El martes 28 de septiembre, a las 6 de la mañana, Matías Berardi (de 16 años) fue secuestrado en la ciudad de Pilar (provincia de Buenos Aires), cuando volvía de la fiesta de egresados del colegio Santa Inés. El resto es historia conocida: luego de haber conseguido fugarse del taller donde estaba en cautiverio, fue alcanzado por sus captores, secuestrado nuevamente y literalmente fusilado por la espalda. El crimen del adolescente causó conmoción en buena parte de su ciudad, entre sus vecinos, compañeros de estudio y de deporte (Matías jugaba al rugby). Obviamente, la clase social de su familia y el coqueto colegio al que asistía (además del brutal modo en que fue asesinado) funcionaron como un refuerzo extra para los medios de “comunicación” más importantes a la hora de definir la importancia de la noticia. Convocatorias, movilizaciones y hasta una “carta abierta” de su abuela pidiendo tolerancia cero con los delincuentes, leída casi en cadena nacional, y la posterior detención de sus presuntos victimarios; son los últimos capítulos de esta crónica que seguramente está lejos aún de terminar.

Sin embargo, el otro dato que particulariza esta noticia sobre un asesinato en el marco de un hecho delictivo, es que Matías, al zafar de sus raptores, pidió ayuda a los vecinos, a un chico de su edad, a un kiosquero y a un taxista, y todos le dieron vuelta la cara y le cerraron puertas y ventanas, atemorizados por la posibilidad de que él fuera un ladrón. Los secuestradores lo siguieron al grito de “ese chico nos robó” y todos los que Matías cruzó decidieron no intervenir cuando sus persecutores le dieron alcance y lo volvieron a cargar en el auto en el que lo seguían, para luego retirarse con el pibe y terminar asesinándolo. Su cadáver apareció un día después, en el partido de Campana.

El pasado jueves 7 de octubre, el boletín oficial no reconocido del gobierno nacional, Página 12, publicó una nota titulada “Todos los que matan a Matías”, escrita por Andrea Homene, psicoanalista y perito psicóloga en una defensoría oficial del conurbano bonaerense. En la misma, Homene detalla con audacia, claridad y sin vueltas el modo en que no se puede decir que a Matías solamente le hayan quitado la vida quien o quienes lo secuestraron y le dispararon el balazo en su espalda. Así, da cuenta de las responsabilidades directas e indirectas que les caben a los vecinos que al ver a un adolescente corriendo delante de unos adultos movilizados en un Chevrolet Astra prefirieron desconfiar del pibe; y que al desconfiar del pibe prefirieron tomar como natural que las supuestas víctimas del robo lo subieran al auto y se lo llevaran del lugar. Pero también, en su nota, Homene señala en sus culpabilidades a la policía, que prefirió no prestar atención a la denuncia de que un joven “malviviente” había sido subido a un auto por las víctimas de un robo; e incluso a la “clase media” que pide a gritos represión y la baja de la edad de imputabilidad penal, instalando la idea en el sentido común de que todos los pibes (sobre todo si están corriendo en el gran Buenos Aires y perseguidos por un Chevrolet Astra) son posibles delincuentes. Finalmente, Homene también señala a los medios masivos como co-constructores de ese sentido común que, en este caso y de tantas otras formas, habría llegado a cobrarse (por la inacción que motivó) una vida.

El detalle que nos lleva a preguntarnos si Homene en su nota realmente pensó en “todos” los que matan y mataron a Matías y a tantos, es la ausencia de alusión alguna al gobierno (que, en el caso de la nación, lleva al menos casi ocho años de continuidad del proyecto político en el poder) como un co-responsable en esta triste historia. Sí señala la psicoanalista que Matías también murió por estar marcado “con el estigma que cargan miles de adolescentes como él, que continuamente son agredidos, despreciados, maltratados, humillados, por los buenos ciudadanos que pagan sus impuestos” y piden más mano dura. Ahora bien, ¿puede aquí el gobierno ser el único actor social que aparentemente no tiene ninguna culpa que pagar? “…agredidos, despreciados, maltratados…”: la tremenda desigualdad y la brecha abismal que se creó en la Argentina entre los que tiene tanto como para ni saber cuánto tienen, y además lo muestran impúdica y pornográficamente a diario por la televisión, y los gurises que se deben resignar a alimentarse en comedores escolares y a relegar los tiempos de estudio para ayudar en changas y trabajos “informales” a sus familias; ¿no pinchan ni cortan en esta tragedia?

Cualquiera que viva en un barrio en el que la droga circula más que la leche, echando tierra al foso de tantas vidas condenadas de antemano, sabe dónde, cuándo, quiénes y cómo la venden, la distribuyen y la consiguen en ese barrio y en el de al lado y en el de enfrente también. Todos lo saben, porque son los primeros en sufrir en manos de estas últimas líneas de la poderosa y casi inabarcable estructura de las organizaciones dedicadas a la comercialización de la droga en el país. Todos lo saben y conocen estas pequeñas células de la mafia, incluyendo el comisario que casi siempre las protege y el subcomisario que incluso (hay tantas denuncias hechas y tan sólo amenazas y persecuciones para los denunciantes como toda respuesta) llega a apretar y obligar a los pibes del barrio a sumarse a las filas de estas organizaciones, de las que ellos mismos forman parte.

En Argentina, el reconocido cineasta Enrique Piñeyro, director y productor del documental “Rati Horror Show”, en el que denuncia el caso de “gatillo fácil” y posterior encubrimiento policial, jurídico y político de los verdaderos responsables de “la masacre de Pompeya”, anunció que tiene que sacar del país a su familia por las amenazas recibidas y por la negativa de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional de brindarle custodia. A ningún funcionario del gobierno se le movió un pelo. En este país, las barras bravas del fútbol son organizaciones armadas ilegales al servicio del mejor postor, y así como anteayer se tiroteaban en el traslado de los restos de Perón, mañana “reprimen” una medida de acción de algún sindicato opositor y pasado mañana se acuchillan mutuamente, en el medio de la tribuna, para disputarse el reparto de entradas y la venta de drogas en el estadio y sus alrededores. Y podemos seguir, y todos saben que podemos seguir.

En este país, pretender que lo que le ocurrió a Matías solamente tiene que ver con la resistencia de la policía a democratizarse (Homene no lo dice pero Página 12 lo da, constantemente, a entender), lo que los medios de comunicación construyen como representación general acerca de los jóvenes y la delincuencia, lo que los vecinos de “clase media” toman e incorporan de ese ideario a su propio sentido común, etc., pero no mencionar al gobierno y las medidas que toma o deja de tomar para descomponer las imponentes estructuras políticas, policiales y judiciales montadas en Argentina al servicio del delito “común”, ni a la oposición parlamentaria que apaña con su complicidad o su silencio esta tendencia; es decir sólo una parte de la verdad. Y aunque esa parte sea ajustadamente cierta, va a seguir estando renga.