone cuestiones legales por encima de la tan mentada redistribución y descalifica a su pueblo para negarle un derecho. Son ocupantes = no tienen derecho. Cualquier semejanza con las expresiones fascistoides de Mauricio Macri sobre el conflicto de Villa Soldati… ¿es pura coincidencia?

Frente a la gravedad de los hechos, Urribarri creyó conveniente el silencio y eligió como vocero a Rodríguez Signes. El comunicado oficial posterior al intento de desalojo puso a las claras las prioridades de una política económica y la palabra empeñada de una política que busca llevarse puestos -otra vez, como si una fuera poco- a los ex obreros del frigorífico. “Esto a la provincia le genera un perjuicio porque se trata de una situación irregular que le impide a la provincia cumplir con un contrato por lo cual es responsable”, dijo sin dejo de culpa.

El vocero se encargó del trabajo sucio, de explicar lo que no podría hacer sin sincerarse alguien que intenta venderse como el abanderado de los más humildes en Entre Ríos. Por eso el silencio.

(1) Nota al pie: según el Censo Nacional Agropecuario 2008 (que no lo hace una consultora de Duhalde) en Entre Ríos hay 4.000 productores menos que en 2002, mientras que la diferencia es de 60.000 en el territorio nacional.