Sábado, 19 Diciembre 2020 18:00

Lesa humanidad: malestar por la lentitud y la limitada labor de la Justicia Federal

Escrito por Santiago Mac Yntyre

Si bien la condena al expolicía Carlos Carvallo generó satisfacción en su víctima, Manuel Ramat, y las organizaciones de derechos humanos, existe un fuerte malestar por la falta de labor investigativa de parte de la Justicia Federal y, en particular, del juez Leandro Ríos, ya que advierten que otros testigos y víctimas ubicaron a Carvallo en el mismo momento y lugar y, que de haber ampliado la investigación, no sólo podría haber sido condenado por otros delitos sino que podría haberse avanzado en el procesamiento de otros represores. Cuestionan que el trabajo fragmentado en la instrucción de las causas de lesa humanidad.

 

Este viernes, el expolicía Carlos Carvallo, que cumplía funciones en la Dirección de Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná fue condenado a 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, por ser hallado coautor de los delitos de "privación ilegal de la libertad y torturas", cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Aunque se sabe que en el centro clandestino de detención de El Brete estuvieron cautivos y fueron torturados otros detenidos que señalan lo señalan, Carvallo sólo fue investigado y condenado por delitos perpetrados contra el exdocente y militante peronista Manuel Ramat y tampoco se investigó la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza de seguridad.

Si bien la pena de 12 años, apenas superó lo que pedía el fiscal Carlos García Escalada (11 años) y quedó muy lejos de los 21 que pedían los abogados querellantes, las organizaciones de derechos humanos se mostraron conformes debido a que Carvallo fue condenado como coautor de los delitos que se le imputaron y su calificación como de lesa humanidad, en el marco del terrorismo de Estado y en el marco del genocidio perpetrado por la dictadura militar.

Sabor amargo

Pese a ello, más allá de la condena en particular, queda el sabor amargo entre las organizaciones que desde el retorno a la democracia y hasta el presente bregan por memoria, verdad y justicia, ya que consideran que el proceder de la justicia federal atenta contra esas premisas. Como en el caso de Ramat se limita la investigación a una víctima, a un testigo, cuando se podría haber instruido una causa única que investigue los distintos delitos y, por otro lado, no se avanza en investigar las responsabilidades y el accionar de la policía provincial, pese a que se trató de un centro clandestino de detención que funcionó en una comisaría y que, claramente, semejante dispositivo no pudo haber sido llevado adelante sólo por el condenado.

De hecho, referentes de organizaciones de derechos humanos de Paraná dijeron tener una visión "muy negativa" sobre la instrucción que hacen desde el juzgado de Paraná, justamente "porque la investigación es de un imputado, un testigo" y consideran que tanto la secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal y el juez Leandro Ríos "se están burlando del paso del tiempo y de la historia".

Una de las consultadas por Río Bravo, la militante de HIJOS Paraná, Clarisa Sobko, manifestó que el accionar del juzgado en cuestión "no tiene que ver con un proceso de justicia", dado que en megacausas se reducen las líneas investigativas a un imputado, cuando se trata de un aparato represivo.

"No podés llevar a un juicio de lesa humanidad a una sola persona al estrado porque investigaste a esa persona nada más y porque no quisiste reconocer que hay otros testigos que lo están situando en el mismo momento o que por las características que declaran esos testigos, ése imputado fue el que lo secuestró, fue el que lo torturó y no viendo solamente a un genocida sino poder armar un rompecabezas más amplio", señaló Sobko.

Este lento avance de la justicia a 40 años de los delitos investigados van generando agotamiento de los testigos, que son víctimas sobrevivientes que después de tantos años se han cansado de dar su testimonio, la mayoría están en los últimos años de su vida y tienen ganas de dar por cerrado el tema porque hay pruebas suficientes sobre quiénes fueron los que cometieron un delito sobre ellos, pero luego los vuelven a llamar ante la aparición de otros imputados que actuaban en el mismo momento y bajo las mismas circunstancias.

La pandemia hizo todo más complicado: los juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay no garantizaron las transmisiones en vivo de las audiencias; son los propios organizaciones de derechos humanos los que se encargan. "Estamos bastante cansados de esto y entendemos que les gusta hacer las cosas muy lentamente; muchas de las que dependen de la Causa Área Paraná son escritas, se llevan adelante con un código viejo del año 1880", cuestionan desde HIJOS.

Policía de Entre Ríos, una deuda pendiente y mucho por investigar

Como lo revela la propia causa El Brete, la investigación sobre el aparato represivo de la policía de Entre Ríos deja mucho que desear y así lo entienden los querellantes. Se ha hecho poco desde la Justicia y desde el propio Poder Ejecutivo con miras a saber a ciencia cierta cuál el despliegue policial en territorio entrerriano con respecto al terrorismo de Estado.

"El Estado provincial está muy lento, muy quieto con respecto a lesa humanidad y (hace falta) que ponga más al servicio del Registro Único de la Verdad, que Marcelo Boeykens es el coordinador pero que además es querellante y falta estructura del gobierno provincial ahí, que garantice el avance y continuidad en mejores condiciones", demandó la referente de HIJOS.

Publicado en Río Bravo el 19 de diciembre de 2020

Modificado por última vez en Domingo, 20 Diciembre 2020 01:04

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