“Cada gremio verá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo”, amenazó Prat Gay y desnudó lo esencial: los trabajadores son la variable de ajuste. Con este chantaje, semejante al que expresara Cristina Fernández cuando exhortó a los obreros de Gestamp a que "cuiden las fuentes de trabajo", hacia fines de mayo de 2014, está expresada la intención del macrismo de frenar la inflación achicando el poder adquisitivo del salario.
Además de amenaza, es una trampa. Todavía no se hicieron paritarias en ningún sector y ya hay unos 186 mil desocupados nuevos en el país. Son en total, 6.082 obreros de empresas privadas y unos 180.568 empleados estatales que la política claramente antiobrera del macrismo ha dejado sin empleo.
Entre los despedidos de las empresas privadas, se cuentan unos cuantos que son víctimas directas de las políticas del kirchnerismo (unos 680 gracias a las quiebras fraudulentas de Donnelley y Worldcolor, los 3500 obreros de las dos plantas de Cresta Roja, entre otros). En algunos casos, como los 190 despedidos del grupo Techint en su planta de Siderca, hay amenazas de aumentar la cifra a 400 o hasta 600 obreros más de distintas plantas del monopolio, si es que no puede implementar el ajuste vía “acta de suspensiones” (que en los hechos significa mantener el cargo en manera precaria por 80% del salario). En el caso de la línea aérea Air France, los despedidos son un millar, pero la empresa amenaza llegar a 2.900, “si es necesario”.
Los más de 180 mil empleados estatales que pasaron a engrosar la lista de desocupados se distribuyen entre organismos del estado nacional, tanto como en reparticiones de los estados provinciales y hasta municipales (entre los municipios de Unquillo, Quilmes, La Plata y Campana, suman ya 5770 despedidos). La cifra es provisoria, hay relevamientos que hablan de unos 20 mil despidos sólo en el conurbano bonaerense. Para el macrismo en sus distintas variantes, todo empleado estatal es un “ñoqui” y con este estigma, cree tener las manos liberadas para continuar el ajuste: despidos en masa y después a revisar, sin dar ningún tipo de garantía de que se reincorporará a los despedidos injustamente. El Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, pretende revisar unos 24 mil contratos antes de abril de 2016. Falta agregar los 3.000 estatales santacruceños que el ajuste de Alicia Kirchner intenta dejar afuera.
Otra lógica que se ha mantenido sin variantes desde el menemismo hasta hoy es que el ajuste no pasa sin represión. En esto, tampoco ha sido lerdo el nuevo gobierno, lo demostró en La Plata y en Cresta Roja.
“Salario por estabilidad” es una falsa opción para los trabajadores, aún sin los despidos que ya se produjeron. El “pacto social” del macrismo no garantiza los puestos de trabajo ni siquiera con los sueldos de pobreza de 2015. Sólo es un nombre para embellecer el proceso que se viene dando: garantía para las enormes ganancias de bancos, monopolios y terratenientes (con la inflación, devaluación y quita de retenciones) y ajuste y represión para los trabajadores.
Decir que este “pacto social” va a fracasar no es hacer futurismo. La lucha en Siderca, en Cresta Roja, el paro nacional de ATE, los cortes de ruta de petroleros, estibadores y obreros de la construcción en Caleta Olivia; el reclamo de paro nacional de todas las centrales por parte de la asamblea de ayer en Agmer Paraná son claras muestras de la voluntad de los trabajadores para luchar contra el ajuste.
Publicado por Río Bravo el 12 de enero de 2016
