La provincia de Jujuy está convulsionada, atravesada por luchas de trabajadores y trabajadoras, especialmente de la educación y la salud. Los motivos originales fueron la demanda salarial, pero rápidamente las organizaciones políticas y sindicales en lucha tuvieron que incorporar el tema de la defensa del derecho a la protesta y de los derechos democráticos más fundamentales. Ocurre que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respondió a las demandas con un decreto y una propuesta de reforma Constitucional provincial que, en ambos casos, está fuertemente marcada por la persecución a quienes protesten y la prohibición de las actividades sociales, sindicales y políticas de reclamo en sus diversas expresiones.

Esta situación genera preocupación y rechazo más allá de los límites de esta provincia del norte de nuestro país. Esto no se debe solo a la lógica solidaridad con las y los trabajadores jujeños, sino también a la alerta que genera la evidencia de que esta intentona de Morales no es más que un ensayo de lo que algunos sectores políticos (fundamentalmente enrolados en Juntos por el Cambio y en el Partido Libertario de Javier Milei) buscan imponer para todo el país. Cabe destacar que, gracias a la lucha multitudinaria de las y los jujeños, Morales debió retroceder en las últimas horas con el decreto, aunque sigue adelante con el intento de reforma constitucional.

En diálogo con Río Bravo, referentes de dos de los principales sindicatos de nuestra provincia (el docente, AGMER, y el de estatales, ATE) plantearon sus preocupaciones, denuncias y sospechas.

“Estas presiones tienen su correlato en Entre Ríos”

Desde AGMER, el principal sindicato docente de la provincia, el secretario Gremial, Guillermo Zampedri, afirmó en diálogo con Río Bravo que “nosotros manifestamos un fuerte, contundente y categórico repudio a todas las medidas represivas del gobernador Morales”. A renglón seguido, además de manifestar la solidaridad con las luchas que están llevando adelante las y los trabajadores, docentes y estatales, en Jujuy; Zampedri confirmó cuál es el principal motivo de alarma ante esta situación: “claramente tenemos una enorme preocupación por la avanzada de los sectores de derecha que reprimen a los trabajadores, porque estas presiones políticas del gobernador Morales tienen su correlato en las candidaturas de la oposición, incluso en candidatos a gobernador en la provincia Entre Ríos”.

En este sentido, el secretario Gremial de AGMER sostuvo que el sindicato reafirma, para nuestra provincia y, en el marco de CTERA, para el país, “la defensa incondicional del derecho social a la educación, de la escuela pública y el Estado como garante de la escuela pública y el derecho de la social de la educación.” En consonancia con esto, Zampedri planteó la alineación de las luchas docentes “en contra de todo intento de desautorizar la educación, porque eso significa la destrucción de la escuela pública y de declarar la educación como servicio esencial. La educación es un derecho social, porque detrás de esas declaraciones lo que se pretende es coartar y cercenar el derecho a huelga de los trabajadores.”

En esta misma línea, la Comisión Directiva Central de AGMER planteó que las normas impulsadas por Morales coinciden con “el protocolo antipiquete de la provincia de Mendoza, impulsado por Patricia Bullrich. Tanto las represiones contra los trabajadores y trabajadoras en lucha, las nuevas legislaciones que habilitan la represión a las manifestaciones y los ejes de campaña de los candidatos del bloque de clases dominante, que prometen mano dura, ajuste y represión, encienden nuestra alarma y exigen la más amplia unidad para impedirlo”.

“Las reservas democráticas y combativas de los pueblos marcan la cancha”

Por su parte, también en diálogo con Río Bravo, Esteban Olarán, secretario de Acción Política de ATE y referente de la Agrupación de Estatales 20 de Diciembre (Corriente Nacional de Estatales René Salamanca de la Corriente Clasista y Combativa), confirmó que la CTA Autónoma denunció al gobernador Morales ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por la violación de convenios internacionales en Jujuy, tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga.

Olarán describió a las medidas de Morales como “antidemocráticas y antipopulares, de neto corte fascista y represivo con la finalidad de sacar al pueblo de las calles y así poder avanzar con sus políticas de hambre, ajuste y eliminación de derechos que le han costado sangre a la clase trabajadora.” En este caso, desde su corriente sindical incluyen, además de Morales por Jujuy, al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. De todos modos, y atento a las últimas noticias ya referidas, Olarán consideró que “las enormes reservas democráticas y combativas de los pueblos jujeño y salteño se han manifestado, una vez más, con movilizaciones de miles y miles de ciudadanos/as que han puesto al Noroeste argentino en la escena nacional y le han marcado la cancha, tanto a Gerardo Morales como a Gustavo Sáenz.”

Publicado por Río Bravo el 14 de junio de 2023.