Los medios hegemónicos desde Buenos Aires salieron en tropel a difundir que la Ley de Alquileres “estaría a punto de ser derogada”. En algunos casos, ni el condicional utilizan. En los hechos, se trata de una campaña comunicacional y política orquestada para imponer la derogación que, a fuerza de machaque y presión, puede que logre su cometido. Una profecía autocumplida que confirmaría, de ser así, que el poder real en muchos asuntos públicos en nuestro país no siempre está en la Casa Rosada. Sobre todo, cuando desde la Casa Rosada tampoco se hace mucho por ponerle un límite a los poderes fácticos y concentrados.

Lo cierto es que, por ahora, la ley de alquileres sigue vigente. No se suspendió ni se modificó y, al tratarse de una ley, el debate a tal efecto debería darse en el Congreso. Un Congreso que justamente está paralizado por la falta de quorum que está provocando la ausencia sistemática de las sesiones convocadas de la oposición que está operando para poner fin a la Ley en cuestión.

Todo lo demás son transcendidos que buscan meter presión en dos sentidos: al gobierno para que efectivamente derogue la ley (como si no fuera suficiente con la falta de control para su efectiva implementación) y a los propietarios e inquilinos para desvirtuar las negociaciones que a esta altura del año suelen desarrollarse para renovar contratos para todo el año.

Ante este panorama, desde la Federación de Inquilinos Nacional se planteó un duro comunicado en el que sostienen que “Una vez más, el poder fáctico del país, hace uso de sus medios hegemónicos para marcar sus intereses”. La ley de alquileres –sancionada por el Congreso Nacional en 2020– sigue vigente y modificarla por decreto sería inconstitucional, tal como lo ordena el art. 99 de la Constitución Nacional: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Llamativamente son los medios hegemónicos y los partidos autodenominados liberales de la oposición los que exigen que se produzca este abuso de autoridad del poder ejecutivo nacional, en contra de todo su discurso pro institucional, republicano y reglamentarista.

Ante esta embestida, el presidente a nivel nacional de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, atacó duramente al ministro de Economía, Sergio Massa: “es un empleado de las corporaciones inmobiliarias y de la construcción. Massa dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el FMI, el cual pidió no regular el precio de los alquileres”.

Hoy por hoy la situación es de incertidumbre y desconcierto. El gobierno nacional ya ha demostrado una incapacidad gravísima para controlar el cumplimiento de la ley de alquileres en estos 3 años que lleva de (in)aplicación. Tal como sostiene la federación nacional de inquilinos en su comunicado, en los hechos “los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados, y cerraron el área de alquileres del Ministerio de hábitat de Nación.”

Ante este panorama, el comunicado sostiene que las y los inquilinos del país deberán responder con más organización, denuncia y lucha para defender sus intereses: “seguiremos peleando para que el acceso a la vivienda sea un derecho de los trabajadores y trabajadoras, para que lo garantice el Estado y para regular el mercado inmobiliario desregulado desde la última dictadura militar.”

Lo que dice la actual Ley de Alquileres:

La gran mayoría de las condiciones que impone la ley, en su texto aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2019 (presidencia de Mauricio Macri) y en el Senado en 2020 (presidencia de Alberto Fernández); son beneficiosos para la parte de las y los inquilinos. Este argumento es utilizado por inmobiliarias y especuladores para sostener que los alquileres aumentan por retracción de la oferta, ya que supuestamente, a partir de esta ley, ya “no conviene” poner una propiedad en alquiler en nuestro país.

--- Los contratos deben ser por 3 años como mínimo;

--- La indexación anual del alquiler debe producirse acorde a la evolución oficial de los salarios;

--- Se bajó la comisión de las inmobiliarias a la mitad, y no puedan cobrar comisión por renovación de contrato;

--- Las comisiones de la inmobiliaria las debe pagar el dueño;

--- Los inquilinos no deberán pagar los impuestos y tasas sobre el inmueble. Si hubiere algún gasto que no corresponde pagar al inquilino (reparaciones, deudas, etc.), puede descontarlo con previo aviso del pago del alquiler.

--- Si por algún motivo (corte de gas, o alguna lluvia por humedad, etc.) no se puede hacer uso de la vivienda, el inquilino tiene derecho a rescindir el contrato o a suspender el pago del alquiler hasta que se solucione el problema.

Lo cierto es que poco ha hecho el gobierno nacional por controlar la aplicación de lo que esta ley plantea y, en medio de la actual campaña de comunicación para infundir temor por su supuesta derogación, el panorama es aún peor para las y los inquilinos.

Publicado por Río Bravo el 8 de abril de 2023.