El fin justifica los medios y el vale todo se ha convertido en una constante en la política argentina; sobre todo, en un sector de la oposición denominado "los halcones", el ala dura del macrismo más algunos aliados del radicalismo y la Coalición Cívica, que suscriben a la idea (y ejercen la práctica) de una confrontación sin códigos. Entre ellos aparecen diputados y dirigentes que, casi como un ejército de trolls, replican o generan cualquier tipo de información –verdadera o no– útil para defenestrar al adversario político. Solo basta con ver las cuentas en redes sociales –principalmente Twitter– de Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Sandra Arieto y hasta el propio Mauricio Macri y chequear mínimamente la información propalada para tomar dimensión de la magnitud del asunto.
Fake news
Un claro ejemplo de ello lo dio la presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, tras tomar conocimiento de la existencia del Programa Conectividad para el SPF, mediante el cual se adjudicó un presupuesto de 1.000 millones de pesos para mejor el servicio de internet de las 35 unidades penales y de las alcaidías dependientes del organismo.
Con la siguiente publicación en la red social Twitter, Bullrich no sólo dio lugar a la indignación y la furia de sus seguidores sino también, nada más y nada menos, a un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación:
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Alrededor de 1,5 millones de chicos abandonaron las clases en pandemia por la nula conectividad, pero el gobierno destina 1000 millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel. Presidente: ¡atienda las prioridades y deje de tomarnos el pelo! <a href="https://t.co/PjJtZ6eCIF">pic.twitter.com/PjJtZ6eCIF</a></p>— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) <a href="https://twitter.com/PatoBullrich/status/1478169277991514114?ref_src=twsrc%5Etfw">January 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Aunque es una realidad insoslayable el problema de acceso a la conectividad de millones de familias argentinas y su impacto en el acceso a la educación, sobre todo durante la pandemia, poco tiene que ver con las rimbombantes publicaciones a las que nos tiene acostumbrados la exministra de Seguridad. Por el contrario, mientras Bullrich la promotora de la mano dura daba rienda suelta a su malestar en Twitter, se preparaba el relanzamiento del programa Conectar Igualdad –desmantelado por el Gobierno de Mauricio Macri– que se realizó sólo una semana después.
Sin embargo, lejos de la ruidosa denuncia de Bullrich, ni la Resolución a la que hace alusión ni la mismísima nota de La Nación –de la que compartió una captura del título pero no el enlace– hablan de "1.000 millones de pesos para los presos que delinquen desde las cárceles".
De hecho, la nota publicada en el diario de los Mitre señala que "el objetivo de cambiar el tendido de fibra óptica de las cárceles federales tiene como finalidad continuar con las audiencias de forma virtual y, así, ahorrar el dinero y los recursos humanos que se destinan al traslado de los presos hacia los tribunales para presenciar las audiencias que los tienen como protagonistas" y añade que "también se busca mejorar el servicio de Internet en los sectores de los establecimientos penitenciarios donde los internos estudian y se capacitan".
La Resolución 2183/2001 del ENACOM también es clara al respecto y establece los objetivos de la inversión (entre ellos que no se frenen los procesos judiciales en la pandemia) que nada tienen que ver con los fantasmas que agitó Bullrich:
– Mejorar las condiciones de conectividad de los Establecimientos del SPF, para un mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones.
– Fortalecer la conectividad entre los distintos Establecimientos del SPF, en orden a la más eficiente e integrada actividad de sus componentes.
– Incrementar la calidad del universo de las diversas prestaciones que el SPF desarrolla -salud, educación, auxilio al Ministerio Público y al Poder Judicial de la Nación-, a través del equipamiento necesario para desplegar no sólo plataformas educativas y repositorios de contenidos audiovisuales, sino también, sistemas para el desarrollo de audiencias y demás medidas y/o requerimientos judiciales.
– Promover el acceso a los Servicios de TIC y favorecer los procesos de conectividad digital de los internos, conforme el desarrollo de sus actividades.
Cualquier ciudadano podría sospechar, legítimamente, de que no sería la primera vez que fondos destinados para un fin determinado se desvían hacia otros usos. Pero, eventualmente, estaríamos ante un ¡posible futuro caso de malversación de fondos! que no tiene nada que ver con los objetivos del proyecto y que tampoco puede juzgarse de antemano
“El objetivo de mejorar la conectividad no es que los presos utilicen la tecnología para delinquir. En el sector de los pabellones no habrá conexión de wifi. El servicio de Internet está limitado a las salas destinadas para las audiencias o en los lugares de estudio y capacitación”, sostuvo una fuente del Enacom que cita Página 12 en una publicación acerca del tema.
Pero, como es moneda corriente en las redes sociales, muy probablemente la mayoría de los seguidores de Bullrich no leyó la noticia La Nación ni la resolución que explica los objetivos del proyecto. Y pese a su afirmación falaz, no sólo cosechó 12.100 me gusta y que casi 6.000 personas compartieran su publicación sino que dio lugar a un proyecto legislativo en repudio a la inversión aprobada por el ENACOM.
Proyecto para tribuna (con la firma de Frigerio)
Inspirado en las revelaciones de la actual jefa del PRO, el diputado nacional por Santa Fe, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de declaración expresando su "repudio y rechazo" al programa “Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal” y solicita la derogación de la resolución 2183/2021, a la vez que reclama el Poder Ejecutivo "promover políticas publicas de mejoramiento de la conectividad del Sistema Educativo Nacional".
"Existiendo grandes deficiencias en la conectividad a Internet, tanto en los hogares particulares como en las escuelas de nuestro país, es urgente se tomen las medidas necesarias para de inmediato
garantizar el acceso ilimitado e indiscriminado al mismo, priorizando el acceso a la internet de todos los estudiantes de la Republica Argentina por sobre todos aquellos que conforman el Sistema Penitenciario Federal", reclama el proyecto de Chumpitaz.
El texto cuenta con la adhesión, como cofirmante, del flamante diputado entrerriano Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior del Gobierno de Mauricio Macri, en cuya gestión se desmanteló el programa Conectar Igualdad, que justamente consistía en la provisión de computadores e instalación infraestructura para mejorar la conectividad en las escuelas.
Mediante dicho programa, que fue relanzado hace dos semanas, se destinó en 2021, una partida de 20.000 millones de pesos para adquirir 633.000 computadoras que fueron entregadas a docentes y alumnos de escuelas públicas.
Publicado en Río Bravo el 31 de enero de 2022
