La agrupación Inquilinos Agrupados, que a nivel nacional es la más representativas de las necesidades y demandas de las personas y familias no propietarias de sus hogares y que deben alquilar la casa o departamento donde viven, difundió un nuevo informe socioeconómico sobre el tema. El mismo se publica en un contexto clave ya que llevamos 6 meses de implementación de la nueva normativa que liberó precios, contratos y relaciones entre inquilinos y propietarios; a partir de la decisión del Presidente Javier Milei (a través del decreto 70/2023, de diciembre del año pasado) de volver atrás con la línea consensuada para la sanción de la Ley de Alquileres, ley que dicho decreto deroga.

Entre los problemas más preocupantes que reveló el informe, se pueden identificar el crecimiento en la participación del alquiler en los egresos de las familias (quizá el más claro ejemplo de cómo salieron “perdiendo” con los cambios) y la impactante cifra de que el 15% de los encuestados reveló que se mudó por dificultades para afrontar el alquiler. Desde ya que en este último dato entran no solo cuestiones inherentes a los alquileres sino propias de la crisis económica que, especialmente, está afectando a los sectores populares (donde crece significativamente el promedio de familias que alquilan).

Casi 8 millones de personas alquilan en el país. El informe difundido por Inquilinos Agrupados intenta ahondar en las problemáticas generadas o agravadas desde la puesta en vigencia del Decreto mencionado, que si bien no tiene aval de las cámaras legislativas de la nación, sólo fue rechazado en el Senado y aún no tuvo tratamiento en Diputados.

En este marco, el Informe Socioeconómico de la Encuesta Nacional Inquilina elaborado por Inquilinos Agrupados, reveló los siguientes puntos:

-- Para el mismo mes de alquiler y para una vivienda con la misma cantidad de ambientes, se observa que en CABA los/as inquilinos/as con contratos iniciados en el año 2024 bajo el DNU 70/2023 pagan aproximadamente entre un 40% y un 50% más que aquellos que comenzaron en el marco de la Ley de Alquileres. En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba esta diferencia es aún mayor: el valor promedio del alquiler de junio es entre un 41% y 52% mayor respecto a quienes lo hicieron antes del decreto.

-- Los plazos estipulados en los contratos se han ideo reduciendo al punto que, para los contratos nuevos, solo en el 9,7% de los casos los inquilinos logran los 3 años de duración. Los alquileres cortos, que priman, los perjudican porque los vuelven vulnerables a la imposición de condiciones desfavorables por parte de los propietarios, que saben que ninguna familia tiene ganas ni recursos para andar mudándose cada 10 meses. En este marco, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses.

-- Tal como adelantamos, el 15% de los encuestados indicó que se vio en la necesidad de mudarse en los últimos meses por no poder pagar el alquiler. El 62% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente. Al respecto, la amplia mayoría (más del 80%) respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios/ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad. De hecho, el 42,2% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses y el 46,2% respondió que tal vez las tenga.

--- Con los datos de la encuesta del mes de junio, se observan valores promedio para alquilar un 30% y hasta 48% mayores que en marzo -considerando que transcurrieron tres meses entre cada relevamiento-. Actualmente, la participación del gasto de alquiler más las expensas en los ingresos de los hogares encuestados representa el 34,4%, similar proporción a la registrada en la encuesta del mes de marzo, lo que evidencia una desaceleración del incremento que sí se había registrado desde la derogación de la Ley de Alquileres.

Publicado por Río Bravo el 7 de julio de 2024.