Esta semana se conoció la ratificación de la condena, por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, a los hermanos Etchevehere por maniobras financieras fraudulentas. En los hechos, la familia Etchevehere solicitó al Banco Itaú, desde sus establecimientos agrícolas Las Margaritas S.A., créditos por 250.000 dólares a tasa subsidiada por el Estado para financiaciones de exportación, y en lugar de ello, la utilizaron para usos personales de sus socios.
Los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, como también –en forma subsidiaria– la empresa Las Margaritas S.A., fueron sentenciados al pago de una multa de 500.000 dólares por los delitos de "falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera”.
Según estableció en su momento el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos otorgados tuvieron un destino distinto al que motivó su asignación y habrían sido utilizados para uso personal de los accionistas. La justicia pudo corroborar que “los involucrados tenían conocimiento de la maniobra que realizaron, lo que se demostró con lo asentado en las actas de directorio y en los libros contables”.
De esta manera, blanco sobre negro, queda expresa la falsedad de los verdaderos estafadores del fisco y de los productores. Nos hay que retroceder mucho en el tiempo para recordar la campaña mediática protagonizada por dirigentes de Juntos por el Cambio y ex funcionarios de la gestión Macri contra una supuesta ofensiva estatista del Estado nacional, agitando banderas con el caso Vicentín y luego con supuestas usurpaciones a la propiedad de los productores.
Los verdaderos delincuentes
Cuando en noviembre pasado los medios de comunicación hegemónicos, con el grupo Clarín a la cabeza, alertaban sobre los atentados estatistas sobre la propiedad privada, en todo el territorio nacional bullía lo que desde hace 30 años vienen siendo problemas cada vez mayores: el del acceso a una vivienda digna y el de la tierra para trabajar. Debe entenderse que la tierra es un bien para resolver vivienda y trabajo. Que además, frente al hacinamiento de los asentamientos y las villas y las dificultades o la imposibilidad de pagar los alquileres por la desocupación y los bajos salarios, la toma de tierra es la expresión desesperada de quienes buscan su subsistencia y bienestar.
Por entonces, en las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos ocurrían dos hechos, los más visualizados por los medios nacionales y regionales, que darían pie a las bravuconadas y las mentiras de los ricos y poderosos: Guernica y Casa Nueva. No obstante, en todo el territorio nacional, desde mediados del 2020, situaciones similares calentaban las páginas de los diferentes matutinos: el desalojo de 50 familias en el barrio La Esperanza, que padecieron la represión en Gral. Roca (Río Negro); la represión en el barrio Alto Comedero (Jujuy), por la ocupación de 150 hectáreas; el desalojo de mil familias en San Calixto (Salta); el desalojo de 60 familias de un campo de cinco hectáreas en Escobar (Buenos Aires).
Mientras tantos, las redes sociales, las noticias falsas, los trolls y la mensajería instantánea hacían lo suyo provocando, en ciertos sectores de la población, la preocupación por una supuesta invasión organizada de ocupas, alentada por el gobierno nacional y organizaciones sociales. Una especie de psicosis (la pérdida del contacto de la realidad) comenzaba a generar preocupaciones surrealistas.
Alentados por los logros en su campaña anti intervencionista en el caso Vicentín, los sectores reaccionarios de Cambiemos, frente al problema popular de la tierra y la vivienda, acometieron con la “defensa de la propiedad privada”. Fue entonces que mientras el diputado Ritondo, con otros dirigentes del PRO, se paseaba por la toma de Guernica agitando la necesidad de expulsar a los “intrusos”, Patricia Bullrich se aireaba por Santa Elena, en Entre Ríos, defendiendo el “honor” de los hermanos Etchevehere, propietarios de Casa Nueva.
Esta semana el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dejó a la vista que, al igual que Vicentín, los que infringen las leyes, los que defraudan, los que se apropian, los verdaderos delincuentes, los que en actos furtivos ocultos en la oscuridad que les ofrecen los medios de comunicación que responden a sus intereses y la runfla de amigos poderosos, son ellos, los más ricos, los que desde hace añares no han dejado de enriquecerse, pese al sufrimiento cada vez mayor del pueblo argentino.
Publicado en Río Bravo el 16 de mayo de 2021
